Los fiscales catalanes rechazan “injerencias” en la separación de poderes y reivindican su actuación durante el ‘procés’
Las juntas de fiscales de Cataluña y de Barcelona se movilizan contra las acusaciones de ‘lawfare’ recibidas por parte de los partidos independentistas
Los fiscales catalanes se movilizan en apoyo de los representantes del ministerio público que han participado en causas vinculadas al procés y en contra las acusaciones de lawfare (uso instrumental de la justicia con fines políticos) recibidas por parte de los partidos independentistas. En un comunicado aprobado por unanimidad el 21 de noviembre, la Junta de Fiscales de la Fiscalía de Cataluña ha expresado su “pleno respaldo” a los fiscales que intervienen en causas relacionadas con el desafío independentista catalán —la mayoría de ellas instruidas en esa comunidad autónom...
Los fiscales catalanes se movilizan en apoyo de los representantes del ministerio público que han participado en causas vinculadas al procés y en contra las acusaciones de lawfare (uso instrumental de la justicia con fines políticos) recibidas por parte de los partidos independentistas. En un comunicado aprobado por unanimidad el 21 de noviembre, la Junta de Fiscales de la Fiscalía de Cataluña ha expresado su “pleno respaldo” a los fiscales que intervienen en causas relacionadas con el desafío independentista catalán —la mayoría de ellas instruidas en esa comunidad autónoma— y el “rechazo absoluto” a cualquier tipo “injerencia” en la independencia judicial y en la separación de poderes. A este texto se ha unido la Junta de Fiscales de Barcelona, que ha suscrito un comunicado en el que se expresan en unos términos casi idénticos.
Los fiscales catalanes no citan en su texto ni esa proposición de ley ni las referencias al lawfare recogidas en el pacto firmado entre el PSOE y Junts, pero sí muestran su rechazo a posibles injerencias del poder ejecutivo o legislativo en el judicial. Estos pronunciamientos se unen a manifestaciones similares realizadas en las últimas semanas por fiscales del Tribunal Supremo o de algunas fiscalías provinciales. No obstante, al contrario de lo que hacían alguno de estos escritos, los aprobados en la Fiscalía de Cataluña y en la de Barcelona no reprochan la actuación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se ha negado a pronunciarse en público sobre la ley de amnistía, y, al contrario, dejan constancia de que el jefe de la Fiscalía general ha respaldado “en todo momento” la actuación de los fiscales de esa comunidad, donde se instruyen la mayoría de los casos vinculados al desafío independentista catalán que, previsiblemente, se verán afectados por la proposición de ley de amnistía que promueve el PSOE.
El texto sí censura, en cambio, un episodio que se vivió el pasado 16 de noviembre en el Parlament, con ocasión de la presentación de la Memoria de Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña ante la Comisión de Justicia, donde el diputado Joaquím Jubert, de Junts, se dirigió expresamente al teniente fiscal, Pedro Ariche, advirtiéndole de que no era “bienvenido” en la Cámara, y le acusó de haber vulnerado la presunción de inocencia “en numerosas ocasiones”, en referencia a procedimientos judiciales seguidos contra líderes independentistas, “algunos incluso miembros de esta misma Cámara”. “Tales manifestaciones, dirigidas contra un miembro del Ministerio Fiscal por razón exclusiva de su actuación profesional, además de ser contrarias a la más elemental cortesía y respeto institucional y constituir un ataque injustificado contra la labor de jueces y fiscales por parte de quienes ejercen cargos públicos, con la inequívoca intención de generar contra los mismos una corriente de opinión negativa entre la ciudadanía, revelan un absoluto desconocimiento por parte del señor Jubert del funcionamiento interno del Ministerio Fiscal, como órgano cuya voluntad, expresada en sus actuaciones procesales, se conforma de manera colegiada y democrática”, señala el escrito, que recuerda , que el posicionamiento del fiscal Ariche ha sido siempre refrendada por el discal superior de Cataluña y el fiscal general del Estado, a través de sus órganos técnicos.