La Fiscalía atribuye la compra de votos a una “estructura organizada” de “afines” a Coalición por Melilla

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado a Anticorrupción que asuma el caso sobre la trama de compra de votos en Melilla y apunta directamente a “individuos afines” o “relacionados” con el partido Coalición por Melilla (CpM). Según explican fuentes del ministerio público, además de por la “gravedad y trascendencia” de los hechos, Ortiz ha tomado esta decisión por una cuestión de “lógica de funcionamiento” de la institución, ya que Anticorrupci...

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado a Anticorrupción que asuma el caso sobre la trama de compra de votos en Melilla y apunta directamente a “individuos afines” o “relacionados” con el partido Coalición por Melilla (CpM). Según explican fuentes del ministerio público, además de por la “gravedad y trascendencia” de los hechos, Ortiz ha tomado esta decisión por una cuestión de “lógica de funcionamiento” de la institución, ya que Anticorrupción ya llevaba las pesquisas sobre la presunta compra de sufragios en Mojácar (Almería), donde se señala a candidatos del PSOE. “Es una cuestión de organización interna”, explican estas fuentes. De hecho, la investigación en Melilla corrió a cargo de la Policía Nacional, que envió al juzgado el informe que derivó en la apertura de esta causa.

Ortiz firmó este jueves el decreto que atribuye a Anticorrupción la causa de Melilla. En ese escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal general justifica su decisión por la “gravedad y trascendencia” de los hechos, “desde el punto de vista social y político”: “Dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular”. También tiene en cuenta que se ha puesto de manifiesto una “delincuencia o criminalidad organizada”, y la “complejidad de las investigaciones a desarrollar”.

Fuentes policiales indican que las tramas de Mojácar y Melilla no se encuentran conectadas. El fiscal delegado de Anticorrupción en Almería llevó desde el principio la primera de estas causas. Sin embargo, Anticorrupción no tiene un delegado en la ciudad norteafricana y la Fiscalía de la localidad asumió las pesquisas en un principio —también porque, al inicio, la causa empezó por otro tema, según fuentes fiscales—. Pero ahora, el fiscal general quiere que ambas dependan del mismo departamento.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla, encabezado por la jueza María Carmen Perles, abrió una investigación tras recibir el informe de la Policía Nacional, que se mantiene bajo secreto de sumario. Los agentes han detenido ya a 10 sospechosos por la presunta red de compra de votos: entre ellos, el ya exconsejero del Gobierno y número tres de la lista de Coalición por Melilla (CpM), Mohamed Ahmed Al-lal, que se encuentra en libertad sin fianza y bajo la prohibición de abandonar el país; y un yerno de Mustafa Aberchán, líder de dicho partido.

En su decreto, la Fiscalía General del Estado resume que “las investigaciones realizadas hasta el momento [en Melilla] han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.

“Esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla”, prosigue el escrito que firma Álvaro García Ortiz, que remacha: “Dichos individuos conformaría una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma”.

El ministerio público añade que estos hechos podrían constituir delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales.

Sobre la causa de Mojácar, la Guardia Civil detuvo el miércoles a siete personas e investiga a otras tres por la supuesta compra de votos para las elecciones municipales del 28-M. Dos de ellos, los empresarios Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno, concurren en las listas locales del PSOE como número dos y cinco, respectivamente. Según los agentes, esta red ofrecía 100 euros o un contrato de trabajo por cada voto para los socialistas.