‘Caso Mediador’: el general de la Guardia Civil ocultaba 61.110 euros en una caja de zapatos y escondidos entre la ropa

El general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, uno de los presuntos cabecillas de la trama corrupta desmantelada en el caso Mediador, atesoraba en su casa en Madrid 61.110 euros en efectivo ocultos en una caja de zapatos y entre ropa en armarios, según detalla el auto por el que la jueza que instruye la causa ordenó su ingreso en prisión preventiva. Los agentes que realizaron el registro también localizaron documentación que refleja una contabilid...

El general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, uno de los presuntos cabecillas de la trama corrupta desmantelada en el caso Mediador, atesoraba en su casa en Madrid 61.110 euros en efectivo ocultos en una caja de zapatos y entre ropa en armarios, según detalla el auto por el que la jueza que instruye la causa ordenó su ingreso en prisión preventiva. Los agentes que realizaron el registro también localizaron documentación que refleja una contabilidad b que recogía las supuestas mordidas recibidas por el alto mando del instituto armado por sus gestiones para favorecer a empresarios.

Durante la diligencia, los investigadores también hallaron indicios que apuntan a que Espinosa tiene una cuenta bancaria en Bélgica que no tenía declarada al fisco. Según la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, todo ello revela “un evidente afán por parte del funcionario en ocultar o encubrir las ganancias que ilegítimamente obtuviera a cambio de utilizar las influencias de ámbito empresarial que su posición profesional le otorga”. Espinosa ―que ya fue investigado en 2010 en otro caso de corrupción en Canarias, el llamado caso Unión, pero finalmente se archivó la causa contra él― es señalado por la magistrada como uno de los cabecillas de la trama, junto al exdiputado del PSOE José Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni.

El general Espinosa, al que los otros miembros de la trama apodaban Papá y Viejo, está acusado de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, y es el único de los 12 detenidos al que la magistrada ha enviado a prisión al considerar que existía riesgo de que se fugara o destruyera pruebas. La operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la que fue arrestado ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupción asentada en varias islas que se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector ganadero y lácteo, a cambio de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos.

Paquetes de 5.000 euros

La resolución judicial por la que la jueza envió a Espinosa a prisión, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, revela los nuevos indicios encontrados durante el registro de tres viviendas del general, en Madrid, Huelva y Sevilla, que refuerzan las sospechas ya apuntadas durante la investigación gracias a la confesión del mediador confeso de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, y los documentos y fotografías que este tenía en la memoria de su teléfono móvil. Estas ya apuntaban a que el alto mando recibió numerosas dádivas, entre ellas “múltiples pagos en restaurantes, establecimientos hoteleros, vuelos, tarjetas prepago, otros favores e incluso la entrega de dinero en metálico”.

En su declaración ante la magistrada, el propio general ha reconocido los encuentros con los empresarios en su despacho oficial de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, así como las comidas y los viajes a Canarias que estos le pagaban. Espinosa también ha admitido que recibió algunas tarjetas prepago con dinero y que puso en contacto a los empresarios que pagaban a la trama con otros industriales a los que él conocía en la isla de su etapa como máximo responsable del instituto armado en Gran Canaria. Esto último lo justificó como su intento por conseguir “un futuro empleo para después de su jubilación [pasó a retiro en enero de 2021]”. Lo que el general negó en todo momento fue haber recibido dinero en efectivo.

Sin embargo, la jueza no da credibilidad a esta última afirmación, y detalla en el auto todos los indicios recabados en sentido contrario. Así, la magistrada recuerda que el mediador aseguró en su declaración que el general era recompensado por sus gestiones con sobres que contenían “entre 1.500 euros y 3.000 euros” que habían aportado los empresarios. Este hecho lo liga al hallazgo de los 61.110 euros en efectivo en una vivienda del general. Y “no solo por la cantidad en sí”, sino por la forma en que fueron hallados, recalca la resolución. La jueza detalla que 30.250 euros se encontraban “en un estuche habido en el interior de una caja de zapatos”, a su vez situada dentro del armario de la habitación de matrimonio. Esta cantidad estaba distribuida en fajos de 5.000 euros. Además, en el mismo armario, dentro de un cajón, se hallaron otros 2.400 euros repartidos en distintos sobres. Y por último, en los cajones del armario de la habitación contigua, envueltos en dos rollos de ropa, otros 28.460 euros.

Tras rastrear los movimientos de las cuentas bancarias del alto mando entre 2019 y 2022, los investigadores concluyen que estas cantidades de dinero no pueden proceder de estos depósitos, donde le ingresaban tanto su nómina oficial de la Guardia Civil (y después su pensión de jubilación) como la retribución como director del Proyecto GAR-SI Sahel ―financiado por la Comisión Europea para reforzar la seguridad en Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y Chad―. Además, los agentes destacan que las cuentas reflejan extracciones de dinero en efectivo mucho menos habituales coincidiendo en el tiempo con su implicación en la trama.

Además, la Policía encontró cuatro documentos que reflejan “a modo de tablas ciertas cantidades de lo que parece ser un control doméstico de ingresos y gastos”. En este sentido, la jueza destaca que “llama poderosamente la atención el hecho de que una de las columnas que contempla dicha tabla reciba el nombre de ‘cash’ [efectivo en inglés], pero más aún las cantidades expresadas en las mismas”. La magistrada concluye que Espinosa reflejaba en estos documentos “su contabilidad A y B”, en la que la primera se ajusta a los movimientos que reflejan sus cuentas bancarias donde recibía sus retribuciones oficiales. A esta cantidad, luego le suma la cifra reflejada en la columna “cash” y que, añade, “temporalmente se ubican en el periodo de la investigación”.

El registro también ha confirmado otra de las acusaciones del mediador de la trama contra el general. Navarro había afirmado ante la jueza que, en cierta ocasión, Espinosa le facilitó la numeración de una cuenta bancaria de una entidad belga para que le ingresase allí el dinero, pero que, como estaba “un poco borracho”, le mandó horas después un mensaje para pedirle que no transfiriera nada “porque faltaban números”. El mediador aseguró que, finalmente, nunca envió dinero a esa supuesta cuenta. Durante el registro de la vivienda del general, los agentes localizaron una cartulina en la que aparecía manuscrito el número de esta cuenta, junto a otra que estaba tachada. La magistrada ha pedido ayuda a las autoridades belgas para intentar localizar este depósito.

Relación con los empresarios

La magistrada recoge en el auto numerosos indicios de que el general de la Guardia Civil se había valido “tanto de dicha condición como del cargo que antaño ostentó como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y sus relaciones”, para “ejercer como mediador”. Su papel en la trama sería la de transmitirles a los empresarios “altas posibilidades de gestión y éxito en sus proyectos, a cambio de las correspondientes e ilegítimas comisiones”. El auto de encarcelamiento constata en este sentido la relación de Espinosa y el mediador de la trama con cuatro de los empresarios investigados.

Y cita profusamente al primero en caer en las redes de la organización, Antonio Bautista —apodado por Navarro Tacoronte como El Curilla—. Supuestamente, la trama le ofreció “importantes contratos en el sector privado y acceso a subvenciones públicas” gracias a la mediación del alto mando. Como contraprestación, Bautista pagó a este y a una mujer con la que mantenía una relación sentimental un vuelo a Fuerteventura y su estancia en un hotel de la isla durante dos noches. Además, el general supuestamente exigió al empresario como “premisa innegociable” que este contratara a la mujer.

Otro punto relevante que destaca el auto es que Espinosa Navas ostentó el cargo de director del Proyecto GAR-SI Sahel, y que supuestamente se valió de ello para facilitar contratos privados a empresarios. En este sentido, cita el caso del empresario José Suárez Estévez —El Drones—, que habría resultado adjudicatario en distintos concursos en el Sahel en 2020 y 2021 por un total de 260.000 euros. La jueza también rastrea posibles bienes que Espinosa pudiera tener en los países del Sahel.