El informe de la tijera y la cadena de fallos que han permitido que un acusado de descuartizar a su esposa salga de la cárcel

Los peores presagios se cumplieron el 13 de enero. Raúl Díaz Cachón salía de la cárcel de Tahiche, en Lanzarote, con el rostro y la cabeza ocultos tras unas gafas de sol, una mascarilla y una capucha. Rodeado por cámaras de televisión, este ingeniero de 46 años dejó a su espalda cuatro años de prisión provisional (el máximo que permite la ley), desde ...

Los peores presagios se cumplieron el 13 de enero. Raúl Díaz Cachón salía de la cárcel de Tahiche, en Lanzarote, con el rostro y la cabeza ocultos tras unas gafas de sol, una mascarilla y una capucha. Rodeado por cámaras de televisión, este ingeniero de 46 años dejó a su espalda cuatro años de prisión provisional (el máximo que permite la ley), desde su detención en 2019 acusado de asesinar y descuartizar a su esposa, Romina Celeste, de 29 años. Su puesta en libertad, que se produjo tras una cadena de fallos que ha impedido celebrar el juicio a tiempo, ha conmocionado Canarias. Pero, más de un mes después de ese episodio, ninguna institución de las islas ha asumido responsabilidades, mientras empiezan a lanzarse reproches, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS.

En un acuerdo interno de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fechado el 10 de febrero y que ha enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pleno de magistrados pone en la picota al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, dependiente de la Consejería de Justicia del Ejecutivo autónomo. El Tribunal Superior considera excesivo que dicha institución tardase más de “dos años” en elaborar y enviar al juzgado un informe pericial sobre unas tijeras intervenidas al sospechoso, “que tenía por objeto dictaminar si eran aptas para desmembrar un cuerpo humano”.

Según la investigación, Raúl Díaz Cachón asesinó presuntamente a Celeste el 1 de enero de 2019. La mujer, de origen paraguayo, lo había denunciado por malos tratos en varias ocasiones desde que eran novios. Él niega el crimen y asegura que la encontró muerta, pero confesó a la policía que descuartizó su cuerpo, lo quemó y arrojó en diferentes puntos de la costa de Lanzarote. De ella solo se encontró un pulmón que apareció en la orilla.

El reproche al Instituto de Medicina Legal se produce, además, después de que el propio tribunal canario abriese una investigación interna a raíz de la puesta en libertad de Díaz Cachón, y descartase cualquier “responsabilidad” de las tres juezas instructoras que han llevado el caso. Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y encargado de estas pesquisas, concluyó que durante cuatro años la causa “en ningún momento ha estado paralizada”. Lo plasmó en un informe “reservado” que presentó ante la Sala de Gobierno a finales de enero. Entonces, en el comunicado hecho público sobre este, el Tribunal Superior de Justicia solo pasaba de soslayo sobre “alguna anomalía [detectada] en la excesiva duración de la elaboración de algunos informes periciales, [...] que se debería evitar”. Sin concretar más.

Tras conocerse las conclusiones de Moya, la abogada de la familia de la víctima, Emilia Zaballos, ya calificó de “vergonzoso” el informe: “Protege a todos los jueces que tiene por debajo de él. Las irregularidades son patentes e intenta tapar el mal trabajo realizado de instrucción”. “La instrucción del caso se ha dilatado por pruebas inútiles”, apostilló la letrada: “La prueba [de las tijeras] no sirve para nada. Es solo para que nos digan si con esas tijeras se pudo realmente descuartizar las vísceras de Romina Celeste, que las había asado en la barbacoa. Ella está muerta, da igual cómo [la descuartizara], eso no afecta al resultado, a las penas. Perdimos dos años y medio en buscar un perito que valore algo que es imposible de valorar”.

Por su parte, el 2 de febrero, la Viceconsejería de Justicia del Gobierno canario presentó alegaciones y expuso que “los tiempos de respuesta [del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses] no pueden tildarse de excesivos si se atiende al número de informes solicitados y practicados como a la complejidad de los mismos”. Unas palabras a las que, de nuevo, ha respondido la Sala de Gobierno del Tribunal en ese otro escrito rubricado el 10 de febrero, enviado al Consejo General del Poder Judicial. En este documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, los magistrados expresan que “no comparten” la opinión del Gobierno canario e inciden en que “el tiempo transcurrido [para elaborar el informe] superó los dos años”, desde que se encargó al Instituto el análisis de las tijeras el 8 de enero de 2020 y hasta que se entregó el informe el 8 de abril de 2022.

El Tribunal Superior de Justicia confecciona, incluso, una cronología sobre lo ocurrido. Empieza el 18 de noviembre de 2019, cuando el juzgado pregunta a la Guardia Civil si las tijeras intervenidas son aptas “para desmembrar”. El 8 de enero de 2020, como el instituto armado no puede elaborar ese informe, se le encarga al Instituto de Medicina Legal. El 24 de junio, el juzgado vuelve a insistir a este organismo, que responde entonces que necesita que le envíen las tijeras. “Obsérvese que esa petición la hace a los cinco meses, y no por propia iniciativa, sino cuando se le reclama el informe por el juzgado”, apostilla el Tribunal en este punto. El 27 de agosto de 2020, el juzgado envía las tijeras al Instituto, que no remite el informe hasta el 8 de abril de 2022.

Conversación estremecedora

Díaz Cachón permanece en libertad desde el 13 de enero, cuando cumplió los cuatro años que, cómo máximo, puede permanecer encerrado de forma preventiva y a la espera de un juicio. Para evitar su posible fuga hasta que se celebre una vista oral —para la que no hay ninguna fecha en el horizonte—, se le ha retirado el pasaporte, se le ha prohibido salir de España y tiene que acudir todas las semanas a un juzgado. Sin embargo, la familia de la víctima repite que existe un alto riesgo de que huya. De hecho, su abogada pidió que las comparecencias impuestas fueran diarias, pero la Audiencia Provincial lo rechazó.

Entre los indicios recabados se encuentra una conversación interceptada por la Guardia Civil, que pinchó el teléfono al sospechoso después de que acudiera a denunciar la desaparición de la víctima —lo hizo a raíz de que la familia de Romina Celeste contactara con él para avisarle de que no conseguían hablar con ella—. En esa llamada se escucha cómo el imputado reconoce que pasó horas ante la barbacoa quemando partes de su pareja, según el sumario: “Me tiro todo el día quemando a todo trapo y la barbacoa se pone a 350 grados porque la chapa es una especie de horno. Yo no podía estar delante porque no aguanto la situación [....] El día 2 por la tarde alquilo un coche y el día 3 por la noche tiro una parte en el mar, lo que podía tirar por peso”.