El Supremo inadmite los primeros recursos de Vox y Ciudadanos contra los indultos a los condenados del ‘procés’

El Tribunal Supremo ha cerrado este jueves la puerta a los recursos planteados por Vox y tres diputados de Ciudadanos contra los indultos concedidos por el Gobierno en 2021 al expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y al ex secretario general de Junts y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Ambos fueron condenados por sedición, pero tras la reforma penal que eliminó en dici...

El Tribunal Supremo ha cerrado este jueves la puerta a los recursos planteados por Vox y tres diputados de Ciudadanos contra los indultos concedidos por el Gobierno en 2021 al expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y al ex secretario general de Junts y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Ambos fueron condenados por sedición, pero tras la reforma penal que eliminó en diciembre pasado este delito, el alto tribunal les condenó por desórdenes públicos agravados. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado las impugnaciones al considerar que ni los partidos políticos ni sus diputados están legitimados para recurrir esas medidas de gracia, una decisión que aleja la posibilidad de que el alto tribunal las revoque, aunque aún quedan por revisarse 27 recursos y los jueces no se han pronunciado sobre ninguno de los presentados por el PP, por otros cuatro parlamentarios autonómicos catalanes de la legislatura del procés (entre ellos, Andrea Levy) y por quien fuera delegado del Gobierno en Cataluña durante el conflicto secesionista de 2017, Enric Millo.

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, ya resolvió sobre los indultos el año pasado, y, como ahora, rechazó admitir a trámite los recursos al entender que los partidos que los interpusieron no tenían legitimación —capacidad legal para actuar como parte en un proceso judicial— para ello. Sin embargo, un cambio de composición en el tribunal le llevó meses después a rectificar y admitir a trámite las impugnaciones.

La decisión de este jueves llega en pleno debate sobre la amnistía, una medida que va más allá del indulto, ya que borraría los antecedentes penales y eliminaría las condenas de inhabilitación que siguen cumpliendo algunos de los indultados, entre ellos, el líder de ERC, Oriol Junqueras. La posible revocación ahora de la medida de gracia otorgada en 2021, aunque hasta en el seno del tribunal se viera poco improbable, podría haber dinamitado las negociaciones para la investidura entre el PSOE y los partidos independentistas.

La decisión del Supremo no cierra el capítulo de los recursos a los indultos del procés, porque el tribunal verá en las próximas semanas los planteados por Vox y tres diputados de Ciudadanos contra otros cuatro indultados —Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y todos los registrados por el PP, Millo y cuatro diputados autonómicos catalanes. El tribunal ya archivó las impugnaciones presentadas contra los indultos concedidos a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, porque solo habían sido condenados por sedición y su pena quedó reducida a una desobediencia tras la reforma penal que derogó este delito,

En el caso del Partido Popular y los parlamentarios, la respuesta de los jueces, al menos para los indultos de Cuixart y Sànchez, se prevé idéntica a la de este jueves, ya que la sala ha optado por rechazar las impugnaciones al entender que ni los partidos ni sus diputados están legitimados para recurrir las medidas de gracia. Los jueces tendrán también que debatir sobre las circunstancias del exdelegado del Gobierno, que durante el otoño de 2017 estuvo en el centro de las críticas de los independentistas y vivió en primera línea el conflicto, y que alega que es parte perjudicada del perdón otorgado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Solo en el caso de que el Supremo encontrara razones para admitir a trámite algunas de las impugnaciones, los magistrados entrarían en el fondo del asunto: debatir si los indultos se concedieron cumpliendo los requisitos que exige la norma que los regula. Los indultos son por ley irrevocables, pero pueden recurrirse ante la Sala Tercera del Supremo. No obstante, son muy pocas las impugnaciones que progresan, porque el propio tribunal admite que su control se limita a garantizar que el expediente del procedimiento recoge los motivos de la medida —la ley permite conceder indultos por justicia, equidad o razones de interés público, que fue el motivo que se alegó en los del procés—. A esas dificultades se suman, en este caso, las dudas sobre quién puede recurrir. La jurisprudencia no es favorable a los recursos contra indultos presentados directamente por los partidos políticos, como hicieron el PP y Vox, aunque el partido ultra tenía a su favor el haber formado parte del proceso penal como acusación popular.

Lo habitual es que los indultos los impugne un perjudicado directo (por ejemplo, la víctima de un delito), por eso, Ciudadanos optó por no presentarlo como formación, sino a nombre de tres de sus miembros que eran diputados del Parlament (Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra) durante la legislatura que concluyó con la declaración unilateral de independencia del 27 octubre de 2017. También el PP optó por probar con esta posibilidad y, además del recurso a su nombre, varios diputados y exdiputados catalanes (Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán) registraron sus propias impugnaciones alegando ser víctimas de los delitos cometidos por los líderes independentistas. Pero el Supremo, por ahora, no ha considerado a los parlamentarios legitimados para recurrir. Ya hace unos meses descartó también las impugnaciones presentadas por la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén y Convivencia Cívica Catalana.

Tras el cambio de composición que llevó al alto tribunal a desdecirse en mayo de 2022 de lo que había resuelto unos meses antes, la sección encargada de este asunto ha vuelto a cambiar de nombres y ahora está compuesta por dos magistrados conservadores —Wenceslao Olea y Fernando Román— y tres progresistas —Pablo Lucas (presidente), Ángel Arozamena y Ángeles Huet—. En el caso de los dos recursos presentados por Vox que hoy examinaba, la sala los ha inadmitido por unanimidad, mientras que el presentado por los exparlamentarios de Ciudadanos, la decisión se ha adoptado por mayoría. De momento, ningún magistrado ha anunciado voto particular, pero no tiene que formalizarlo hasta el momento en que firme las sentencias, que se conocerán en su integridad en los próximos días.