El PP se apoya en “sospechas” para exigir la dimisión de Armengol y la acusa de “colaboradora necesaria” del ‘caso Koldo’

El PP ha arrancado la semana tratando de cobrarse una nueva pieza política del PSOE del máximo nivel, la de la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol. El partido reclama su dimisión como tercera autoridad del Estado, al acusarla de ser “colaboradora necesaria” de la trama corrupta del caso Koldo sobre la base de “dudas” y “sospechas”. El portavoz del Grupo Parla...

El PP ha arrancado la semana tratando de cobrarse una nueva pieza política del PSOE del máximo nivel, la de la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol. El partido reclama su dimisión como tercera autoridad del Estado, al acusarla de ser “colaboradora necesaria” de la trama corrupta del caso Koldo sobre la base de “dudas” y “sospechas”. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, ha registrado este lunes en el Congreso un escrito en el que exige el cese de Armengol como presidenta de la Cámara baja por la derivada del caso Koldo en Baleares. Después, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación, ha sustentado sus acusaciones contra la política socialista en conjeturas.

Miguel Tellado ha descrito a Francina Armengol como “colaboradora necesaria” de la trama corrupta, una expresión que remite a una figura con trascendencia penal, la de los cooperadores necesarios, que el Derecho Penal castiga como autores de un delito. Según el artículo 28 del Código Penal, son autores de un delito también “los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”.

El PP arremete así ahora contra Armengol porque durante su etapa como presidenta de Baleares, el Gobierno que ella presidía y en plena pandemia de la covid (2020), compró 1,4 millones de mascarillas a la trama, de las que investigó su calidad y comprobó que era inferior a la comprometida. El PP pone el foco ahí en que la expresidenta balear tardó casi tres años en pedir la devolución de 2,6 millones de euros de ese contrato. La empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, asesor principal del entonces ministro José Luis Ábalos, litiga desde hace 11 meses con el Gobierno de Baleares —ahora en manos del PP— por el supuesto incumplimiento en la venta de esas mascarillas con calidad inferior a la comprometida. La investigación no ha conseguido acreditar, de momento, si alguien de la trama contactó con dirigentes del PP. Tampoco se ha demostrado aún que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, salpicado por la trama corrupta en la que está imputado su antiguo asesor, Koldo García, haya mediado para que se retirase la reclamación. Ni tampoco existen pruebas en el sumario de que se pagaran comisiones ilegales a dirigentes políticos o a funcionarios de la Administración balear.

El portavoz parlamentario del PP ha lanzado una acusación delictiva contra la presidenta socialista del Congreso, fundamentándola en conjeturas y suposiciones, como él mismo ha reconocido en su comparecencia ante los periodistas, en la que ha utilizado las expresiones de “dudas” y “sospechas”. “Los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté bajo la sombra de la duda”, ha afirmado Tellado en la Cámara baja, antes de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de sostener políticamente “a una persona marcada por la sospecha”.

El portavoz del PP en el Congreso ha manifestado también que el rechazo del PP a Armengol como presidenta del Parlamento es anterior al caso Koldo: “Armengol nunca debió ser nombrada, nunca fue apta para el puesto que ocupa. Y nunca estuvo a la altura del encargo. Pero hoy, con todo lo que sabemos, está haciendo un enorme daño a esta institución y cada día que pasa su presencia devalúa el prestigio del Congreso de los Diputados”.

Tellado ha subrayado que “el Gobierno de Baleares está siendo investigado por la justicia por comprar mascarillas por un proceso administrativo plagado de irregularidades”. Y ha rematado: “Pagó mascarillas que eran inservibles sabiendo que eran una estafa. Acabó costeando los Ferrari de los implicados de la trama”.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha salido en defensa de Armengol descalificando las críticas de la oposición como “barbaridades”. “La petición del PP no tiene ningún fundamento ni se basa en ningún artículo constitucional ni en ningún artículo del reglamento del propio Congreso de los Diputados. En momentos de elucubraciones y de barbaridades hay que ceñirnos a la realidad”, ha defendido. “El PSOE no está pidiendo explicaciones a nadie que no aparezca en el sumario de la causa o en otros documentos vinculados a la misma”, ha añadido, en referencia a Tellado, al que Koldo García se refiere en una de las conversaciones intervenidas en la investigación de la presunta trama corrupta. Fuentes socialistas añaden que “en Baleares no se ha detenido ni imputado a nadie, no se investiga a nadie, no se imputa ningún delito a nadie, no se acusa a nadie del Gobierno de robar dinero, pero al PP y a su brazo mediático les da igual eso. Lo llamativo es que precisamente si en Baleares se investiga a alguien, es al PP”.

Los socialistas argumentan también que “el Gobierno de Baleares fue en todo caso perjudicado por la trama; nunca parte de ella, por mucho que el PP siga sacando de contexto documentos administrativos de un expediente que la Intervención y la propia justicia dan por válido y completamente legal”. Las fuentes socialistas inciden en que “el Gobierno de Baleares tan solo compró mascarillas de un cargamento que llegaba para el ministerio y lo hizo con toda la base jurídica de los contratos de emergencia y a precio de mercado (lo cual impedía sospechar ninguna trama de corrupción detrás)”. “Lo único que investiga el juez en lo que se conoce como la ‘rama balear’ es al Gobierno actual del PP porque sospecha que la empresa lo presionó y consiguió hacer caducar la reclamación iniciada en marzo por el gobierno de Armengol”, remachan.

Los argumentos del entonces Govern balear del PSOE y del entorno de Armengol inciden en que las mascarillas encargadas y contratadas a la empresa de la trama no fueron “ni un fraude ni una estafa, ni eran totalmente inservibles”. Y recalcan que ahora el PP está intentando mezclar todo para sembrar sospechas y dudas sobre una cuestión que califican como técnica. En ese sentido, las mismas fuentes señalan que aquel gobierno balear reclamó parte del dinero entregado porque sus propios servicios de salud examinaron en un laboratorio y cuestionaron la calidad de las mascarillas compradas, que eran KN95, inferiores en su capacidad de filtración a las FFP2. De hecho, esa reclamación no es sobre el total de la contratación, sino sobre la diferencia de precio entre esos dos tipos de mascarillas. Y sobre la tardanza en presentar la reclamación (casi tres años, porque el procedimiento se inició en marzo de 2023, al final de la legislatura y a tres meses de unas elecciones) se explica que los servicios administrativos tenían primero otras preferencias con la pandemia y luego se retrasaron todos los trámites por el teletrabajo.

Pero el PP ha seguido presionando durante la mañana para exigir responsabilidades políticas a Armengol, aunque en una comparecencia en la sede del PP en la calle Génova, el portavoz del partido, Borja Sémper, ha admitido la posibilidad de que la presidenta del Congreso haya sido una “víctima” de la trama. En todo caso ha insistido en que debería dimitir. “En cualquiera de las circunstancias, sea cómplice o sea víctima, la señora Armengol actualmente ostenta la tercera autoridad del Estado. Ostenta la más alta representación parlamentaria de este país. Y las altas responsabilidades y su ejercicio nos exigen a los políticos un compromiso reforzado con la dignidad en el ejercicio de la responsabilidad política”, ha reflexionado el portavoz.

A su lado, la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz, ha mantenido unos minutos después una versión diferente, rechazando que pueda considerarse a la presidenta del Congreso como una víctima del caso. Muñoz se ha manifestado así al responder a la pregunta de por qué el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el popular José Luis Martínez-Almeida, no reclamó los siete millones de euros que estafaron al Consistorio en mascarillas los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Almeida se declaró entonces como una víctima de esa otra trama corrupta que se lucró durante la pandemia. “Yo desconozco este asunto del Ayuntamiento y quien mejor puede responder es el alcalde de Madrid. Pero es que la presidenta Armengol es la tercera autoridad del Estado. Es que la información que estamos conociendo no es que ella fuera víctima de una estafa, es que ella conocía lo que pasaba con esas mascarillas y a pesar de eso cambió los pliegos para que los pagasen con fondos europeos y emitió un sello de calidad para que otras administraciones contratasen con la trama. Es que no tiene absolutamente nada que ver”, ha justificado Esther Muñoz. La vicesecretaria popular ha defendido, además, que el caso Koldo es “probablemente el mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González”.

La presidenta del Congreso, en paralelo, ha anulado una comparecencia que tenía prevista para este lunes a las nueve de la mañana en la inauguración XI Foro de Economía, del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá, para la que había confirmado su asistencia el viernes. La secretaria de la Mesa, la socialista Isaura Leal, que es quien ha acudido al acto, ha pedido disculpas por la ausencia de Armengol por motivos de agenda y ha confirmado que la presidenta de las Cortes tenía la intención de acudir. Luego, a las 12.00, sí ha asistido, pero sin hacer ninguna declaración, a la visita institucional del presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Henry Fabián Kronfle Kozhaya, al Congreso. Fuentes parlamentarias de su entorno apuntan que Armengol está estudiando acciones legales en su defensa ante algunas acusaciones recibidas en estos días.