Junts fuerza la primera derrota en el Congreso de la ley de amnistía y alarga la negociación tras el rechazo del Gobierno a más enmiendas

Después de 45 años de vigencia de la Constitución en esta etapa democrática, en el Congreso de los Diputados siguen sucediéndose situaciones inéditas, sin precedentes, que los expertos aún tienen que interpretar. Es lo que ocurrió este martes en el esperado pleno para debatir y aprobar la ley de amnistía impulsada por el PSOE y sus socios para beneficiar a los líderes condenados y encausados por el proceso independentista en Cataluña por exigencia de los partidos separatistas catalanes, Junts y ERC. Junts volvió a estirar la tensión de esta compleja negociación al votar primero afirmativamente...

Después de 45 años de vigencia de la Constitución en esta etapa democrática, en el Congreso de los Diputados siguen sucediéndose situaciones inéditas, sin precedentes, que los expertos aún tienen que interpretar. Es lo que ocurrió este martes en el esperado pleno para debatir y aprobar la ley de amnistía impulsada por el PSOE y sus socios para beneficiar a los líderes condenados y encausados por el proceso independentista en Cataluña por exigencia de los partidos separatistas catalanes, Junts y ERC. Junts volvió a estirar la tensión de esta compleja negociación al votar primero afirmativamente al dictamen de esa ley, que ya había aprobado la semana pasada con los demás aliados del Ejecutivo en la comisión de Justicia, pero luego votó en contra con el PP y la ultraderecha de Vox de validar el conjunto del proyecto, porque aún quiere prolongar más la negociación. “Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos”, avisó Miriam Nogueras, la portavoz de la formación de Carles Puigdemont. Esa determinación de Junts, que pedía la aprobación de sus enmiendas a cambio de su voto a favor del texto final y a las que el PSOE no accedió, provocó esta primera y dolorosa derrota del proyecto del Gobierno en el inicio de una legislatura parlamentaria cada vez más incierta. El dictamen de la ley regresa así a la comisión de Justicia, donde los partidos tendrán que decidir en 15 días si retocan ese dictamen o si negocian correcciones en las enmiendas que se consideran vivas en ese foro.

El proyecto más emblemático de esta XV legislatura que no acaba de coger vuelo político fue ralentizado así en esa primera sesión en pleno del Congreso. El PSOE y Sumar en el Gobierno congregaron al final 171 votos a favor de ese texto (los siete de ERC, los seis de EH Bildu, los cinco del PNV, los cuatro de Podemos y el del BNG), que el 13 de noviembre pasado registraron en solitario los socialistas. La derecha parlamentaria agregó 179 en contra, ocho rechazos más, al añadir a los 135 diputados del PP los 33 de Vox, el de Unión del Pueblo Navarro, la de Coalición Canaria y los siete parlamentarios de Junts.

Los socialistas en el gobierno mantuvieron abiertos los contactos con Junts hasta el final, hasta el punto de que durante el propio debate en pleno algunos de los negociadores se ausentaron del hemiciclo, como hizo en algún momento también el líder de ERC, Oriol Junqueras, presente en la tribuna de invitados y posible beneficiado de la amnistía, la portavoz de Junts, el ministro de Justicia, Félix Bolaños o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Todos esos intentos fueron en vano. Bolaños declaró, al finalizar la sesión, que no entendía la postura de Junts —que sí había refrendado el texto en cuestión cuatro veces con anterioridad—, valoró el contenido de la ley como “impecable, sólido y plenamente constitucional” y añadió: “Es incomprensible que Junts vote en contra de una ley que ha pactado”.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, con conexión directa con el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española y residente en Bruselas, se expresó como siempre de forma contundente. Junts, recalcó Nogueras, “quiere una amnistía integral que no deje a nadie atrás, a nadie fuera”. La dirigente separatista descalificó en media docena de ocasiones a la justicia española, y en concreto a la cúpula judicial, como “prevaricadora” y rechazó lo que tildó de pretensión del PSOE de aplicar una “amnistía selectiva” cuando entiende que los máximos responsables judiciales del Estado toman medidas “arbitrarias” y “se sacan delitos del bolsillo” para “hacer política” y “perseguir” de esa manera a los mandatarios catalanes independentistas.

Miriam Nogueras sostuvo así que el PSOE “se deja arrastrar” por esa “agenda política judicial” y les situó en el mismo plano que el PP como partidos que no quieren “romper el franquismo instalado en muchas instituciones del Estado”. La portavoz de Junts culpó al PSOE de no aceptar más enmiendas al texto de la ley que pactaron la semana pasada, y que ya ampliaba los posibles beneficiados de la amnistía a todos los delitos menos a los de terrorismo contra los derechos humanos o las torturas, porque señaló que los socialistas les habían trasladado que la norma podría ser impugnada en un año por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La diputada no avanzó explícitamente en esa primera intervención la posición de voto de Junts, pero dejó en el hemiciclo la evidencia de que no sería afirmativo.

Los demás partidos aliados de investidura de Pedro Sánchez, que tomó posesión del cargo hace apenas 75 días, cumplieron con lo previsto. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, que fue el primero en hablar y marcó la pauta para los demás. Los socios del Ejecutivo respaldan la amnistía porque creen que esa decisión política podría “coadyuvar al interés general de la concordia y a gestionar una crisis política e institucional de otra manera que por la vía judicial”, en alusión a cómo afrontó el reto separatista en 2017 el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Fue la tesis que repitieron la portavoz de ERC, Pilar Valluguera, Néstor Rego, del BNG, Martina Valverde, de Podemos, Jon Iñarritu, de EH Bildu, y Gerardo Pisarello, de Sumar.

Pilar Valluguera aprovechó, como siempre suelen hacer ahora los representantes de ERC, para lanzar un dardo en clave electoral interna a Junts al advertir de que se debería aprovechar esta oportunidad de sacar adelante una norma que podría beneficiar a 1.500 catalanes y sí consideró la norma suficiente y robusta y negó de manera enfática que en Cataluña, en aquellos años, se produjera ningún acto terrorista.

El PP retiró justo antes del pleno la vigencia de sus 22 enmiendas para alterar el orden de intervención de su líder, que aprovechó la ocasión para ejercer como representante de la fuerza más votada en último lugar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no entró en el hemiciclo hasta después del debate, ya cuando se paró el pleno para registrar al final las votaciones. Feijóo resumió su oposición nada más empezar a hablar: “La ley es un pago, un desembolso del PSOE que recibe el independentismo con el único fin de que Pedro Sánchez siga en el poder”. Luego repitió el argumentario popular sobre la humillación y la indignidad diaria a la que Sánchez ha sometido al PSOE. Y no dejó pasar la ocasión para arremeter con dureza contra algunos de sus socios, muy particularmente contra el PNV y Junts.

Vox ataca al PP

Santiago Abascal, el líder de Vox, atacó la ley como “traición de Sánchez”, “corrupción política” y “demolición del Estado de Derecho”, pero dedicó un buen espacio para demonizar el estilo de “oposición a tiempo parcial, de los domingos pero no de los lunes” del PP de Feijóo.

Tras la votación se desató una profusión de corrillos con versiones diferentes sobre los siguientes pasos que tendrían que darse con la ley a partir de mañana porque los expertos consultados no tenían precedentes en los que basarse. El proyecto de ley no se aprobó, pero sí su dictamen. Ese texto es el que volverá de partida a la comisión de Justicia del Congreso, que lo ratificó la semana pasada. La comisión podría asumirlo en su totalidad o cambiarlo, con la discusión de las enmiendas vivas que llegaron a esa sesión y que ahora podrían modificarse si lo acuerda una mayoría. El artículo 131 del Reglamento del Congreso fija un plazo de un mes para resolver este escollo, pero podría ser menor y reducirse a 15 días si se tiene en cuenta que en su día se aprobó la tramitación de esa norma por la vía de urgencia.