El juicio del ‘procés’ en el Tribunal de Cuentas finaliza y queda a la espera de la ley de amnistía
Los acusados serán liberados de cualquier responsabilidad si la medida de gracia entra en vigor antes de que la sentencia sea firme
El Tribunal de Cuentas ha puesto fin este viernes al juicio por presunta responsabilidad contable contra Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y otros 32 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña, tras rechazar la petición de suspender la vista que había planteado la defensa de Puigdemont. Ahora, la consejera responsable del procedimiento dará un plazo a acusaciones y defensas para presentar sus consideraciones finales por escrito —ya sin vistas presenciales— y dictará sentencia en una fecha aún por determinar. Esta causa, en la que se ha investigado el presunto desvío de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1-O y promover el procés independentista en el extranjero, es una de las que quedarán anuladas previsiblemente si prospera la ley de amnistía impulsada por el PSOE. La Fiscalía reclama que los encausados restituyan 3,4 millones de euros, y la asociación Sociedad Civil Catalana —que ejerce la acusación popular—, 5,3 millones. La Abogacía del Estado se retiró del procedimiento en enero de 2022.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat habría querido atender el requerimiento para declarar en la vista de hoy, pero que no ha podido hacerlo porque no se le permitió intervenir por videoconferencia y no podía acudir presencialmente ya que tenía compromisos en Bruselas en su condición de eurodiputado. Puigdemont permanece huido en Bélgica desde 2017 y sobre él pesa una orden de detención que sería ejecutada en cuanto entrase en España. Algunas de las defensas reprocharon también a la consejera encargada del juicio, Elena Hernáez, que no hubiera acordado la suspensión de la vista ante la existencia de una proposición de ley de amnistía ya presentada en el Congreso.
Las acusaciones y las defensas tendrán ahora un plazo —que suele ser de entre diez y veinte días cada uno— para presentar de forma sucesiva sus respectivas conclusiones. Una vez recibidas todas, la consejera Hernáez dictará sentencia. Fuentes del Tribunal de Cuentas no descartan que ni siquiera llegue a haber sentencia, en el caso de que la ley de amnistía sea aprobada antes de que concluyan esos últimos trámites. Lo habitual es que las conclusiones de las partes en los juicios del Tribunal de Cuentas se expresen de forma verbal en una vista, pero en este caso todas las partes han convenido, a propuesta de la consejera, que el trámite se haga por escrito, lo que alarga los tiempos.
La única posibilidad de que los implicados en esta causa no sean finalmente amnistiados es que la hipotética sentencia condenatoria adquiera firmeza —es decir, sea ratificada por el Supremo— antes de que la ley de amnistía entre en vigor. Es muy improbable que eso ocurra: la amnistía entrará en vigor previsiblemente antes de seis meses, mientras que la firmeza de una sentencia del Tribunal de Cuentas —que es recurrible primero ante la Sala de Enjuiciamiento del propio órgano fiscalizador y luego ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo— puede tardar años. La anterior sentencia contra los dirigentes del procés, por ejemplo, dictada en noviembre de 2018, no fue confirmada por el Supremo hasta julio de 2021.
Testigos
En la vista de este viernes, la última del procedimiento, han declarado tres testigos propuestas por las defensas. En primer lugar, María Luisa Lamela, interventora general del Estado, a quien el abogado de Puigdemont ha preguntado sobre el control de los gastos de la Generalitat que impuso el Gobierno central entre julio de 2017 y junio de 2018. Lamela ha dicho que su labor se limitó a garantizar los pagos a acreedores. En octubre de 2017 dejaron de hacerse transferencias y los pagos los realizaba el Estado, incluyendo los sueldos de los funcionarios y los gastos en educación y sanidad.
“No entraba en mi responsabilidad analizar qué pagos estábamos haciendo, no hicimos un control exhaustivo. Tampoco hubiéramos podido hacerlo, no teníamos capacidad para ello. Sólo controlábamos que viniera autorizado por la Secretaría de Estado de Hacienda”, ha explicado Lamela. Boye le preguntó sobre la afirmación del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no iba a haber referéndum el 1 de octubre de 2017 porque el Estado controlaba los gastos de la Generalitat. “No tenía capacidad ni competencia para controlar cada uno de los pagos”, ha insistido la interventora. “La Agencia Tributaria creó un sistema especial para controlar esos ficheros. Nosotros revisábamos la documentación y las firmas, que fueran las que tenían que ser. Me preocupaba que se hicieran los pagos, que las personas cobrasen sus salarios. Tenía muy buena relación con Rosa Vidal [la interventora de la Generalitat] a estos efectos”, ha señalado. El abogado de Puigdemont le ha preguntado también si tenía alguna información por ser hermana de la primera instructora del caso del procés en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La interventora ha contestado que no hablaba de asuntos profesionales con su hermana.
Han declarado también como testigos Antoni Millet Abad, exmiembro de la dirección de Diplocat (el organismo de la Generalitat que promovió el procés en el extranjero) entre 2003 y 2017, y Alfonso González Bondia, profesor de la Universitat Rovira i Virgili. Ambos han asegurado que no vieron ninguna irregularidad en las operaciones en las que intervinieron o de las que tuvieron conocimiento.