Acoso sexual en las Fuerzas Armadas: solo uno de cada diez expedientes disciplinarios acaba en sanción
El 25% de los procedimientos que dirimen los tribunales militares por este mismo delito terminan en condena
Solo uno de cada diez expedientes disciplinarios abiertos en las Fuerzas Armadas por acoso sexual acaba en sanción para los denunciados, mientras que los procedimientos penales instruidos por el mismo motivo en la jurisdicción castrense concluyen en condena en uno de cada cuatro casos. Así figura en el último informe del Observatorio de la Vida Militar, un órgano dependiente de las Cortes Generales e integrado por expertos independientes pertenecientes a distintas disciplinas.
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Solo uno de cada diez expedientes disciplinarios abiertos en las Fuerzas Armadas por acoso sexual acaba en sanción para los denunciados, mientras que los procedimientos penales instruidos por el mismo motivo en la jurisdicción castrense concluyen en condena en uno de cada cuatro casos. Así figura en el último informe del Observatorio de la Vida Militar, un órgano dependiente de las Cortes Generales e integrado por expertos independientes pertenecientes a distintas disciplinas.
En los últimos siete años (2016-2022) se han presentado 219 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas, con un mínimo de 20 en 2016 y un máximo de 39 en 2021; lo que equivale al 0,016% del total de militares en activo en el primero de dichos años y al 0,032% en el segundo, porcentajes en todo caso muy bajos. Estas denuncias dieron lugar a la apertura de 112 procedimientos penales en la jurisdicción castrense y de 157 expedientes disciplinarios por parte de la cadena de mando militar.
El análisis de los datos facilitados por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa revela que el código disciplinario, que castiga los casos menos graves, no está funcionando como mecanismo disuasorio para evitar que se llegue al ámbito penal. Los expertos advierten de que los delitos de acoso no suele ser episodios aislados, sino que con frecuencia se llega a ellos como culminación a una escalada de conductas abusivas que podría atajarse en sus inicios con una mera sanción disciplinaria, desde un arresto a una simple reprensión.
Sin embargo, de los 157 procedimientos disciplinarios por acoso sexual abiertos en estos siete años, el 63% fueron archivados sin responsabilidad alguna. Si se excluyen los 36 expedientes que aún están en trámite y cuyo desenlace resulta incierto, solo el 10,7% de las denuncias (13) acabaron con una sanción. En otros ocho casos se cambió la calificación, lo que significa que podría haber castigo para el expedientado, pero no por acoso sexual sino por otra falta distinta.
En cambio, en el ámbito penal, se abrieron 112 procedimientos, de los que 42 todavía están en trámite. De los 70 ya concluidos, 36 (el 51,4%) acabaron en archivo, seis (8,5%) en absolución y 18 (25,7%) en condena. En diez casos (14,2%) se cambió la calificación, por lo que la condena, de haberla, no será en todo caso por acoso sexual.
En conjunto hubo 31 condenas penales o sanciones disciplinarias, el 16,23% del total de procedimientos ya concluidos; pero tanto en términos absolutos como relativos las sanciones en el ámbito penal han sido más que las disciplinarias, pese a que el número de procedimientos instruidos por parte de los jueces militares ha sido menor. Una de las diferencias entre el procedimiento penal y el disciplinario es que en el primero puede personarse la víctima, lo que le permite solicitar pruebas o aportar testigos, mientras que en el segundo se limita a presentar la denuncia inicial. Se da también la circunstancia de que la mayoría de los jueces de instrucción en los juzgados togados militares son mujeres, mientras que la mayoría de los mandos de la estructura militar son hombres. En 2022, los tribunales militares dictaron seis sentencias por los delitos de abuso de autoridad en su modalidad de acoso sexual de un superior a un subordinado.
Las 38 denuncias presentadas el año pasado afectaban, según el informe, a 42 supuestos acosadores; todos ellos hombres, salvo una mujer. Las mujeres representan casi el 13% del total de miembros de las Fuerzas Armadas, pero este porcentaje llega al 37% en los cuerpos comunes, lo que incluye a los jurídicos militares.
Seis de los denunciados en 2022 eran oficiales; nueve, suboficiales y 27 pertenecían a la escala de tropa y marinería. Respecto a los denunciantes, 35 eran mujeres y cinco, hombres. Del total, tres eran oficiales; cuatro, suboficiales, 28 de la escala de tropa y marinería y cinco trabajadores civiles.
El Observatorio de la Vida Militar aclara que una misma denuncia puede dar lugar a la apertura de dos procedimientos, uno penal y otro disciplinario, aunque el segundo se paraliza mientras se tramita el primero; y subraya, como hecho positivo, la confianza de los militares en las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), ya que la práctica totalidad de las denuncias se han tramitado a través de las mismas. Las UPA fueron creadas en 2015 por el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas y, además de canalizar las denuncias y atender consultas, organizan charlas y cursos de concienciación para los militares.