La policía se interesa en el juzgado por la evolución del ‘caso Deluxe’, atascado tras seis años de pesquisas

La Policía Nacional se ha dirigido al juzgado para interesarse por la evolución de la instrucción de la Operación Deluxe, que salpica al programa del corazón Sálvame por la filtración de multitud de datos confidenciales de famosos. La Unidad de Régimen Disciplinario del cuerpo envió un escrito al magistrado Marcelino Sexmero el pasado diciembre para preguntar en qué estado se encuentran las pesquisas que impulsó la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ya que en 2018 (cu...

La Policía Nacional se ha dirigido al juzgado para interesarse por la evolución de la instrucción de la Operación Deluxe, que salpica al programa del corazón Sálvame por la filtración de multitud de datos confidenciales de famosos. La Unidad de Régimen Disciplinario del cuerpo envió un escrito al magistrado Marcelino Sexmero el pasado diciembre para preguntar en qué estado se encuentran las pesquisas que impulsó la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ya que en 2018 (cuando se inició el proceso judicial) se dejó en suspenso el expediente disciplinario abierto a los tres agentes supuestamente implicados, a la espera de una sentencia firme. Sin embargo, a día de hoy, tras seis años de investigación, la causa está atascada antes incluso de plantearse la posibilidad de celebrar el juicio, debido a la batería de recursos que han presentado las decenas de afectados y que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid.

En abril de 2017, Asuntos Internos activó una investigación ante la sospecha de que algún agente estaba filtrando datos sensibles de famosos —como antecedentes policiales o número de matrículas— a Sálvame, de Telecinco (Mediaset). Las averiguaciones condujeron a Ángel Fernández Hita, un policía de la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid, que había tejido amistad con el paparazi Gustavo González, un colaborador del programa. El caso se judicializó en abril de 2018, y el instructor imputó a Hita por facilitar esa información confidencial al periodista, así como de forma tangencial a otros dos funcionarios del cuerpo: un compañero que mantiene que Hita usaba a veces su ordenador y otro que había llamado al principal sospechoso para hacerle consultas de datos.

Para entonces, la policía ya les había abierto un expediente disciplinario a los tres. Pero este, una vez iniciada la causa judicial, no se puede resolver hasta que acabe el procedimiento en los tribunales, ya sea con una sentencia de culpabilidad firme, con la absolución o con el archivo de las imputaciones. Por ello, la Unidad de Régimen Disciplinario mantiene en suspenso esas diligencias internas y, el pasado diciembre, se dirigió al juzgado para preguntar al magistrado Sexmero cómo se encontraba el asunto. “Se solicita que se tenga a bien a informar si, en la actualidad, se siguen diligencias penales contra dichos funcionarios y los delitos que se les imputan. Y, de ser afirmativa la respuesta anterior, la situación procesal del mismo, así como remisión del testimonio literal de la sentencia firme con indicación de su firmeza, dictada o que en su día se dicte”, expone la inspectora encargada del expediente, según la comunicación a la que tuvo acceso EL PAÍS.

El problema en este caso radica en que, seis años después del inicio de las pesquisas de Asuntos Internos, la instrucción se encuentra atascada, pese a que el juez la da prácticamente por finiquitada desde hace casi un año. En la primavera de 2022, cuando el magistrado se preparaba para dictar el auto donde debe proponer a quién sentar en el banquillo, salió a la luz la investigación y comenzaron a publicarse detalles del sumario, que hasta entonces había pasado desapercibido. A su vez, se había ordenado a la Policía que buscara a los perjudicados por las filtraciones (más de 180, según un informe) y les ofreciera personarse. Esto provocó un aluvión de afectados, que se tradujo en la presentación de numerosos escritos y recursos, que la Audiencia Provincial de Madrid está resolviendo poco a poco.

Además de a los policías, el juzgado mantiene imputados al paparazi Gustavo González, a los responsables de Sálvame, a algunos de sus trabajadores y a su productora (La Fábrica de la Tele) como persona jurídica. El magistrado ha descartado a día de hoy el delito de cohecho —en un principio, la policía creía que se retribuía a Hita a cambio de la información confidencial, pero fuentes jurídicas detallan que el juez opina que no se ha puesto ninguna prueba sobre la mesa que apunte en esa dirección—, y ahora debe decidir a quién sienta en el banquillo por revelación de secretos. La defensa del programa mantiene que le ampara el derecho a la libertad de información y que el policía solo era una fuente.