El cabecilla de la presunta estafa inmobiliaria en la costa mediterránea ya engañó a un familiar en 2011

Francisco Manuel Torres González, administrador único de CJDE FAM 2016 SL, empresa tras la marca comercial Grupo 21 que ha dejado en la estacada a entre 800 y 1.000 familias a las que cobró la reserva de otras tantas viviendas de las que meses y años después aún no se ha puesto el primer ladrillo, tiene al menos un antecedente en el que ya cobró una importante cantidad de dinero a cambio de aire.

Torres González se ha e...

Francisco Manuel Torres González, administrador único de CJDE FAM 2016 SL, empresa tras la marca comercial Grupo 21 que ha dejado en la estacada a entre 800 y 1.000 familias a las que cobró la reserva de otras tantas viviendas de las que meses y años después aún no se ha puesto el primer ladrillo, tiene al menos un antecedente en el que ya cobró una importante cantidad de dinero a cambio de aire.

Torres González se ha especializado en vender cosas que no existen... ni existirán. Y tampoco parece tener escrúpulos según la cercanía o lejanía con el comprador. Este hombre, ahora en paradero desconocido y nacido hace 42 años en Huelva, ofreció en octubre de 2011 a un primo con el que tenía una relación muy cercana participar en una empresa que creó semanas después para, con ella, gestionar conjuntamente un aparcamiento. El estacionamiento, como los pisos ahora, nunca existió o, al menos, nunca hubo nada parecido a tener la intención o la posibilidad de gestionarlo realmente.

En aquel otoño de 2011, Torres González pidió a Mario Morales, su primo, varios adelantos para constituir la empresa. Este fue ingresando, cuenta a EL PAÍS, “primero, 10.000, luego 20.000 y luego otros 20.000. Así hasta 50.000 euros”. Al menos uno de los ingresos a los que ha tenido acceso este diario fue hecho en la cuenta corriente de otra de las empresas de Torres, ya que la nueva empresa conjunta, Isla Saltes de Inversiones y Promociones S. L., con sede social en Huelva, no estaba aún creada.

Esos 50.000 euros suponían, según el contrato firmado entre ambos, el 5% de la empresa. Torres González hizo una valoración del proyecto por todo lo alto y a su antojo: si la aportación del familiar era el 5%, la empresa recién creada y sin ninguna operación en sus archivos nacía con un presunto capital social de un millón de euros. El acuerdo obligaba a Morales a tener un mínimo de ese 5% y un máximo del 15%. Afortunadamente, el familiar nunca aumentó la inversión. Bien es cierto, también, que su aportación fue la única a la empresa. Torres González nunca puso los 950.000 euros que completaban el 100% del capital social.

“Es como un encantador de serpientes”

Los 50.000 euros de inversión tendrían como contrapartida para Morales, según contrato, una remuneración mensual de 2.000 euros que ascendería “a la cantidad de 480.000 euros en 240 cuotas”. En definitiva, en dos años y un mes la inversión estaría recuperada y, a partir de ahí, 38 años de una buena renta garantizada… supuestamente. Como comentaba a este diario uno de los propietarios de los terrenos de la presunta y masiva estafa inmobiliaria de la costa de Murcia, Almería y Granada, “este hombre se podía comprometer a pagar cualquier cosa que pidiera la otra parte porque, al fin y al cabo, nunca pensaba cumplir”.

Morales cuenta ahora, más de una década después, que se dio cuenta de que aquello era humo y que no había ningún aparcamiento que gestionar porque “transcurrían los meses y no había ningún tipo de ingreso”. Además, “cada vez era más complicado hablar con él. Siempre estaba fuera, en reuniones, etc.” Por otro lado, Morales justifica su inversión en que era un familiar y no había motivos para no creerlo. “Es como un encantador de serpientes. Es mi primo, así que no tenía mérito ninguno el engaño. Además, por entonces teníamos una gran amistad”, afirma Morales, quien añade con amargor: “Le di todo mi dinero y de algún familiar”.

En 2015, finalmente, Morales ―residente en Extremadura― se hartó de esperar y puso el caso en manos de Jesús Barroso, un abogado de Plasencia (Cáceres). Barroso cuenta que estudió el caso y que entendió que ir por lo penal y acusarlo de estafa alargaría el proceso innecesariamente y no conseguirían nada que no lograran por la vía que eligieron finalmente, la de un procedimiento ordinario de reclamación de cantidad.

En la práctica, intentar recuperar el dinero perdido y dejar atrás el asunto lo antes posible. “Pedimos el reintegro de lo que había abonado mi cliente y solicitamos la rescisión del contrato de incorporación a la empresa”, explica el letrado. En verano de 2016, el Boletín Oficial del Estado publicó un edicto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Huelva que estudió el caso sin la presencia e intervención de Francisco Manuel Torres González, que nunca se personó y fue declarado “en situación procesal de rebeldía”. El juez estimó la demanda y obligó al rebelde a abonar a Mario Morales sus 50.000 euros que, a día de hoy, aún no ha devuelto, según confirma este.

El abogado cuenta que valoraron la posibilidad de recuperar el dinero a través del embargo de algunas de las numerosas empresas de las que Torres González era administrador. De hecho, a Torres González no le faltan mercantiles a su nombre. En enero de 2024, según la información mercantil disponible, Torres González aparece como administrador único en al menos 14 empresas.

En la época en la que vivía en Huelva, al menos hasta 2012, estaba involucrado en empresas dedicadas a la hostelería, a la zapatería y textiles y a la construcción, entre otros ámbitos. Sin embargo, confirma el letrado, la suma del valor de las empresas era prácticamente nula: “Desistimos de embargar ninguna participación en sus negocios porque el valor de todo aquello era cero”.

Una de esas 14 empresas es CJDE FAM 2016 S. L. o, lo que es casi lo mismo, Grupo 21. Bajo ese nombre, Torres González ha comercializado entre julio de 2021 y junio de 2023 alrededor de 1.000 viviendas en 18 promociones situadas en el municipio murciano de Águilas (dos), Almería (cinco), las localidades almerienses de El Toyo (una), Roquetas de Mar (seis) y Aguadulce (tres) y el municipio granadino de Almuñécar (una).

Cada comprador ha pagado una cantidad diferente, en una horquilla que va entre los 12.000 y los 55.000 euros, lo que eleva el monto de la presunta estafa a entre 15 y 20 millones al menos. Grupo 21 no es propietaria de ninguno de los suelos sobre los que anunciaba promociones, y solo una de ellas, Sabinar 183, de 23 viviendas, está algo avanzada en su construcción.

EL PAÍS ha preguntado a uno de los dos propietarios del terreno de esta urbanización anteriores a Grupo 21 si el negocio le había ido bien con Grupo 21. “Conmigo está todo perfecto”, ha afirmado el anterior dueño, que no ha querido identificarse ni hacer más comentarios. A falta de que las diversas querellas ya presentadas sean admitidas a trámite, EL PAÍS ha podido confirmar que las fuerzas de seguridad ya están investigando el caso y a Torres González desde hace algunas semanas.

CJDE FAM 2016 S. L. tiene oficialmente su sede social en una vivienda de Córdoba capital que, en tiempos perteneció a la madre de Francisco Manuel Torres González, según explica Francisco Javier Ortega Pardo, de LEXforma abogados, que defiende los intereses de algunos de los afectados por esta presunta estafa. “Hoy en día es de una familia particular que adquirió la finca en una ejecución de subasta”. Según Ortega Pardo, algunas de las actuaciones conflictivas del hijo Francisco Manuel está detrás de esa subasta. “Y que siga como sede social de la empresa tiene muy preocupados a los nuevos propietarios, que temen que alguien se presente allí en busca de Torres González y ocurra algo desagradable”.