Los vocales progresistas del Poder Judicial se debaten entre mantener vivo un órgano en descomposición o buscar el colapso

La dimisión, el pasado miércoles, de uno de los ocho vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —Concepción Sáez, elegida en su día a propuesta de IU— ha reabierto un debate que la mayoría de los consejeros del órgano llevan años rehuyendo: la posibilidad de una dimisión en bloque como forma de precipitar el colapso de la institución y forzar así su renovación, pendiente...

La dimisión, el pasado miércoles, de uno de los ocho vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —Concepción Sáez, elegida en su día a propuesta de IU— ha reabierto un debate que la mayoría de los consejeros del órgano llevan años rehuyendo: la posibilidad de una dimisión en bloque como forma de precipitar el colapso de la institución y forzar así su renovación, pendiente desde hace más de cuatro años. El actual mandato del CGPJ caducó en diciembre de 2018 y, desde entonces, algunos sectores de la judicatura reclaman la dimisión colectiva de sus miembros, pero los vocales siempre han enfriado esa opción calificándola de “irresponsable”. La renuncia de Sáez, sin embargo, ha causado un incendio que ahora nadie esperaba. La mayoría del bloque progresista cree que ya no se puede aliviar con agua y que no queda otra que salir para facilitar la demolición. Pero pocos creen que prospere esa iniciativa.

La próxima semana será clave para el futuro del Consejo. Por primera vez desde que se quedó en funciones —instalado en el bloqueo al resistirse el PP a negociar con el Gobierno la renovación— sus miembros se dividen, además de entre conservadores y progresistas, entre quienes insisten en mantener con vida a un órgano que todos ven agonizante y quienes quieren darle el golpe de gracia. El debate ha surgido entre los ocho vocales progresistas, de los que cinco —la propia Sáez y cuatro propuestos por el PSOE: Rafael Mozo, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga— están más abiertos a renunciar; y tres —Roser Bach, Mar Cabrejas (ambas propuestas por el PSOE) y Enrique Lucas (por el PNV)— apuestan por quedarse.

Pero entre ellos también hay matices y, mientras algunos como Cuesta, impulsor el pasado jueves de la idea de una renuncia “coordinada”, se manifiestan claramente partidarios de la salida, otros tienen dudas porque no están convencidos de que su marcha vaya a tener el efecto deseado. “Nadie nos asegura que, si nos vamos nosotros, se vaya a renovar el Consejo. Debería ser así, es lo lógico, pero aquí las cosas no funcionan por lógica”, advierte un consejero de este sector, en referencia a las ocasiones en que parecía que todo abocaba a la renovación pero el PP acabó bajándose del tren del acuerdo con el Gobierno cuando ya estaba casi en marcha. “Lo peor que podría pasar es que nos fuéramos todos los progresistas y se quedara un CGPJ controlado en exclusiva por los conservadores a la espera de ver qué pasa en las elecciones”, sostiene este miembro del órgano.

Este temor, que es el que han esgrimido la mayoría de los vocales progresistas en los últimos años para justificar su rechazo a dimitir, es el que alegan también los consejeros de este grupo que siguen siendo hoy reacios a renunciar. “No tengo claro que sirviera de mucho. Aunque no haya quórum para formar el pleno, podrían seguir funcionando con la comisión permanente”, subraya un vocal de este sector, en referencia al principal órgano de decisión al margen del pleno y que, en la práctica, desde que el CGPJ perdió por ley su capacidad para hacer nombramientos discrecionales estando en funciones, toma la mayoría de las decisiones importantes del órgano.

Ahora mismo el Consejo está formado por diez miembros conservadores y ocho progresistas, incluido el presidente (que serán siete cuando se materialice la anunciada dimisión de Sáez). Así como la ley dice que la constitución del pleno requiere un quórum mínimo de diez vocales más el presidente —lo que abocaría a la parálisis si dimiten los ocho progresistas—, hay dudas sobre en qué situación quedaría la permanente. No obstante, hay muchas decisiones que, tras ser tomadas por la permanente tienen que ser ratificadas por el pleno y otras que competen solo a este órgano, como la aprobación de los informes sobre anteproyectos de ley, la aprobación del presupuesto o la resolución de los expedientes disciplinarios con sanciones más graves. Si hasta ahora los vocales han defendido que su permanencia en el puesto está garantizando que la justicia funcione con cierta normalidad, si el pleno no pudiera constituirse las consecuencias ya sí que serían palpables, asume un vocal conservador.

Nadie se atreve a vaticinar si la propuesta del vocal Cuesta será secundada por todo el grupo —requisito necesario para dejar al pleno sin quórum—, aunque la mayoría cree que no ocurrirá así. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de tendencia progresista y a la que están ligados la mayoría de los vocales jueces de este sector, ha vuelto a reclamar este sábado la renuncia “inmediata” de todos los consejeros. Lo contrario, según la presidenta de esta asociación, Ascensión Martín, los convertirá en “cómplices de una situación inaceptable”.

La decisión de Cuesta de promover la marcha “coordinada” de todo el grupo a las pocas horas de la salida de Sáez ha molestado a algunos vocales de este sector. “Esto se habla con pausa, no se pueden hacer las cosas así”, señala uno de ellos. Algunos se reconocen desconcertados por el hecho de que la dimisión, en octubre pasado, de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ desde 2013, no provocara una reacción en cadena y sí la pueda provocar ahora la de Sáez.

Pero la mayoría de los vocales consultados admiten también que la marcha de Lesmes se vio como un símbolo, como un mensaje desde el más alto cargo del Poder Judicial al Poder Legislativo para que tomara conciencia de la situación, y que, de hecho, precipitó el último intento —también fallido— de desbloqueo del CGPJ por parte de PSOE y PP. La renuncia de Sáez, sin embargo, es una decisión individual, que, de alguna forma, interpela a todos. La mayoría de los vocales, incluso los de su grupo, se enteraron de su dimisión por la prensa y admiten que enseguida vieron que el foco se ponía otra vez sobre ellos.

“A mí ni Lesmes ni Concha [en referencia a Sáez] van a darme lecciones de dignidad”, exclamó airado el vocal Cuesta durante la reunión de la comisión permanente, el pasado jueves, horas después de que se conociera la dimisión de Sáez, según fuentes de ese órgano. Un mensaje en el que insistió en el whastapp enviado tras esa reunión al resto de vocales progresistas: “No estoy dispuesto a recibir lecciones cuando me siento tan atado a esta institución por su no renovación como quienes ya han dimitido”.

Pero aunque la marcha de Lesmes no abriera dentro del órgano el debate sobre la dimisión colectiva, sí que, para muchos, fue el principio del proceso de descomposición. La designación como sustituto del consejero de más edad, el progresista Rafael Mozo, fue pactada como una decisión a corto plazo dando por hecho que las conversaciones que iniciaron socialistas y populares tras la dimisión de Lesmes darían sus frutos. Pero ese enésimo fracaso de la negociación ha alargado en el tiempo la presidencia de Mozo, que, según miembros de ambos sectores, se encuentra “cómodo” en el puesto pero no cuenta con la autoridad que tenía Lesmes. Ni entre los miembros de su grupo ni entre los conservadores, que se mantienen a la espera de que en julio Mozo tenga que jubilarse al cumplir los 72 años y sea sustituido por un vocal conservador, en principio el siguiente de mas edad, Vicente Guilarte.