La división entre las asociaciones de jueces y fiscales sobre la subida salarial que les ofrece el Gobierno deja en el aire el inicio de la huelga el 16 de mayo

La unidad entre las asociaciones de jueces y fiscales en torno al pulso que mantienen con el Gobierno para lograr una subida salarial ha saltado definitivamente por los aires este miércoles. Tras más de cuatro horas de reunión con los ministerios de Justicia y Hacienda sin conseguir cerrar un acuerdo, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y de tendencia conservadora, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han decido posponer el inicio de la huelga indefinida que cinco asociaciones han convocado a partir del 16 de mayo. Las otr...

La unidad entre las asociaciones de jueces y fiscales en torno al pulso que mantienen con el Gobierno para lograr una subida salarial ha saltado definitivamente por los aires este miércoles. Tras más de cuatro horas de reunión con los ministerios de Justicia y Hacienda sin conseguir cerrar un acuerdo, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y de tendencia conservadora, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han decido posponer el inicio de la huelga indefinida que cinco asociaciones han convocado a partir del 16 de mayo. Las otras dos asociaciones que firmaron la convocatoria, de tendencia conservadora, decidirán este jueves si inician la huelga el próximo martes, como estaba previsto, o aplazan el paro a la espera de una última oportunidad de acuerdo.

El cambio de escenario se ha producido después de que el Ejecutivo se haya negado a subir la oferta que presentó el pasado lunes y que implicaba subidas salariales de hasta casi 500 euros al mes, lo que ha llevado a que la tercera reunión entre el Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales para intentar cerrar una subida salarial haya terminado este miércoles sin acuerdo. En la reunión se han sentado de nuevo los ministerios de Justicia y Hacienda, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la Fiscalía General del Estado y las siete asociaciones de jueces y fiscales. El objetivo es pactar una adecuación de los salarios de jueces y fiscales en cumplimiento de la ley de retribuciones de ambas carreras, que establece que la mesa de retribuciones revisara los salarios de jueces y fiscales cada cinco años, algo que no ha ocurrido.

La subida salarial propuesta a jueces y fiscales implica incrementos de hasta 490 euros al mes, la cifra mínima que pedían las asociaciones. El incremento se aplicaría en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondría que el Gobierno destine a los salarios de ambos cuerpos hasta 46,7 millones de euros más que ahora. El Ejecutivo ofreció que esta cuantía se reparta con la fórmula que elijan las asociaciones: repercutiendo en mayor medida en los jueces y fiscales de más categoría, en los del medio o en los de categorías inferiores. En cualquier caso, los incrementos oscilarían entre los 350 y 490 euros al mes para todos los miembros de la carrera, y en alguna de las opciones todos los jueces y fiscales verían incrementado su sueldo entre 440 y 460 euros mensuales, una subida superior a la acordada en marzo pasado con los letrados de la Administración de Justicia, con aumentos de entre 430 y 450 euros y que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo y precipitó que los jueces y fiscales se movilizaran para conseguir un pacto similar.

El 100% de ese incremento se cobraría a partir del 1 de julio de 2024, pero los jueces y fiscales empezarían a recibir en sus nóminas de forma inmediata un incremento salarial del 40% del total acordado. Esta subida tendría, además, efecto retroactivo al 1 de enero de 2023, de manera que la cuantía acumulada hasta ahora (entre 1.700 y 1.800 euros) se abonaría en una paga en el mes de septiembre. A partir del 1 de enero de 2024 cobrarían ya el 80% del incremento acordado, y desde julio de ese año, el 100%.

Durante la reunión de este miércoles, el Gobierno ha ofrecido, además, mejoras en las retribuciones del sistema de guardias, un posible complemento de las dietas y un nuevo modelo de productividad que esté dotado de mayores recursos y un sistema de reparto más participativo. También se ha comprometido a impulsar el desdoblamiento de Fiscalías Superiores de todas las CCAA uniprovinciales y a aumentar el número de plazas. El Ejecutivo detallará por escrito su propuesta completa antes del 16 de mayo, lo que ha llevado a tres de las cinco asociaciones que promueven la huelga a aplazar su inicio hasta el día 19. “Ante este nuevo escenario, por el bien de la Carrera Fiscal y en aras a alcanzar el mejor acuerdo posible sin afectación alguna a la ciudadanía, hemos decidido posponer el inicio de la huelga hasta el día 19 de mayo”, ha señalado la Asociación de Fiscales en un comunicado difundido en la noche del miércoles.

Las otras dos asociaciones que convocaron el paro, que son las mayoritarias de la carrera judicial (Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación Francisco de Vitoria) decidirán este jueves si van a la huelga indefinida desde el martes o acceden a retrasarla, una petición que ha puesto encima de la mesa el Gobierno en el encuentro de este miércoles, señalan fuentes de la negociación. “El Gobierno pretende menoscabar el legítimo derecho de huelga de quien únicamente pretende mejorar sus condiciones laborales”, ha señalado en una nota la Francisco de Vitoria, que se queja de que el Ejecutivo posponga la próxima reunión al día 16, el previsto para el inicio de la huelga.

Para la APM los 46,7 millones que ofrece Hacienda son insuficientes, según ha defendido su portavoz en la reunión, subrayan fuentes presentes en la misma. Esta asociación exige que el Ejecutivo ponga sobre la mesa 74 millones de euros y se ha mostrado intransigente a lo largo de la negociación. Las otras dos asociaciones de jueces de tendencia conservadora, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, también han pedido más, pero se han mostrado más abiertas a un acuerdo.

El salario de jueces y fiscales es una suma de un sueldo base y varios complementos, que dependen del puesto, la antigüedad, el destino, los objetivos alcanzados y otras retribuciones especiales. Según datos del CGPJ, los jueces españoles cobran entre 52.534,52 (los jueces con menos antigüedad y destinados en municipios más pequeños) y 137.935,07 (el presidente de la Audiencia Nacional). En el Tribunal Supremo, los sueldos oscilan entre los 109.072,40 euros que cobra un magistrado y los 132.769,12 que percibe el presidente (el actual, al estar en funciones, no percibe esta cuantía, sino la correspondiente a presidente de sala, 111.986,44 euros).

La negociación con los jueces y fiscales coincide en el tiempo con la movilización que ya tienen en marcha los funcionarios judiciales, un cuerpo formado por alrededor de 45.000 personas. Los sindicatos que les representan han mantenido varias reuniones con Justicia para intentar alcanzar un acuerdo, pero las negociaciones están rotas y el comité de huelga convocó este miércoles huelga indefinida a partir del próximo 22 de mayo si el Gobierno “no pone encima de la mesa una propuesta económica”. Hasta ahora, habían mantenido paros parciales y varias jornadas de huelga.

Los funcionarios exigen una mejora salarial de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del llamado complemento general del puesto, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, con independencia de la comunidad autónoma en la que trabajen.