Castilla y León defiende su decisión de relajar los controles sobre la tuberculosis bovina: “Llevamos muy al extremo la salud pública”

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas (Vox), achaca a “distintas interpretaciones” de la legislación que su empeño por relajar los exámenes sobre la salubridad animal haya sido intervenida por el Gobierno y rechazado por la Justicia. “Seguimos defendiendo que la resolución es legal, puede tener distintas interpretaciones y mantendremos el contencioso-administrativo con el ministerio de Agricultura”, ha insis...

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas (Vox), achaca a “distintas interpretaciones” de la legislación que su empeño por relajar los exámenes sobre la salubridad animal haya sido intervenida por el Gobierno y rechazado por la Justicia. “Seguimos defendiendo que la resolución es legal, puede tener distintas interpretaciones y mantendremos el contencioso-administrativo con el ministerio de Agricultura”, ha insistido el consejero, molesto con que el Ejecutivo retirara la movilidad de los bovinos potencialmente enfermos. “La Junta entendió la situación tremendamente grave del sector y decidimos ser un poco más flexibles a la interpretación, éramos conscientes de que podían recurrir la resolución”, ha destacado el alto cargo de Vox, reacio a dimitir pese a la petición de su cese por parte de los veterinarios de Castilla y León, que han reiterado su oposición a estas medidas. ”Llevamos muy al extremo la salud pública”, ha sostenido.

Dueñas ha censurado en una rueda de prensa este miércoles la intervención por parte del ministerio de Agricultura y ha insistido en que “no había riesgo” con la resolución autonómica, que por su categoría no fue revisada por los servicios jurídicos de la Junta. El presidente de los sindicatos veterinarios de la comunidad, Manuel Martínez, ha afirmado que el nuevo reglamento perjudicaba la “salud pública” y ha causado daños de 4,8 millones de euros al gremio. “Si la Junta hubiera seguido el consejo de los veterinarios y la ciencia no se habría llegado a este lugar”, ha explicado.

Dueñas cree que esa estimación de pérdidas “tiene poco sentido”. “La situación de los ganaderos es crítica, intentamos ayudarlos cumpliendo la legalidad, no vamos a saltarnos la ley para que el sector sobreviva pero sí modificar lo posible”, ha detallado. “Llevamos muy al extremo la salud pública”, ha aseverado, y ha insistido en que Castilla y León buscará cómo aplicar esta flexibilización con confianza en que un posible nuevo Gobierno facilite los procesos.

El consejero ha afirmado que el anterior Gobierno autonómico (PP-Cs) hablaba de una “cierta flexibilización” potenciada durante este mandato para apoyar al sector en una “situación compleja de la ganadería extensiva que comparte pastos con la fauna salvaje”. También ha defendido los trabajos con el ministerio de Agricultura y las modificaciones de los reglamentos según el dictamen europeo. Ante la “situación grave del sector y nuestras competencias autonómicas planteamos la resolución con medidas de autonomía y flexibilización” para “responder al exceso de presión del sector sin perjudicar la salud pública”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reprochado a Castilla y León haber creado “un problema saltándose la normativa comunitaria”. Además, ha reprobado los incidentes de los ganaderos salmantinos en la Delegación territorial de la Junta en esa provincia: “Rechazamos cualquier acto de violencia y apoyamos sin reservas a los profesionales veterinarios, que están siendo objeto de presión”.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este miércoles la orden judicial del pasado lunes por la cual se suspende cautelarmente la normativa autonómica que relajaba los controles sobre la tuberculosis bovina. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) validó una petición del ministerio de Agricultura para paralizar la iniciativa de la Junta de flexibilizar el seguimiento de esta enfermedad contagiosa para los humanos. La orden del Gobierno para contener la posible expansión de la bacteria ha implicado varios días de inmovilidad para las reses de provincias con casos de tuberculosis bovina para evitar que esa política más laxa propiciara la proliferación de positivos.

Este mandato se retira una vez que el Bocyl ha recogido la oficialidad del dictamen judicial y la no aplicación de la norma autonómica, vigente desde el 15 de mayo. El Boletín oficial del Estado (BOE) publicará el jueves la orden para dejar sin efecto la directriz ministerial anterior tras la publicación hoy en el Bocyl de la suspensión de la resolución controvertida y restablecerse la legalidad.

La controversia ha indignado a los veterinarios. “Hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante”, han asegurado los especialistas en sanidad animal, pues la regla superior la marca la Comisión Europea, que busca erradicar la tuberculosis bovina mientras que Vox prometió “controlar” y no eliminar la enfermedad.

Los ganaderos dicen sentirse “utilizados” por la extrema derecha y este lunes protagonizaron un tumulto ante la Delegación territorial de la Junta en Salamanca. El gremio ha criticado a la jefa provincial de Salud Animal, Teresa Rodríguez Vidal que, al igual que sus compañeros de las otras ocho provincias autonómicas, se opuso desde el primer momento a esta relajación de la vigilancia sobre la enfermedad. La Junta, una vez resuelto el debate, ha anunciado ayudas de hasta 450 euros por cada vaca comprada para suplir a las sacrificadas por el saneamiento de la tuberculosis.

La propia Rodríguez Vidal firma el documento y ratifica así que se elimina el mandato del ministerio de Agricultura de impedir la movilidad, salvo para los mataderos, de las vacas de provincias con prevalencia de la tuberculosis. Solo León, Valladolid y Burgos permanecen limpias de esta bacteria, según los exámenes autonómicos, mientras que Salamanca, a su vez el territorio con más vacas de España, era la provincia con mayor incidencia de esta bacteria, seguida por Ávila.

La normativa autonómica entró en vigor el pasado 15 de mayo y ocasionó una reacción del Gobierno central, primero con Agricultura ordenando la paralización de ese ganado con potencial enfermedad y luego con la solicitud de la Abogacía del Estado de suspender esa legislación. Este lunes el TSJCyL aceptó la cautelar demandada por el Ejecutivo, sin que la propia Junta se opusiese pese a ir en contra de sus propios planes, y al publicarse este miércoles en el Bocyl se regresa a la legislación previa, más estricta con el seguimiento a la tuberculosis bovina.