El PP vuelve a citar a Montero y a Griñán en una comisión sobre el gasto en prostíbulos de un ex alto cargo andaluz

El PP llamará a declarar a la ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero, y al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE, en la nueva ronda de comparecencias en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe). Se trata de un ente público de la Junta de Andalucía creado por los anteriores gestores socialistas y ya disuel...

El PP llamará a declarar a la ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero, y al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE, en la nueva ronda de comparecencias en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe). Se trata de un ente público de la Junta de Andalucía creado por los anteriores gestores socialistas y ya disuelto, que está siendo investigado en los juzgados por enchufismo y uso fraudulento de dinero público.

Esta es la tercera vez que se convoca esta comisión. En el periodo 2015-2018 se constituyó, pero decayó al celebrarse elecciones. En la legislatura 2019-2022 se aprobaron las conclusiones en comisión parlamentaria, pero no en el pleno, de nuevo por el adelanto electoral, con lo cual no hubo un cierre definitivo. Y ahora vuelve a surgir porque así lo registró Vox, y el PP, que tiene mayoría absoluta, se sumó.

En un principio, los populares no querían abrir el turno de comparecencias, pero cambiaron de opinión. El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha asegurado hoy que su grupo registrará unas 20 comparecencias, cuando la comisión eche a andar de nuevo la semana próxima. Aunque aún no hay un calendario, es seguro que coincidirá con la precampaña y campaña de las elecciones generales del 23 de julio. Ya ocurrió en noviembre de 2019, cuando el Parlamento citó al expresidente Manuel Chaves en la víspera de esa campaña electoral nacional.

Martín ha asegurado que citarán a las personas que o bien no acudieron a la comisión por distintas circunstancias o que acudieron, pero se negaron a declarar. María Jesús Montero no acudió porque le ampara un informe jurídico que asegura que no es obligatoria la comparecencia de altos cargos del Estado en Parlamentos autonómicos. Estos sí están sujetos al control del Congreso, pero no de las asambleas regionales. Este criterio es el que han seguido tanto los gobiernos centrales del PSOE como del PP.

El popular señaló que entre los citados estará el expresidente Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación en el caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla está pendiente de un informe de la forense para decretar su ingreso o no en prisión por el cáncer que padece. También volverá a llamar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que cumple condena de siete años en la prisión gaditana de Puerto III.

Los populares pretenden volver a citar al exdirector de la Faffe Fernando Villén, que está en pleno juicio por gastar 32.556 euros en prostíbulos con sus tarjetas oficiales. El fiscal pide seis años de cárcel para el directivo. En la vista oral, Villén no desveló la identidad de las personas que le acompañaron al club Don Angelo, en el que gastó 14.700 euros en 15 pagos. Según Martín, una nueva citación puede que “le refresque la memoria sobre quién le acompañaba en esas noches locas”. En su opinión, este dato es relevante porque “pudiera haber altos cargos con responsabilidad política sería absolutamente escandaloso”.

La vista oral que enjuicia a Villén y la responsable de la caja de la Faffe, Ana Valls, concluyó este jueves y el lunes el jurado popular comenzará a deliberar sobre el fallo. En sus conclusiones finales, la Fiscalía Anticorrupción insistió en que el antiguo director de la Faffe no devolvió los más de 32.500 euros gastados en prostíbulos, como alega su defensa, y que Valls ayudaba a “camuflar” ese gasto para cuadrar las cajas. “Como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pero después no hay ninguna factura de ningún viaje, ni de Valls ni de nadie”, señaló el fiscal, que ha mantenido para ellos la petición de penas de seis y cuatro años de cárcel, respectivamente, por malversación y falsedad documental. Las defensas, por su parte, pidieron la libre absolución por entender que el informe policial sobre el que se sustentan los hechos es “absolutamente especulativo”.