La nueva comisión sobre las ‘cloacas’ de Interior no llamará ni a Mariano Rajoy ni a Pablo Iglesias
Los partidos eligen a 20 comparecientes, muchos de los cuales ya acudieron a anteriores comisiones, de una lista con 40 nombres propuestos
La nueva comisión parlamentaria de investigación sobre las cloacas del Ministerio del Interior en la etapa de los gobiernos de Mariano Rajoy ha acordado este miércoles los nombres de las 20 comparecientes, en su mayoría políticos y policías, que deberán acudir a partir del 14 de junio y hasta finales de octubre al Congreso para intentar arrojar algo más de luz sobre la trama parapolicial que operó en la etapa d...
La nueva comisión parlamentaria de investigación sobre las cloacas del Ministerio del Interior en la etapa de los gobiernos de Mariano Rajoy ha acordado este miércoles los nombres de las 20 comparecientes, en su mayoría políticos y policías, que deberán acudir a partir del 14 de junio y hasta finales de octubre al Congreso para intentar arrojar algo más de luz sobre la trama parapolicial que operó en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del departamento. En la lista acordada hay ausencias destacadas, como la del propio expresidente del Gobierno ―que ya había comparecido en la anterior comisión de investigación―, la del fundador de Podemos Pablo Iglesias, la ministra de Defensa, Margarita Robles; o la del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. El PSOE votó en contra de la asistencia de todos ellos.
Sí tendrán que hacerlo los exministros del PP María Dolores de Cospedal y el propio Fernández Díaz, que ya lo hicieron en anteriores comisiones de investigación, así como la cúpula de Interior en la etapa de este último, entre ellos el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó. En la lista de comparecientes tampoco han sido finalmente incluidos varios periodistas cuya presencia reclamaba Unidas Podemos.
Los trabajos de la comisión comenzaron la pasada semana con la comparecencia del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien, de nuevo, no aportó ninguna información nueva o relevante sobre las cloacas del Estado y la llamada Operación Cataluña, montada en 2012 durante los gobiernos de Rajoy para, mediante una campaña de intoxicación informativa con supuestos informes policiales cargados de graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes secesionistas catalanes. Estaba prevista que también acudiera el exmáximo accionista de Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco, pero se retrasó a petición de este. Eran las dos únicas comparecencias acordadas por los partidos en el inicio de los trabajos de la comisión ante las dificultades de los partidos para pactar el resto de nombres.
Este miércoles, la comisión se volvía reunir para fijar el calendario de los trabajos ―se retomarán el 14 de junio, tras las elecciones municipales y autonómicas, y continuarán en julio, septiembre y octubre― y, sobre todo, acordar 20 nombres de comparecientes. Sobre la mesa, los grupos han trabajado con 40 nombres, de los que se han caído los que, en principio, solo eran apoyados por un partido (los finalmente pactados tenían el respaldo de, al menos, dos formaciones).
Así, entre los 10 primeros que comparecerán estarán, además de los exministros Fernández Díaz, Cospedal y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, el comisario jubilado Marcelino Martín Blas ―que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía―; el máximo responsable uniformado de la Policía Nacional en aquellos años, el también comisario jubilado Eugenio Pino; el exdirector general Ignacio Cosidó y los policías Bonifacio Díaz Sevillano (señalado como presunto integrante de la brigada política), Celestino Barroso (que fuera agregado de Interior en la embajada de España en Andorra) y Narciso Ortega (exjefe superior de Policía en Cataluña).
A ellos se suman el abogado Agustí Carles Garau, presidente de la entidad Drets, una de las asociaciones que presentó la querella ante la justicia de andorra contra tres mandos de la Policía Nacional por la supuesta extorsión, en 2014, a los entonces accionistas mayoritarios de la BPA para obtener de forma ilegal información bancaria en Andorra de la familia Pujol y otros dirigentes independentistas catalanes. Este abogado amplió en 2020 la querella a, entre otros, Rajoy, Fernández Díaz y el exministro Cristóbal Montoro, aunque el expresidente del Gobierno logró paralizar en los tribunales españoles su declaración como investigado en el país vecino por estos hechos.
Entre los siguientes 10 comparecientes también hay numerosos policías, como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que fuera mano derecha de Pino; o el comisario Enrique García Castaño, que en su anterior comparecencia en el Congreso aportó numerosa información, aunque previsiblemente esta vez no acuda por sufrir una grave enfermedad que le ha incapacitado. También serán citados los comisarios Enrique Barón (antiguo responsable de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional), José García Losada (que ocupó la Comisaría General de Policía Judicial, bajo la que actuaba la UDEF en los casos de corrupción), José Luis Olivera (exresponsable de esta última unidad) y Agustín Castro, exjefe de la Policía en Cataluña.
A ellos se sumarán el coronel Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue cesado por el ministro Grande-Marlaska en 2018; el policía Antonio Giménez Raso; el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), Juan Manuel Vega Serrano; y el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que ya tuvo que comparecer en 2017 en el Congreso tras filtrarse una conversación entre él y el ministro Fernández Díaz sobre investigaciones a políticos soberanistas.
Fuera de la lista han quedado periodistas como Antonio García Ferreras, la política del PP Alicia Sánchez Camacho, el major de los Mossos Josep Lluís Trapero, el coronel Diego Pérez de los Cobos (cuyo cese como jefe de la Guardia Civil en Madrid ha anulado el Tribunal Supremo); la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez; el exministro de Justicia e Interior del PSOE Juan Alberto Belloch; y David Madí, empresario y exdirigente de Convergència (CDC). Buena parte de ellos habían sido propuestos por el PP, al que la comisión le ha rechazado todos los nombres que había puesto sobre la mesa.