La ley del ‘solo sí es sí’: el debate que nunca existió

Desde hace días no se habla de otra cosa en el Congreso, pero, cuando los diputados estaban todavía a tiempo de evitar las consecuencias “indeseadas” -como alega el Gobierno- de la ...

Desde hace días no se habla de otra cosa en el Congreso, pero, cuando los diputados estaban todavía a tiempo de evitar las consecuencias “indeseadas” -como alega el Gobierno- de la ley del solo sí es sí, el debate apenas concitó interés. En los más de diez meses que se prolongó la tramitación de la norma entre las dos Cámaras de las Cortes, se discutió mucho de presunción de inocencia o de prostitución y se hicieron chistes de dudoso gusto sobre los piropos o sobre si sería preciso acudir al notario para mantener relaciones sexuales. Una diputada del PP, Marta González, sí planteó con claridad desde el primer momento que el proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento, tras otros largos meses de acalorado debate interno entre el PSOE y Unidas Podemos, conllevaría una reducción de algunas penas para los delitos sexuales más graves. Los demás grupos apenas entraron al debate y en los meses siguientes la cuestión quedó en un segundo plano mientras el articulado de la ley se discutía en plenos y comisiones.

El proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual fue admitido a trámite por el pleno del Congreso el 14 de octubre de 2021 con una abrumadora mayoría de 205 votos. PP y Vox se quedaron solos con sus enmiendas a la totalidad, que compartían el argumento de que el texto vulneraba el derecho a la presunción de inocencia al establecer que, sin un consentimiento expreso de la mujer, un hombre podría ser acusado de agresión sexual. El asunto dio pie a que la diputada de la extrema derecha Carla Toscano protagonizase uno de los grandes momentos bufonescos de la legislatura. Enfundada en una camiseta muy ceñida con la leyenda Not me too, Toscano abrió su intervención dirigiéndose a los diputados Rafael Simancas, del PSOE, y Txema Guijarro, de UP: “¿Me ha mirado, señor Simancas? ¿me ha mirado, señor Guijarro? (…) Por esas miradas los podría denunciar por acoso”.

El PP evitó esa clase de espectáculos y planteó otra objeción de fondo: el rechazo a acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual. En ese punto, Marta González -exsecretaria general de Igualdad en la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo- hizo una advertencia que resultaría premonitoria. La nueva tipificación, sostuvo, “supone en la práctica una reducción de las penas de los delitos más violentos” y “permite una discrecionalidad en la respuesta judicial”.

Nadie replicó a la diputada popular. Toda la izquierda, los nacionalistas y también Ciudadanos se centraron en aplaudir que la ley unificase los ataques sexuales bajo el rótulo de agresiones para que nunca más, proclamaban, unos jueces rebajasen a la categoría de abuso episodios como el de La Manada. Las discrepancias entre los socios del Gobierno se habían esfumado, y la socialista Adriana Lastra se prodigó en sonoros elogios al texto de Irene Montero. Más a la izquierda, Bel Pozueta, de EH Bildu, incluso encontraba en él un exceso de “punitivismo”.

Pasó más de medio año antes de que el texto pactado con los grupos quedase listo en comisión. Durante los trabajos, la cuestión de que las nuevas tipificaciones pudiesen derivar en una rebaja de penas no estuvo del todo ausente. Hubo enmiendas de ERC o de Cs que proponían fórmulas para prevenirlo. El PP insistió en su defensa de mantener la doble tipificación anterior. Pero no constituyó el asunto central de debate. En la recta final de la redacción, se desató lo que la diputada de ERC Pilar Vallugera calificó de “batalla campal entre feministas” por la pretensión del PSOE de introducir en el proyecto medidas contra la prostitución de tintes abolicionistas. El dictamen se votó el 18 de mayo entre advertencias de los aliados del Gobierno de que o se retiraban los artículos sobre la prostitución o dejarían caer la ley. De nuevo fue la popular González la única que avisó sobre una “rebaja de penas en los delitos más graves”, aun reconociendo: “Es algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes han redactado este texto, pero al final será una consecuencia sobrevenida”.

El PSOE renunció a sus pretensiones para facilitar que, ocho días después, el 26 de mayo, el pleno del Congreso aprobase el texto con 201 votos a favor -PSOE, UP, ERC, Cs, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís, BNG y Teruel Existe-, 140 en contra y tres abstenciones. La polémica sobre el comercio de sexo aún no se había apagado y hasta la pertinaz González señaló que la posible rebaja de penas pasaba a “un segundo plano” ante la denuncia de que la ley consagraba la “impunidad de la prostitución”. La ministra Montero reflexionó, sin entrar en detalles sobre los castigos previstos: “Claro que las herramientas del feminismo no son fundamentalmente punitivas. Pero necesitamos que el Código Penal también sea feminista y nos ayude a defendernos”. La ultra Toscano se dedicó esta vez a deplorar la proscripción del piropo callejero y confesó con orgullo que a ella le encanta que la jaleen al grito de “eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil”.

La ley pasó al Senado y allí el PP puso sordina al asunto de la rebaja de los castigos en favor de la denuncia de que la ley acababa con la presunción de inocencia del hombre. Cuando el texto se votó en comisión, el 12 de julio, el representante popular Jaime de los Santos aludió de pasada a la “reducción de penas” para de inmediato precisar que eso no era lo más relevante: “Quizá lo más sorprendente -y, por tanto, las enmiendas más importantes de mi grupo van en esa dirección- es la inversión de la carga de la prueba”. Seis días después, en el pleno de la Cámara alta, el PP volvió a pasar de puntillas por el asunto de las penas y el discurso de su senadora Adelaida Pedrosa se centró en acusar al Gobierno de “instrumentalizar el dolor de las víctimas”. Los populares consumaron una maniobra para que el proyecto tuviese que pasar un último trámite en el Congreso al facilitar la aprobación de una enmienda de Junts con una mera corrección lingüística a un artículo.

El Congreso habilitó el 25 de agosto a fin de dejar lista la ley para su envío al BOE. Ese día nadie habló de reducción de penas. Al contrario, Sara Giménez, de Cs, se felicitó por el aumento de castigos a las violaciones grupales y a las agresiones previa sumisión química. Ni siquiera la popular González trató esta vez el asunto y agotó su tiempo en criticar una campaña del Ministerio de Igualdad sobre los estereotipos físicos en las playas. Lo que no faltó fue la nota de Toscano, incansable defensora del varón hispano, víctima, según ella, de un “apartheid sexual”.