El juez y el fiscal del ‘caso Cursach’ irán a juicio en junio por las irregularidades en la investigación al empresario mallorquín

El próximo cinco de junio los juzgados de Sa Gerreria, en pleno casco antiguo de Palma, se habilitarán para acoger el juicio contra el juez, el fiscal y cuatro funcionarios de la Policía Nacional que investigaron el caso Cursach, que indagaba una supuesta trama de connivencia entre agentes de la Policía Local de Palma y el mayor empresario del ocio nocturno balear, Bartolomé Cursach. Un caso que fue juzgado en la Audiencia Provincial de Baleares en el que todos los acusados fueron absueltos después de que las acusac...

El próximo cinco de junio los juzgados de Sa Gerreria, en pleno casco antiguo de Palma, se habilitarán para acoger el juicio contra el juez, el fiscal y cuatro funcionarios de la Policía Nacional que investigaron el caso Cursach, que indagaba una supuesta trama de connivencia entre agentes de la Policía Local de Palma y el mayor empresario del ocio nocturno balear, Bartolomé Cursach. Un caso que fue juzgado en la Audiencia Provincial de Baleares en el que todos los acusados fueron absueltos después de que las acusaciones retiraran los cargos contra los 17 procesados que finalmente se sentaron en el banquillo. Según el calendario del juicio, consensuado entre abogados, fiscales y tribunal, el juicio comenzará el cinco de junio y se prolongará hasta el 23 de septiembre, cuando está previsto que se cierre con el turno de última palabra de los acusados.

La fiscalía reclama para los seis procesados más de 500 años de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial cometidos durante el tiempo que estuvieron al cargo de una de las investigaciones más controvertidas de los últimos años en las islas. La fiscalía los acusa de cometer hasta 27 presuntas filtraciones de datos a medios de comunicación, que publicaron después la información en forma de noticia. También de irregularidades en la instrucción del llamado caso Ora, una pieza derivada de la causa principal que el ministerio público considera que está basada en la declaración de un testigo protegido de contenido “completamente inconcreto y especulativo”. Las acusaciones particulares, que representan a los empresarios investigados durante el proceso, también reclaman penas elevadas de prisión, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya ha pedido a los acusados una fianza de responsabilidad civil solidaria de 420.000 euros para que hagan frente a las posibles consecuencias económicas en caso de ser condenados.

El proceso arrancará el 5 de junio con las cuestiones previas, para la que se reservan dos días. A partir de ahí, el tribunal contempla suspender las sesiones para decidir sobre las mismas. Si el juicio continúa, se retomará el 22 de junio con las declaraciones de los principales acusados. El juez Manuel Penalva será el primero en responder a las preguntas de la fiscalía y las acusaciones. Penalva, ahora jubilado por el Consejo General del Poder Judicial por incapacidad, se enfrenta a 118 años de cárcel por un delito de revelación de secretos, 15 delitos de detención ilegal, dos de obstrucción a la justicia y dos de prevaricación judicial. El fiscal Miguel Ángel Subirán, también jubilado, afronta una condena de 121 años y ocho meses de cárcel por los mismos delitos y suma, además, uno de falso testimonio. Tras la comparecencia de ambos, será el turno de los cuatro funcionarios, que tienen reservadas cuatro sesiones, hasta el 28 de junio.

A finales de mes es cuando comenzarán las declaraciones de los testigos. Primero varios agentes de la Policía Nacional, después varios periodistas que siguieron el caso. Luego será el turno de otros, como el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, que ejerció la acusación en el juicio que sentó en el banquillo al empresario Cursach o el juez Miquel Florit, que asumió la investigación de la causa después de que se apartara a Penalva y que terminó condenado por el decomiso de los teléfonos móviles de dos periodistas que investigaban el asunto. En el listado de decenas de testigos propuestos figuran varios políticos del Ayuntamiento de Palma, empresarios y varias personas que fueron investigadas durante la instrucción del caso. Esta fase testifical se alargará hasta el 14 de julio, cuando el proceso se interrumpirá para dejar pasar el mes de agosto, inhábil a efectos judiciales, hasta el 4 de septiembre. A partir de ese momento, el juicio encarará su fase final con los testigos restantes y concluirá el 22 o 23 de septiembre, dependiendo de la agilidad, con los turnos de última palabra de los acusados.

El ponente de la sentencia será el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Diego Gómez-Reino, expresidente de la Audiencia Provincial, que formará sala junto a los magistrados Felisa Vidal y Antonio Capó, que ejercerá de presidente. El juicio se celebrará en la sala multiusos de los juzgados de Sa Gerreria porque la cantidad de partes personadas hace imposible su celebración en el palacio del Tribunal Superior por cuestiones organizativas. Esta vista no zanjará el asunto Cursach, pues cinco personas que declararon como testigos durante el proceso contra el empresario están pendientes de declarar en los juzgados acusados de presuntos delitos de falso testimonio.

Penalva y Subirán, mientras tanto, afrontan el proceso alejados de los juzgados y cargando, a través de su escrito de defensa, contra la cúpula de la Fiscalía de Baleares y de la Policía Nacional. Un documento conjunto en el que reclaman la recusación del fiscal que les acusa, Tomás Herranz, que retiró los cargos contra los investigados del caso Cursach en un informe en el que pidió perdón al empresario y al resto de acusados entre lágrimas. Penalva y Subirán le acusan de tener “comportamientos idénticos” a los que les reprocha a ellos. “Se ha permitido una barbaridad, una instrucción completamente prospectiva al estilo Netflix, por temporadas y en paralelo a la instrucción judicial” sostienen. Basan su defensa en que los mensajes de WhatsApp que dieron pie a la apertura de la investigación fueron obtenidos de forma ilegal tras la orden de decomisar los teléfonos móviles de dos periodistas y la entrega de un teléfono por parte de un agente de la Policía. Sostienen que toda la instrucción está sustentada en actuaciones nulas de pleno derecho, por vulneración de derechos fundamentales, y que el Tribunal Constitucional ha fallado respaldando esta nulidad.