La Audiencia Nacional archiva definitivamente la acusación contra la exconsejera Lucía Figar en el ‘caso Púnica’

La Audiencia Nacional ha dictado un auto con el que confirma la decisión adoptada en marzo por el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, de archivar esta causa contra Lucía Figar (PP), consejera de Educación de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Con su resolución, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestiman el recurso de l...

La Audiencia Nacional ha dictado un auto con el que confirma la decisión adoptada en marzo por el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, de archivar esta causa contra Lucía Figar (PP), consejera de Educación de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Con su resolución, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestiman el recurso de la Fiscalía Anticorrupción que pedía que se mantuviera la imputación de la exdirigente del PP de Madrid, quien estaba investigada en esta macrocausa de corrupción desde junio de 2015. Figar ―que dimitió dos días después de conocerse su primera imputación― estaba siendo investigada por el presunto pago con fondos públicos a empresas de la trama por la elaboración de trabajos de reputación en internet supuestamente para su beneficio personal. El auto de la Audiencia Nacional, que no admite recurso, también exonera por los mismos hechos a otros cinco imputados, entre ellos el que fuera alcalde de Alcobendas (Madrid) y alto cargo de la Comunidad, Ignacio García de Vinuesa.

La Audiencia Nacional pone así fin a la batalla judicial que, en torno a Figar, habían mantenido en el último año el juez instructor y Anticorrupción. El magistrado García-Castellón archivó por primera vez la causa contra la expolítica en octubre de 2022. Sin embargo, la Sala de lo Penal le corrigió a instancia del ministerio público. El tribunal consideró que se había desimputado a la exconsejera en una pieza del sumario, la número 9, en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, cuando ella se encontraba realmente bajo sospecha en la Pieza 10, centrada en el supuesto desvío de fondos públicos para el pago de campañas en internet para mejorar la imagen de políticos del PP en la Comunidad de Madrid.

Tras aquella primera decisión, el pasado marzo García-Castellón volvió a dar carpetazo a la causa contra Figar, ahora ya sí en la Pieza 10. Para hacerlo, el magistrado concluía que los trabajos de reputación en internet de los que se benefició la exconsejera no podían desligarse del cargo público que ocupaba en el gobierno de la Comunidad de Madrid y, por tanto, no había ilícito penal por el pago de los mismos con dinero público. El juez instructor argumentaba que no se había “acreditado” que los servicios contratados por la Consejería de Educación “tuvieran un carácter exclusivamente laudatorio” de la dirigente del PP. La Fiscalía volvió a presentar un recurso, que es sobre el que ahora se ha pronunciado la Audiencia Nacional.

En su auto de archivo, el tribunal hace suyos los argumentos del juez instructor del caso Púnica y señala que los “indicios iniciales” que provocaron la imputación de Figar hace ocho años “no han quedado corroborados a través de un proceso de deducción racional y lógico”. En su resolución, los magistrados destacan que en estos trabajos de reputación “resulta extraordinariamente difícil de discernir, cuando se trata de campañas de promoción o de reputación, entre la promoción institucional y el prestigio personal del político o, dicho de otro modo, entre el protagonismo que le corresponde como consecuencia de la actividad social que está llamado a desempeñar desde la institución en la que se ejerce el cargo y de la obra social creada desde la institución desempeñada”.

En ese sentido, el tribunal hace referencia a dos resoluciones judiciales anteriores en el mismo sentido también en el caso Púnica. Se trata del auto del Tribunal Supremo que, en octubre de 2018, archivó la causa contra la entonces senadora (y, por tanto, aforada) y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro al concluir que no había pruebas de que hubiera pagado con dinero público una campaña en internet para mejorar su reputación tras verse salpicada en otro caso de corrupción. La segunda es la sentencia sobre la Pieza 2 del caso, en la que estaban encausados varios cargos públicos del PP en la provincia de León y que fue hecha pública el pasado 30 de mayo. En este fallo, que aún no es firme, el tribunal condenó a dos exalcaldes del PP por otros hechos, pero los exculpó de los delitos por los que estaban acusados en relación con los trabajos de reputación online. Entonces, el tribunal consideró que no se había probado que estos informes para mejorar la imagen “tuvieran una dimensión puramente personal”. “A juicio de esta Sala, resulta indiscutible que el nombre de la persona y del cargo son indisociables”, recalcaba aquel fallo que ahora ha servido a la Audiencia Nacional para argumentar su decisión de exculpar a Figar.

En la misma línea, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca ahora en el auto que no ha quedado evidenciado que “los informes reputacionales emitidos lo fueran para preservar o favorecer aquella [imagen o reputación] de carácter personal de la investigada doña Lucia Figar”. Y concluye que la expolítica usó “sus perfiles en las redes sociales exclusivamente para actividades estrictamente oficiales”, por lo que confirma la decisión del juez García-Castellón de archivar la causa para ella. En la misma resolución, mantiene la desimputación de los otros cinco imputados para los que la Fiscalía pedía seguir la causa: García de Vinuesa; Teresa Alonso-Majagranzas, exdirectora de comunicación de este último; Pablo Balbín, ex jefe de prensa de la Consejería de Educación; Manuel Pérez, exviceconsejero de Educación; y Luis Sánchez, exdirector de la Fundación para el Conocimiento madri+d.