El PSOE y el PP registran la reforma sobre los discapacitados e intentarán que sea aprobada a mediados de enero

Los grupos parlamentarios del PSOE y el PP han registrado en la tarde de este viernes en el Congreso de los Diputados la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución, para eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”, en cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado día 22 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Albe...

Los grupos parlamentarios del PSOE y el PP han registrado en la tarde de este viernes en el Congreso de los Diputados la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución, para eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”, en cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado día 22 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el texto registrado se solicita que la reforma se tramite por el procedimiento de urgencia y lectura única, para que sea aprobada definitivamente en enero de 2024, es decir, en menos de un mes. El objetivo ahora es concitar el máximo consenso etre los grupos parlamentarios y si es posible la unanimidad, y que el nuevo texto sea refrendado en pleno entre el 16 y el 18 de enero. El acuerdo ha sido cerrado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general y número dos del PP, Cuca Gamarra, tras varios días de intensos contactos.

El texto de esta tercera reforma puntual de la Constitución —las anteriores fueron en 1992, para reconocer el derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios, y en 2011, para imponer un corsé al gasto público— incluye, además de la exposición de motivos para justificar su necesidad, un artículo único con dos puntos, como adelantó EL PAÍS. El primero de ellos quedará así redactado: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”. El segundo punto reza: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

El proyecto, que las asociaciones de afectados llevaban reclamando desde hace 20 años al considerar “indigna y desfasada” la palabra “disminuidos”, ha sido pactada por el Gobierno, el PSOE y el PP con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Las asociaciones calculan que en España hay ahora alrededor de 4,5 millones de personas con alguna discapacidad.

Socialistas y populares han incluido en el acuerdo un calendario para tramitar esta reforma constitucional con la máxima urgencia, en lectura directa y única, con la pretensión de que sea aprobada su toma en consideración ya el mes que viene, en un pleno monográfico en el Congreso que según fuentes parlamentarias podría convocarse entre los días 16 y 18 de enero. La primera sesión permitiría abrir un plazo de 48 horas formal para presentación de enmiendas y la segunda aprobaría definitivamente la reforma, para enviarla después al Senado y acto seguido publicarla en el Boletín Oficial del Estado.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dieron el impulso definitivo al acuerdo —un acercamiento inusual en el actual clima de permanente confrontación política— en su reunión de la semana pasada. Antes, en abril, habían llegado a cerrar un pacto muy similar, que decayó ante la proximidad de las dos campañas electorales de mayo y julio. El PP justificó entonces su frenazo a esta iniciativa en que no se fiaba de que algunos socios del Ejecutivo, sobre todo los partidos independentistas, no aprovecharan para abrir el melón de otros cambios constitucionales. Una idea que volvió a sobrevolar ahora, cuando los populares alertaron de que Sumar podría proporcionar sus escaños para unirse a otros grupos e incluir otras propuestas de reformas constitucionales o reclamar incluso un referéndum de ratificación.

Sumar negó esa pretensión y de hecho el nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de esa formación, así se lo aclaró a los representantes de los colectivos afectados, a los que prometió su apoyo sin fisuras. Lo que sí ha reclamado Bustinduy es que el pacto labrado entre PP y PSOE se extienda a todos los grupos parlamentarios desde la presentación y el registro de la propuesta, algo que finalmente no ha sucedido pero que ahora se persigue para el momento de su debate en el pleno. El mayor problema para alcanzar la unanimidad está en Vox, que no está en contra de la sustitución del término “disminuidos” pero no se fía ni del PSOE y sus aliados, ni tampoco ya del PP, y que podría plantear enmiendas como hizo en su momento ante el anterior acuerdo.