Los vocales discrepantes del Poder Judicial creen que será nulo cuanto haga la nueva ejecutiva del Consejo
Cinco integrantes del pleno cuestionan la puesta en marcha del Consejo bajo la autoridad de su nuevo presidente suplente, Vicente Guilarte
Todos los actos y decisiones que tome a partir de ahora la nueva comisión permanente o ejecutiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están amenazados de nulidad porque se han adoptado con vulneración de la legalidad. Éste es el argumento principal del voto particular presentado por cinco vocales del órgano de gobierno de los jueces contra los acuerdos tomados por el pleno de esta institución el pasado martes. El voto particular afirma que ...
Todos los actos y decisiones que tome a partir de ahora la nueva comisión permanente o ejecutiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están amenazados de nulidad porque se han adoptado con vulneración de la legalidad. Éste es el argumento principal del voto particular presentado por cinco vocales del órgano de gobierno de los jueces contra los acuerdos tomados por el pleno de esta institución el pasado martes. El voto particular afirma que los firmantes votaron en contra del acuerdo para cambiar la permanente del Consejo “por considerar que es manifiestamente contrario a derecho, lo que puede afectar a la validez de todos los acuerdos que en el futuro adopten tanto la comisión permanente como la comisión disciplinaria”.
La nueva permanente o ejecutiva del Consejo estará encabezada por el nuevo presidente suplente del Consejo, Vicente Guilarte, e integrada por seis vocales de su confianza, composición que el grupo disidente cuestiona. De este grupo contrario a los acuerdos del pleno que el Consejo celebró el pasado martes se ha descolgado finalmente la vocal Pilar Sepúlveda, que sigue en la permanente.
El voto particular, presentado este jueves en el registro del Consejo, considera “extravagante” la disociación que los acuerdos adoptados en el mencionado pleno hace entre la figura de Guilarte como presidente por sustitución y la de miembro de la comisión permanente. El escrito explica que Guilarte aceptó la incompatibilidad absoluta que la ley impone al presidente suplente, privado del derecho de realizar actividades profesionales ajenas a este cargo. El texto añade que sin embargo explicó que había “iniciado los trámites” para hacer efectiva dicha incompatibilidad, cesando en las actividades académicas y profesionales que venía desarrollando.
Pero subraya que en estas circunstancias “no se entiende” que “haya de ser nombrado miembro de la comisión permanente quien participa en dicha comisión en su condición de presidente por sustitución”. Firman el escrito los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga –del sector progresista-, y Juan Martínez Moya, Nuria Abad y Juan Manuel Fernández, del grupo conservador. Finalmente, Pilar Sepúlveda, igualmente del sector conservador y que sigue en la permanente, no aparece entre los firmantes del voto discrepante.
Los vocales disidentes afirman que aún se entiende menos que si Guilarte preside la comisión permanente -en cuanto presidente por sustitución-, ahora resulte que goza de un plazo distinto al de los demás integrantes de esta instancia para incorporarse a sus tareas. En medios del Consejo se especula con que el motivo por el que el nombramiento de Guilarte para la permanente surta efectos el 1 de septiembre, y el del resto de sus miembros el 1 de agosto, se debe a que cabe la posibilidad de que finalmente no se incorpore a la presidencia, una vez cambiada la permanente o ejecutiva del Consejo, que pasaría entonces a manos del siguiente vocal de mayor edad, Wenceslao Olea, también del sector conservador de la institución.
El voto particular también plantea como anómalo el comportamiento seguido para llevar al pleno la propuesta de cambios en el núcleo duro del Consejo, que es dicha comisión permanente. El texto denuncia que el asunto se trató “omitiendo todo diálogo e imponiendo la propuesta”. En cambio, argumentan que “la claridad y transparencia debidas” exigían haber incluido en el orden del día el debate sobre la vigencia de los acuerdos tomados en octubre pasado para mantener la composición de las comisiones. Al no hacerse así, los firmantes entienden que se consiguió evitar su participación en la propuesta presentada. Todo ello –añaden- hizo “inoperante la debida colegialidad, que es la esencia de este órgano constitucional”.
Los vocales discrepantes también cuestionan que Guilarte haya nutrido la permanente con parte de sus colaboradores en la comisión disciplinaria del Consejo, órgano cuyos miembros deben permanecer en el cargo mientras dure el mandato de la institución, en funciones desde 2018. En este sentido, el escrito afirma que la incorporación de integrantes de la comisión disciplinaria a la permanente “es contraria a la ley”. Los integrantes de la disciplinaria que ahora se integran en la permanente son Roser Bach, Enrique Lucas, María Ángeles Carmona y el propio Guilarte, presidente suplente del Consejo. Junto a ellos formarán la ejecutiva del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, José Antonio Ballestero y Pilar Sepúlveda, siendo los dos últimos los únicos que siguen en esta instancia tras su recomposición.