El Gobierno vasco ejecuta el despido de los exdirigentes del PNV condenados por corrupción en el ‘caso De Miguel’
Alfredo de Miguel, principal condenado por una trama de comisiones ilegales, debe ingresar en prisión antes de 10 días para cumplir una pena máxima de nueve años
El Gobierno vasco comunicará este jueves el despido de los exdirigentes del PNV Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, que seguían trabajando en sendas empresas públicas dependientes de la Administración autónoma, tras recibir el auto judicial que hace firme la pena de prisión a la que fueron condenados por su implicación en el mayor escándalo de corrupción juzgado en Euskadi, conocido como caso De Miguel. El Ejecutivo vasco ha esperado a recibir hoy oficialmente la resolución adoptada por la Audiencia de Álava que...
El Gobierno vasco comunicará este jueves el despido de los exdirigentes del PNV Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, que seguían trabajando en sendas empresas públicas dependientes de la Administración autónoma, tras recibir el auto judicial que hace firme la pena de prisión a la que fueron condenados por su implicación en el mayor escándalo de corrupción juzgado en Euskadi, conocido como caso De Miguel. El Ejecutivo vasco ha esperado a recibir hoy oficialmente la resolución adoptada por la Audiencia de Álava que hace efectivas las penas impuestas a los 15 implicados en esa trama de cobro de comisiones ilegales.
La Sección Segunda de la Audiencia alavesa ha dictado los autos de firmeza y de ejecución de sentencia de las condenas impuestas el pasado enero por el Tribunal Supremo. La resolución da diez días de plazo para que tres excargos del PNV de Álava (De Miguel, Otxandiano y Aitor Telleria) y el exdirector de Juventud del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles ingresen en la cárcel. El alto tribunal impuso a De Miguel, principal enjuiciado como cerebro de la trama, una pena total de 12 años y cuatro meses de prisión, de los que tendrá que cumplir un máximo de nueve años. Sus colaboradores Ochandiano y Tellería, también con responsabilidades políticas en el PNV, han sido condenados a siete años y medio de prisión (de los que cumplirán como máximo seis años y nueve meses), y a cinco años y un mes de cárcel, respectivamente.
El Gobierno vasco ha esperado a conocer el auto que obliga a ejecutar estas sentencias para ordenar este mismo jueves los despidos laborales de De Miguel y Otxandiano. El primero continuaba trabajando en la Fundación Hazi desde que fue detenido en marzo de 2010. El segundo, que se encuentra de baja, también será despedido de su trabajo en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava). Ambos organismos son dependientes del Departamento de Desarrollo Económico del Ejecutivo autónomo. La consejera del ramo, Arantxa Tapia, ha asegurado a los periodistas que irán “con el auto en la mano” para comunicarles el despido.
La consejera ha afirmado que lo relevante de este asunto no es el despido de estos dos condenados, sino el hecho de que se pone fin a un “proceso excesivamente largo”. “Lo más importante es cerrar este caso de la mejor manera posible y finalizar con toda la situación que hemos vivido de interinidad y de no poder ejecutar la sentencia”, ha subrayado.
De Miguel fue diputado foral de Administración Pública de la Diputación alavesa y miembro del máximo órgano del PNV de ese territorio. La resolución del Supremo considera que dirigió una red de comisiones ilegales utilizando la influencia que los exdirigentes nacionalistas tenían con personalidades de relevancia en la administración autonómica y municipal para favorecer que determinados organismos también regidos por miembros del PNV adjudicaran contratos de obras y servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.
Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Esas sociedades aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron a nombre de testaferros, según precisó el alto tribunal en su fallo. Los miembros de la Ejecutiva alavesa han sido condenados por tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.