El constructor ‘fantasma’ que se forró con obras para la Guardia Civil

El 20 de octubre de 2020, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil aún investigaba en secreto el caso Cuarteles, la trama de amaño de obras en instalaciones del instituto armado en la que está imputado el teniente general retirado Pablo Vázquez Jarava. Entonces, el centro de las pesqui...

El 20 de octubre de 2020, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil aún investigaba en secreto el caso Cuarteles, la trama de amaño de obras en instalaciones del instituto armado en la que está imputado el teniente general retirado Pablo Vázquez Jarava. Entonces, el centro de las pesquisas no era aún el alto mando de la Guardia Civil, sino un constructor canario llamado Ángel Ramón Tejera de León, Mon, tres de cuyas empresas habían resultado beneficiadas con un elevado número de adjudicaciones. Ese día, los agentes entregaron al juez un informe en el que detallaban las pesquisas sobre la situación económica del constructor, que en 2016 había conseguido que sus mercantiles recibieran 80 contratos del instituto armado por un valor cercano a 1,4 millones de euros. El resultado era sorprendente: “[Tejera de León] no tiene percepciones, ni cuentas corrientes, ni actividades económicas, ni vehículos”, resaltaba el documento. Era, prácticamente, un fantasma desde el punto de vista patrimonial. EL PAÍS ha intentado contactar con el contratista a través de su abogado para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

El sumario del caso Cuarteles recoge otros ejemplos de la peculiar situación financiera de Tejera de León, quien figura en el Registro Mercantil como administrador actual o antiguo de 10 sociedades, de las que en dos aparece además como socio. Entre ellas se encuentran Angrasurcor, Solocorcho y CanaryCork, mercantiles adjudicatarias de 193 contratos de la Guardia Civil por un total de 3,3 millones de euros. En un informe, Asuntos Internos destaca el llamativo emplazamiento de las sedes sociales de estas tres compañías. Estas se ubican en apartamentos, garajes y chalés que, recalca la Guardia Civil con un amplio despliegue fotográfico, no pueden ser ni “centro de trabajo” ni “centro de actividad empresarial”. En su declaración ante el instituto armado de junio de 2019, Tejera de León justificaba que estos emplazamientos eran, en realidad, “solamente el domicilio fiscal [...], sin que en los mismos se encuentren materiales o medios técnicos de labores propias de la dedicación empresarial”.

Las cuentas corrientes de estas tres mercantiles registraron importantes ingresos durante lo que la Fiscalía califica como “los dos años más intensos” de la trama, en referencia a 2016 y 2017. En ese periodo, los depósitos bancarios contabilizaron entradas por un total de 1,7 millones de euros como pago por obras en cuarteles de la Guardia Civil. En ese mismo periodo, de estas cuentas se retiraron 450.000 euros en efectivo y se cargaron a ellas cerca de 15.000 euros que el contratista gastó en agasajar con viajes y estancias de hotel al general Vázquez Jarava, el otro presunto cabecilla de la trama y con el que ha admitido tener una estrecha relación.

Los informes de la Guardia Civil recalcan que Tejera de León ―cuyo nombre aparece en el caso Mediador como participante en una reunión con implicados de esta otra trama en la que los presuntos cabecillas son otro general del instituto armado, Francisco Espinosa, y el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni― se hacía con las adjudicaciones con presupuestos elaborados “sin visitar los cuarteles” y que, posteriormente, “no supervisaba los trabajos que realizaban los trabajadores”, como reconoció él mismo ante los investigadores. Una dejadez que se transformaba en celeridad cuando se trataba de cobrar. Una agente en cuyo cuartel hizo trabajos el contratista testificó que este “a veces traía al mismo tiempo los presupuestos y las facturas”.

De hecho, 12 facturas por trabajos de pintura en cinco cuarteles de Ávila que aparecen fechadas entre el 8 y el 9 de noviembre de 2016 recibieron el visto bueno del responsable de la comandancia y entraron en el Registro de la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila para su cobro en menos de 24 horas. Otro guardia civil admitió que se llegaron a pagar al constructor facturas “sin que se hubiesen realizado las obras”. El propio contratista admitió en su declaración en el juzgado la “existencia de importes en facturas que no se correspondían con lo realmente ejecutado”, aunque lo intentó justificar asegurando que lo compensaba con trabajos extras en otros cuarteles.

Asuntos Internos pone en uno de sus informes el foco en un trabajo adjudicado a Angrasurcor, cuyo objeto social es “la realización de reformas e impermeabilizaciones”. La Guardia Civil destaca que, pese a actividad declarada, esta mercantil se hizo, en 2017, con el concurso para demoler con carácter de urgencia el cuartel de Garachico, en la isla de Tenerife, por 168.524 euros. Sin embargo, los trabajos nunca los hicieron trabajadores de la firma, sino que el empresario subcontrató a dos empresas de la isla, Demoliciones y Derribos Tenerife y Excavaciones Nino, para hacerlo. Ambas cobraron por ello 62.000 euros, por lo que Tejera de León se embolsó un beneficio superior a los 100.000 euros.

No fue la única adjudicación en la que subcontrató a otras empresas. Un segundo empresario, también imputado en la causa, aseguró que hizo los trabajos de pintura que le habían adjudicado a Tejera de León en un cuartel de Extremadura. Y un cabo de la Guardia Civil reveló la falta de medios con la que los trabadores que enviaba Tejera de León afrontaron las obras en el cuartel de Navarredonda de Gredos (Ávila). Este agente afirmó que las personas que el constructor envió para impermeabilizar la fachada y la cubierta de esta instalación llegaron “sin ningún tipo de material de pintura” y que tuvo que ser el guardia civil el que les ayudara a adquirirla e, incluso, a alquilar la maquinaria. Por este trabajo, el contratista se embolsó 50.000 euros.