Baleares renuncia a los fondos europeos con los que el Gobierno de Armengol pagó a la empresa del ‘caso Koldo’

El vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de Baleares, Antoni Costa, del PP, ha anunciado este miércoles que su departamento ha iniciado un expediente de “descertificación de gasto” en relación al contrato de compra de mascarillas firmado en la legislatura pasada por el anterior Ejecutivo con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en el caso Koldo. Esa “descertificación” no implica devolver automáticamente a la Unión Europea los fondos con ...

El vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de Baleares, Antoni Costa, del PP, ha anunciado este miércoles que su departamento ha iniciado un expediente de “descertificación de gasto” en relación al contrato de compra de mascarillas firmado en la legislatura pasada por el anterior Ejecutivo con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en el caso Koldo. Esa “descertificación” no implica devolver automáticamente a la Unión Europea los fondos con los que Bruselas financió esa compra —3,7 millones de euros—, pero sí hará que el dinero se descuente de futuros pagos; es decir, en la práctica supone renunciar a esos fondos europeos. El actual Gobierno, presidido por la popular Marga Prohens, acusa al anterior, que presidía la socialista Francina Armengol, de ocultar a Bruselas que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión no cumplían con las exigencias de calidad requeridas.

“Un hecho como este pone en riesgo de parálisis [la percepción de fondos europeos] Feder futuros. Aunque hemos actuado de forma inmediata, hay riesgo de pérdida de fondos de cara al futuro. No hablaré de cuantías, pero sin duda eso no es baladí” ha dicho Costa. El Gobierno balear ha solicitado su personación en el caso Koldo abierto en la Audiencia Nacional —que investiga el supuesto pago de comisiones ilegales en la contraventa de mascarillas en dos ministerios y dos comunidades autónomas— y pretende reclamar la totalidad del dinero pagado a la empresa en esa compra de mascarillas.

El Gobierno de Armengol —hoy presidenta del Congreso de los Diputados— compró a la empresa Soluciones de Gestión en abril de 2020 casi un millón y medio de mascarillas FFP2, por valor de 3,7 millones de euros, para destinarlas al personal sanitario; pero las mascarillas que llegaron resultaron ser de tipo quirúrgico (con menos nivel de protección) y tuvieron que ser almacenadas para destinarlas a un posible uso civil. Tres años después, el equipo de Armengol reclamó a la empresa 2,6 millones por ese incumplimiento. El PP sostiene que esa reclamación sólo llegó cuando el PSOE perdió las elecciones autonómicas de 2023 y se vio fuera del Gobierno —los socialistas lo niegan, alegando que hicieron un apercibimiento a la empresa antes de los comicios—. Y el actual Ejecutivo de Prohens remarca también que Armengol ocultó a Bruselas que las mascarillas eran defectuosas.

Según la cronología que este miércoles ha desgranado el vicepresidente Antoni Costa, el pedido de material fue realizado por el Servicio Balear de Salud el 25 de abril de 2020, cuando el representante de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, dirigió un correo electrónico al entonces director de gestión y presupuestos del Servicio de Salud para informarle de que había un avión que iba a llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas con un cargamento de mascarillas, de las que una parte podían ir a Baleares. El Gobierno de Armengol adquirió así 1,4 millones de mascarillas por un coste de 3,7 millones de euros. El 22 de mayo de 2020 se enviaron muestras de estas mascarillas al Centro Nacional de Medios de Protección, el ente encargado de verificar la utilidad y validez del material. Dos semanas después, el 8 de junio, ese organismo emitió un informe en el que concluía que las mascarillas no cumplían con el nivel de protección FFP2 y no podían ser destinadas a uso sanitario.

Un mes más tarde, siempre según el relato de Costa, el Servicio Balear de Salud trasladó por correo electrónico a la dirección general de Fondos Europeos del Gobierno autonómico una veintena de expedientes tramitados por procedimiento de emergencia para que se valorase la posibilidad de que fueran financiados con fondos Feder. El 20 de noviembre de 2020, la Dirección General de Fondos Europeos verificó el pago y determinó que el gasto de 3,7 millones de euros de las mascarillas era elegible en su totalidad para ser financiado con fondos europeos. El consejero ha señalado en este punto que en el expediente figuraban el albarán de recepción de las mascarillas y la factura, pero no los resultados de los análisis “que habrían imposibilitado contemplar el gasto como elegible”. “No figura en el expediente el resultado, [por tanto] no se puede verificar desde la dirección general de Fondos Europeos que estas mascarillas eran defectuosas”, ha subrayado.

Mascarillas en el almacén

En diciembre de 2020, el Servicio Balear de Salud solicitó la financiación de este gasto y el día 20 de ese mes Bruselas certificó que la compra se había ejecutado y el material había sido recibido, por lo que se aprobó el pago de los 3,7 millones. Costa ha explicado que, entre abril y junio de 2021, técnicos de Fondos Europeos visitaron el almacén en el que se encontraban guardadas las mascarillas para constatar su existencia. No se les informó tampoco entonces, ha asegurado, de que existía un informe que rechazaba el uso de estas mascarillas para el personal sanitario porque no contaba con el nivel de protección suficiente.

El PP acusa al anterior Gobierno de no reclamar el dinero a la empresa hasta tres años después de constatarse el incumplimiento. Los socialistas, por su parte, sostienen que el Ejecutivo de Prohens ha dejado caducar ese procedimiento de reclamación sin llevarlo a término, porque una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de enero redujo los plazos en estos procesos a los seis meses. El PP lo niega: “El expediente se inicia el 24 de agosto y, según la Ley de Contratos, la duración para este tipo de procedimientos es de ocho meses”, ha dicho el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, quien ha insistido en que el expediente “no ha caducado”.