El juez deja en libertad a Pompeyo González, el jubilado “prorruso” acusado de enviar cartas pirotécnicas a Sánchez y Robles

El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado la puesta en libertad de Pompeyo González, el jubilado investigado por el envío de seis cartas con material pirotécnico en 2022 a, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y a las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU. El magistrado le obliga a comparecer cada semana en un juzgado, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país; pero cons...

El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado la puesta en libertad de Pompeyo González, el jubilado investigado por el envío de seis cartas con material pirotécnico en 2022 a, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y a las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU. El magistrado le obliga a comparecer cada semana en un juzgado, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país; pero considera excesivo mantenerlo encerrado antes de juicio, ya que no aprecia riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de que vuelva a cometer delitos. En su decisión, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía, Calama ha valorado la “avanzada edad (74 años)” del imputado.

Pompeyo González, un enterrador jubilado de Miranda de Ebro (Burgos), fue detenido el 25 de enero, después de que la Policía Nacional siguiera durante varios meses el rastro de sus supuestas acciones. Tras su arresto, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional el 27 de enero, acusado de seis delitos de terrorismo. La investigación le atribuye el envío de cartas que contenían en su interior “cajas de madera manufacturadas a mano” con un “artefacto casero” pirotécnico, y que tuvieron como destinatarios a Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; a los embajadores de Ucrania y Estados Unidos, Sergi Pohoreltsev y Julissa Reynoso, respectivamente; al director de la empresa de armamento Instalaza, fabricante de los lanzagranadas C-90 que España envió al Gobierno de Volodímir Zelenski como parte de la ayuda militar a Ucrania, y al responsable del Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

De las seis cartas, solo deflagró una de ellas: la recibida en la legación ucrania, que causó heridas leves a un trabajador. Del resto, cuatro fueron detonadas por los expertos en explosivos de la policía y la última, recibida en la base aérea, se neutralizó, lo que permitió a los agentes recuperar íntegramente su contenido, facilitando las pesquisas. Los investigadores siguieron también el rastro de los sobres y los sellos.

Al detener a Pompeyo González, la Policía Nacional lo calificó como un lobo solitario, que se había radicalizado a favor de Rusia con la guerra de Ucrania, aunque en un comunicado no descartaba que “pudiera estar influido por otros actores”. De hecho, en un primer momento, el juez Calama consideró crucial ese extremo, ya que apreció un posible riesgo de fuga. Según expuso, esa afinidad con Rusia podría facilitar “su huida” a ese país, “recibiendo ayuda de ciudadanos de dicho [Estado]” por “la trascendencia de sus violentas acciones como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania”.

El instructor concluyó que González, que había trabajado como funcionario del Ayuntamiento de Vitoria, pretendía “alterar gravemente la paz pública” y “obligar a los poderes públicos en nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa”. Según el sumario, consultaba de forma habitual portales de noticias rusos, como Russia Today y Sputnik News; así como páginas web sobre armas y productos químicos —en su casa le encontraron material similar al utilizado para elaborar los seis artefactos enviados—. También usaba aplicaciones rusas, como VK (siglas de Vkontakte, una de las redes sociales más grandes del mundo, bajo control del Kremlin desde diciembre de 2021).

Todos esos factores provocaron que el juez acordase su prisión provisional en enero. Pero ahora considera que parte de los riesgos se han atenuado y que “pueden adoptarse otras medidas cautelares de menor relevancia”. Calama apunta que “no existe un riesgo actual de destrucción de fuentes de prueba, toda vez que ya se han efectuado las diligencias de instrucción más relevantes para la obtención de los indicios de criminalidad”. El magistrado apostilla que Pompeyo González “no tiene antecedentes penales”, “no existen indicios que apunten a una posible reiteración delictiva” y “tiene domicilio conocido en Miranda de Ebro, y arraigo acreditado en dicha localidad”.