Condenados a nueve años de prisión el juez y el fiscal que investigaron al empresario balear Cursach
El Tribunal Superior de las islas concluye que los funcionarios incurrieron en obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía pedía más de 100 años de cárcel
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a nueve años de prisión al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán por obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos durante la instrucción del caso Cursach, en el que fue procesado el mayor empresario del ocio nocturno de Baleares, Bartolomé Tolo Cursach. El empresario finalmente ...
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a nueve años de prisión al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán por obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos durante la instrucción del caso Cursach, en el que fue procesado el mayor empresario del ocio nocturno de Baleares, Bartolomé Tolo Cursach. El empresario finalmente resultó absuelto en diciembre de 2022, después de que la Fiscalía —ya con otro responsable al frente— retirara todas las acusaciones al concluir que la causa, una investigación que se había extendido durante casi una década y había destapado una supuesta trama de connivencia entre la policía local de Palma y el magnate Cursach, había sido construida sin pruebas.
La sala de lo civil y penal del tribunal superior balear también ha condenado a tres agentes del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares a penas de entre uno y tres años de cárcel, y ha absuelto por falta de pruebas al inspector jefe José Luis García Reguera. La sentencia, desarrollada a lo largo de 500 páginas —y que no es firme, pues contra ella cabe recurso de casación ante el Supremo—, ha sido notificada este miércoles a los acusados.
La Fiscalía reclamaba 121 años de prisión para el fiscal Subirán y 118 para el juez Penalva, a los que consideraba autores de presuntos delitos de revelación de secretos, 15 delitos de detención ilegal y dos de prevaricación judicial. Finalmente, la pena ha sido muy inferior; además, tanto el fiscal como el magistrado, ya jubilados, cumplirán como “tope máximo” siete años, seis meses y tres días de cárcel, porque la condena efectiva no puede exceder el triple de la pena máxima que se les haya impuesto por un delito, según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El delito de obstrucción a la justicia lo cometieron los condenados al presionar a dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma, Rafael Vidal y Juan Carlos Sastre, cuando prestaron declaración en el juzgado como investigados; y al empresario Antonio Roig “antes de su detención, durante y estando en prisión preventiva”, según explica la nota informativa del tribunal. Las coacciones fueron sufridas por el exconcejal del PP de Palma, Álvaro Gijón, cuando tuvo que declarar como investigado al día siguiente de la detención de sus familiares. Subirán y Penalva tendrán que pagar 6.500 euros al exedil popular por daños morales.
El tribunal también ha impuesto a los dos principales investigadores del caso Cursach dos años de inhabilitación para empleo o cargo público, la pena máxima prevista, por no investigar las “filtraciones de informaciones a los medios de comunicación de actuaciones secretas que ellos conocían”.
Absueltos de detenciones irregulares
El juez y el fiscal han sido absueltos por las irregularidades en 11 detenciones: las de nueve funcionarios del Ayuntamiento de Palma, un empresario y dos regidores. Aunque el tribunal considera probado que se detuvo a personas inocentes, también tiene en cuenta que en ese momento los investigadores tenían sospechas firmes de que el concurso público para el servicio de estacionamiento regulado de Palma que estaban investigando podía haber sido amañado.
Los jueces entienden igualmente que las detenciones de los padres y el hermano del exconcejal Gijón fueron “instrumentales”, ya que tuvieron como objetivo presionar al edil para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Sin embargo, no les condena por un delito de detención ilegal por un déficit en la acusación, porque los hechos no se ajustan al tipo delictivo por el que se les había acusado.
Con respecto a los policías del grupo de blanqueo de capitales que se sentaron en el banquillo, el subinspector Miguel Ángel Blanco ha sido condenado a tres años y 10 meses de prisión y una multa por presiones contra el empresario Antonio Roig y su esposa y por coacciones sobre el político Álvaro Gijón. El agente Iván Bandera ha recibido una pena de dos años y cuatro meses por las presiones a Roig y su participación en las coacciones a Gijón. Y la subinspectora Blanca Ruiz ha sido condenada a un año y dos meses de cárcel por las presiones a Roig y su esposa.