Abogados progresistas se quejan ante la ONU por la ofensiva de las cúpulas judiciales contra la amnistía

La Asociación de Abogados Demócratas Europeos (ADADE), personada como acusación popular en numerosos sumarios que investigan la corrupción de distintos gobiernos del Partido Popular, ha traslado una queja a Margaret Satterhwait, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados por considerar que los últimos pronunciamientos de distintas cúpulas judiciales y otras asociaciones contra la amnistía suponen “un ataque y violación a la independencia del Poder Judicial en España”.

Esta asociación de abogados pide a la relatora de la ONU que “tome conocimiento de la si...

La Asociación de Abogados Demócratas Europeos (ADADE), personada como acusación popular en numerosos sumarios que investigan la corrupción de distintos gobiernos del Partido Popular, ha traslado una queja a Margaret Satterhwait, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados por considerar que los últimos pronunciamientos de distintas cúpulas judiciales y otras asociaciones contra la amnistía suponen “un ataque y violación a la independencia del Poder Judicial en España”.

Esta asociación de abogados pide a la relatora de la ONU que “tome conocimiento de la situación y adopte las medidas” que, según su mandato, considere más oportunas. ADADE relata en su escrito cómo el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado hace más de cinco años, aprobó una declaración institucional forzada por la mayoría de vocales elegidos a propuesta del PP en la que señalaba la inconstitucionalidad de la futura ley de amnistía. Esta declaración se aprobó antes incluso de que se conociera el texto registrado en el Congreso de los Diputados. Las proposiciones de Ley no precisan el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“La falta de mesura del pleno del CGPJ ha corrido como un río de pólvora y ha ayudado a envalentonarse a otros actores (partidos políticos, todo tipo de asociaciones ligadas en mayor o menor medida a los mismos, sociedad civil…). Se han producido así múltiples reacciones y manifestaciones de protesta, algunas de ellas violentas”, señala el escrito de la asociación de abogados progresistas. “Nuestro motivo de preocupación, sin embargo, son: las manifestaciones protagonizadas por jueces togados en las calles de diferentes ciudades de España; los múltiples manifiestos publicados desde distintos órganos como las Salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los decanatos de los juzgados, etc... y la publicación de diversos artículos o comentarios en las redes sociales realizados por integrantes del poder judicial que han contribuido a polarizar y exacerbar aún más los ánimos y dividir a la sociedad española”.

ADADE considera que todos esos pronunciamientos públicos de distintas cúpulas judiciales “continúa elevando la tensión y desprestigiando el sistema judicial”. Y censura la utilización política que el PP está haciendo de un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado: “Este Consejo fue nombrado por última vez en 2013 bajo el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta y, por tanto, con mayoría de vocales conservadores. Su renovación debería haberse efectuado en 2018, pero todos los intentos han fracasado porque, al tener el Partido Popular tantas investigaciones judiciales en su contra, no le interesa perder el control sobre la justicia, ya sea poniendo a jueces próximos en los procesos de instrucción (García Castellón), ya sea influyendo en quienes resuelven recursos, ya sea poniendo toda clase de obstáculos para que los procesos no avancen…”.

El escrito recuerda que ya se han producido quejas en España por parte de distintas asociaciones vinculadas al mundo del derecho ante el Defensor del Pueblo y que incluso una formación política, Sumar, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra los miembros del Consejo General del Poder Judicial que, extralimitándose en las funciones que la Ley le asigna, aprobaron una declaración contra una norma, la proposición de Ley de Amnistía para los encausados del proceso independentista catalán, que ni siquiera se conocía y no se había registrado en el Congreso de los Diputados.