Los 11.000 millones de ‘Quijotes’ de la justicia digital

En los servidores del centro de proceso de datos del Ministerio de Justicia, un edificio construido en parte bajo tierra por razones de seguridad, se acumulan 33 petabytes de información. “El equivalente a 11.000 millones de ejemplares de El Quijote”, ilustra uno de sus responsables. Por aquí circula una parte de la información más sensible del Estado, por ejemplo, todos los expedientes judiciales que muchos tribunales y juzgados tienen ya digitalizados. No son todos, faltan muchos, pero cada vez son más: el Tribuna...

En los servidores del centro de proceso de datos del Ministerio de Justicia, un edificio construido en parte bajo tierra por razones de seguridad, se acumulan 33 petabytes de información. “El equivalente a 11.000 millones de ejemplares de El Quijote”, ilustra uno de sus responsables. Por aquí circula una parte de la información más sensible del Estado, por ejemplo, todos los expedientes judiciales que muchos tribunales y juzgados tienen ya digitalizados. No son todos, faltan muchos, pero cada vez son más: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la mayoría de las comunidades trabajan mayoritariamente con expediente digital, mientras que en otras, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, el proceso va más lento.

El objetivo es tan manido como costoso: cambiar las murallas de papeles acumuladas a lo largo de décadas en las estanterías y mesas de jueces, fiscales y funcionarios por pantallas desde las que acceder a toda la documentación y a cualquier trámite necesario. Los responsables de este proceso aseguran que en los últimos años se está viviendo una auténtica revolución invisible en la justicia digital, una nueva realidad muy distinta a la que acompaña al imaginario popular sobre la Administración de justicia, que va llegando poco a poco a los operadores judiciales y de la que ya empiezan a beneficiarse los ciudadanos.

Las tres leyes que debían apuntalar este cambio (las leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal) se han quedado en el limbo de la tramitación parlamentaria por el adelanto electoral, pero los textos estaban ya muy avanzados y los sistemas se han ido implantando. Se trata, dicen sus responsables, de un modelo colaborativo en el que se han invertido 410 millones de euros de financiación europea. La administración de justicia es un engranaje complejo porque 12 comunidades tienen las competencias transferidas (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y la implantación de los medios depende de ellas. El ministerio da el soporte, pero son los gobiernos atómicos los que deciden cómo y dónde ponerlos en marcha, lo que hace que la situación sea actualmente desigual, según admite Justicia y confirman jueces y abogados consultados. No obstante, todas las comunidades se han acogido a los fondos europeos y van llegando poco a poco a la justicia digital.

En el territorio del ministerio (las comunidades no transferidas, más el Supremo y la Audiencia Nacional), todo está prácticamente digitalizado, como en Cantabria, País Vasco, Aragón, Navarra, Canarias, Cataluña (menos la jurisdicción penal), La Rioja y Asturias, según los datos del departamento que dirige Pilar Llop. La digitalización, explican sus responsables, no solo ahorra papel, sino también tiempo, emisiones de Co2 y mucho dinero. Si hasta hace dos años, para enviar una causa desde un juzgado de Canarias al Tribunal Supremo, el expediente viajaba en barco a Cádiz y desde ahí en camión a Madrid, ahora se mueve por esos servidores del centro de proceso de datos que enlazan los juzgados de todos los puntos de España.

Los jueces aseguran que se ha avanzado mucho, pero que queda bastante por hacer para que la digitalización sea total y agilice de verdad el trabajo de los tribunales. “El ritmo de implantación del expediente digital y de las herramientas de auxilio es irregular”, señala Jorge Fernández Vaquero, juez en Cádiz y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que lamenta que, en ocasiones, lo que está en la pantalla no es un expediente digital tal cual con la información organizada y herramientas que permitan fácilmente encontrar lo que buscas, sino una “sucesión de acontecimientos informáticos”, una retahíla de documentos digitales más lentos de consultar que los antiguos tochos de papel. “Esto pasa porque no se está incorporando debidamente el punto de vista del juez”, señala Fernández Vaquero, aunque el ministerio asegura que mantienen reuniones periódicas con todos los operadores para ir incorporando las herramientas más demandadas.

Los jueces admiten que los papeles van desapareciendo de los juzgados, aunque la transición no es fácil. “Se ha avanzado, pero todavía se está lejos de una situación óptima”, apunta Edmundo Rodríguez, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. “Donde se va implantando el expediente digital, el papel tiende a desaparecer. Pero pasa a veces que empiezas un expediente en papel y a la mitad se para y ya no tienes nada en papel y todo empieza a llegarte en digital. Otros se han en primera instancia en papel y en segunda se digitalizan porque en ese tribunal van más avanzados. Lo nuevo que entra tiende a venir sin papel, pero las causas duran años y tardará todavía un tiempo en ser todo así”, señala el juez, que lamenta que, mientras en el resto de la administración pública el salto digital se dio hace más de una década, la justicia se haya quedado atrás.

Los responsables del proceso en el ministerio aseguran que, aunque el cambio ha sido tardío, la envergadura es mayor que en otros departamentos. “El volumen de información que mueve la justicia es enorme”, advierten. La comparación se hace con la Agencia Tributaria, esa hermana adelantada a su tiempo que lleva ya años gestionando digitalmente los datos de los contribuyentes. A través de Lexnet, el sistema de gestión de notificaciones telemáticas desde los juzgados a los profesionales de la justicia, se han enviado entre 2022 y 2023 más de 134 millones de notificaciones, “10 veces más que la Agencia Tributaria”, aseguran.

Para el ciudadano común, la digitalización se traduce en el acceso personal a su expediente judicial (que estará disponible a partir de octubre a través de la aplicación Carpeta Justicia), en herramientas que traducen las resoluciones a un lenguaje sencillo o en avances en el Registro Civil, donde el objetivo es dejar atrás un modelo decimonónico que se limitaba a inscribir, muchas veces en libros distintos, nacimientos, bodas y muertes, a otra realidad con divorcios y hasta cambios de sexo que conformarán una “hoja de vida” en un solo documento digital. “El objetivo es que cuando el niño nazca se manden directamente los datos desde el hospital, se le asigne su número de la Seguridad Social y hasta se tramiten las prestaciones de paternidad y maternidad”, explican los responsables de este sistema.

¿Pero qué hacer con quién no quiere o no puede relacionarse con internet? En los tribunales el ciudadano siempre va a poder obtener una copia en papel de su expediente si lo prefiere así, asegura Justicia, que también tiene ya proyectos piloto para poder acceder a varios trámites por videoconferencia (como juras de nacionalidad desde Formentera evitando desplazamientos a Ibiza) y un sistema pensado especialmente para las residencias a las que llevan un dispositivo que imita a un antiguo teléfono con cable desde el que el anciano habla con el juez, que le ve por una pantalla y evita así el desplazamiento de la persona para procesos de tutela para la discapacidad.