El presidente del CGPJ desconvoca el pleno sobre la subida salarial de los jueces tras pedírselo los mismos vocales que lo reclamaban
Los consejeros piden que se suspenda la cita por no ser convocados a la firma del acuerdo en el Ministerio de Justicia
La bronca interna en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la celebración de un pleno extraordinario sobre el acuerdo de subida salarial de los jueces va camino de durar más que la convocatoria de ese pleno. El presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, ha desconvocado la sesión después de que se lo pidieran los mismos cinco vocales que, el pasado viernes, le habían r...
La bronca interna en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la celebración de un pleno extraordinario sobre el acuerdo de subida salarial de los jueces va camino de durar más que la convocatoria de ese pleno. El presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, ha desconvocado la sesión después de que se lo pidieran los mismos cinco vocales que, el pasado viernes, le habían reclamado que se celebrara. Estos consejeros alegan que ese pleno había perdido utilidad por la decisión de Mozo de fijarlo para el miércoles, cuando ya se habrá firmado el pacto entre el Ejecutivo y las asociaciones (acto previsto para este martes). El presidente ha optado por desconvocar la sesión extraordinaria y convocar de nuevo el pleno ordinario previsto el jueves y que se había anulado para englobarlo en la sesión del miércoles.
El galimatías en torno al pleno para analizar la subida salarial es el último episodio de la situación de descomposición interna en la que vive instalado el CGPJ, cuyo mandato venció en diciembre de 2018. El pleno ya no se celebrará, pero la polémica alrededor de su convocatoria desangra un poco más al Consejo, en el que la mayoría conservadora ya cuestiona abiertamente la gestión de Mozo, el vocal elegido tras la dimisión de Carlos Lesmes para llevar las riendas de un órgano que lleva en funciones más de cuatro años.
La decisión adoptada por Mozo este martes supone desconvocar la sesión extraordinaria, volver a convocar la ordinaria e incluir en su orden del día el siguiente punto: “Dación de cuenta de los vocales Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán y José Antonio Ballestero Pascual, designados por el pleno como miembros de la Comisión de Retribuciones, en relación con el proceso de negociación habido sobre adecuación de retribuciones a los jueces y magistrados y valoración de la situación resultante”.
Para algunos miembros del pleno esta era la fórmula que había que haber seguido desde el principio, pero Mozo se vio obligado a convocar una sesión extraordinaria porque se lo pidieron por escrito cinco vocales (cuatro propuestos por el PP en 2013 para formar parte del pleno y uno propuesto por el PNV). El presidente convocó, pero no accedió a la petición de que esa sesión se celebrara este lunes, como pedían los firmantes para que pudiera analizarse el acuerdo salarial antes de que el Gobierno y las asociaciones lo firmaran, sino que fijó el pleno para el miércoles. “No tenía mucho sentido. O lo haces el lunes antes de la firma o ya lo dejas en el jueves, que tenemos ya todos organizada la agenda para el pleno. El miércoles es absurdo”, señala un vocal progresista. Fuentes del órgano aseguran que varios consejeros se habían quejado al presidente de esta decisión, lo que, probablemente, ha influido en Mozo para desconvocarla y volver al plan inicial una vez que los que pedían la sesión extraordinaria reclamaron su desconvocatoria.
La primera razón alegada por estos cinco vocales (Ballestero, Martínez Tristán, José María Macías, Carmen Llombart y Enrique Lucas) para pedir que se anulara la sesión extraordinaria es que no servía de nada hacerla después de la firma del acuerdo salarial, pero en su decisión ha pesado también que el CGPJ no haya sido convocado por el Gobierno al acto de rúbrica de ese pacto, al que solo acudirán los ministerios de Justicia y Función Pública y las asociaciones de jueces y fiscales presentes en la mesa de retribuciones y que han aceptado el acuerdo (todas menos la Asociación profesional de la Magistratura, APM, la mayoritaria y más conservadora).