Bolaños llamó a Marchena, Llarena y Lesmes tras las críticas de Junts para asegurar que el Gobierno defenderá la independencia judicial

Detrás de la aparente guerra entre el Gobierno y un sector importante de la justicia hay trabajo político para intentar pacificar la situación. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llamó este miércoles de forma discreta a tres jueces muy relevantes vinculados a procesos contra los independentistas: ...

Detrás de la aparente guerra entre el Gobierno y un sector importante de la justicia hay trabajo político para intentar pacificar la situación. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llamó este miércoles de forma discreta a tres jueces muy relevantes vinculados a procesos contra los independentistas: Manuel Marchena, presidente de la Sala de Lo Penal del Supremo y, por tanto, del juicio del procés; Pablo Llarena, instructor de la causa del procés; y Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial. Las llamadas tuvieron lugar después de que los tres fueran citados expresamente el martes en la tribuna del Congreso con palabras muy duras por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Nogueras había llamado “indecentes” a Marchena, Llarena y Lesmes y llegó a decir que “en un país normalizado estos personajes [refiriéndose a los jueces] serían cesados y juzgados”. Estas declaraciones indignaron al mundo judicial. La andanada fue rematada por el senador de Junts Josep Lluís Cleries, que acusó a los jueces de emprender una batalla política para “intentar torpedear” la ley de amnistía. Al día siguiente llegó la llamada del ministro.

Bolaños llamó a los tres jueces, según fuentes judiciales, para explicarles que el Gobierno, y él en particular como ministro de Justicia, no solo no comparte esas palabras de Junts, sino que en todo momento defenderá la independencia de los jueces y trabajará para que nadie interfiera en ese principio básico constitucional. Desde que fue nombrado ministro de Justicia, Bolaños está intentando recomponer la relación con este mundo, que está muy enfrentado al Gobierno, al menos un sector importante, el conservador —baste el detalle que la Asociación Profesional de la Magistratura, la más relevante de la profesión y claramente conservadora, no acudió ni siquiera a la toma de posesión del ministro— a través de contactos personales con todos los estamentos judiciales o incluso con jueces individuales, como hizo este miércoles con estas tres llamadas. Consultado por EL PAÍS, el Ministerio de Justicia no confirma ningún extremo de estas llamadas de Bolaños, que sí detallan las fuentes judiciales.

En cualquier caso, es un movimiento coherente con los pasos que está dando el ministro desde que fue elegido por Pedro Sánchez para este puesto decisivo, en una legislatura en la que la justicia, con la ley de amnistía como elemento central de la batalla política, será uno de los sectores clave. De hecho, algunos miembros del Gobierno creen que la oposición que más daño hace al Ejecutivo no es la del PP, sino la de algunos sectores judiciales. Bolaños tiene un encargo claro de buscar complicidades y sobre todo explicar al mundo judicial que el Gobierno cree firmemente en la división de poderes y en el respeto a la independencia judicial y tranquilizarles sobre las consecuencias reales del pacto con Junts en el que se incluyó la palabra lawfare (persecución judicial por motivos políticos), algo criticado por todas las asociaciones.

Y eso es lo que, según estas fuentes, les transmitió a los jueces el ministro, que, por otra parte, ya lo había dicho públicamente. Eso sí, en sus intervenciones de estos días Bolaños ha colocado al mismo nivel a los independentistas y al PP, porque cree que ambos critican a la justicia por igual. El ministro usó este jueves una intervención del senador del PP José Antonio Monago, para situarle con los independentistas. “El mayor caso de lawfare lo mecieron ustedes, porque el juez De Prada introdujo un párrafo en la sentencia sobre el caso Gürtel que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy y después fue retirado por el Tribunal Supremo, ese fue el mayor caso de lawfare”, sentenció Monago en el Senado. Años después, el PP vetó a De Prada como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Bolaños cargó así contra Monago y contra Nogueras. “Me parece intolerable desde el punto de vista democrático que se señale a jueces con nombres y apellidos y se les acuse de cometer delitos. Me parece igual de intolerable si lo hace el independentismo que si lo hace el PP. Pido tanto al independentismo como al PP que respeten la independencia de los jueces. El Estado de derecho necesita separación de poderes, que respetemos las resoluciones judiciales, que respetemos el trabajo de los jueces”, sentenció el ministro. El miércoles, el mismo día que habló con los tres jueces, Bolaños ya fue claro en el Congreso: “Como ministro de Justicia voy a defender a los jueces de los ataques y descalificaciones que reciban de los independentistas. Pero también de la larga mano del PP que pretende influir en el poder judicial en España”.

El propio Sánchez insistió en Bruselas en que ni él ni nadie de su Gobierno ha criticado nunca una sentencia judicial, aunque no comparta algunas, mientras el PP sí ha salido en tromba en varias ocasiones contra los jueces, en particular por el caso Gürtel. El Ejecutivo trata así de darle la vuelta a la polémica que tiene con buena parte de los jueces por la ley de amnistía para asegurar que ellos siempre van a respetar a la justicia y para intentar suavizar la tensión con los jueces que están generando socios como Junts. Por eso todos los ministros, en especial Bolaños, se han desmarcado desde el primer momento de esas declaraciones de Nogueras, que molestaron mucho al Gobierno.

Tensión entre poderes

Las críticas de Junts han disparado la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, cuya relación atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años por la ley de amnistía y la inclusión del concepto de lawfare en el acuerdo entre el PSOE y Junts. El inicio de la legislatura ha coincidido, además, con las fechas en las que se cumplían cinco años de bloqueo de la renovación del CGPJ y con varios pronunciamientos de este órgano contra los planes del Gobierno. El último movimiento se produjo este mismo jueves, cuando nueve de los 10 vocales del sector conservador forzaron que en el próximo pleno del órgano se debata un pronunciamiento sobre la legalidad de las comisiones parlamentarias pactadas entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes y se estudie el deber de comparecencia de los jueces que puedan ser citados a esas comisiones.

Las palabras de Nogueras llevaron al presidente del Supremo, Francisco Marín-Castán, a suspender la reunión con Bolaños prevista para el pasado miércoles, aunque finalmente se agendó para el próximo martes. Magistrados consultados ven positivo que se haya fijado una nueva fecha para intentar retomar la relación institucional entre el Gobierno y el órgano que representa la cúspide del sistema judicial español y cuyo normal funcionamiento se está viendo afectado seriamente por el bloqueo del Consejo, que impide cubrir las vacantes que dejan los magistrados que se jubilan, fallecen o se marchan por cualquier otra razón. Esta situación ha dejado ya 23 plazas vacantes de las 79 asignadas al alto tribunal, y ha obligado al Gobierno y el Supremo a pactar un plan de choque para incorporar letrados de refuerzo que palíen los efectos de la falta de jueces. Fuentes del tribunal señalan que en el encuentro del próximo martes está previsto que se evalúe esta situación y se planteen posibles nuevos refuerzos. Bolaños usará sin duda esta cita, como las llamadas discretas del miércoles y otros muchos contactos discretos de los que no está dando cuenta, para intentar recomponer la relación entre el Gobierno y el mundo judicial.