Vox copió el protocolo de Castilla y León de la ley antiabortista del ultra húngaro Orbán
La nueva legislación del Gobierno de Budapest obliga a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de decidir si interrumpen su embarazo
El anunciado nuevo protocolo antiabortista de Castilla y León, por el cual se instará a partir de este lunes a los médicos de esa comunidad a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto y contemplar una ecogr...
El anunciado nuevo protocolo antiabortista de Castilla y León, por el cual se instará a partir de este lunes a los médicos de esa comunidad a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto y contemplar una ecografía 4D (con imagen en movimiento), además de recibir asistencia psicológica, no es ningún invento de Vox. Las medidas impuestas por el partido ultra al presidente Alfonso Fernández Mañueco, del PP, con quien gobierna en coalición, se inspiran directamente en la nueva legislación contra el aborto del primer ministro húngaro Viktor Orbán, expulsado del Grupo Popular europeo por su deriva antidemocrática y uno de los principales aliados europeos de Santiago Abascal. La medida de Castilla y León fue contestada el domingo por el Gobierno, que instó a la Junta a paralizarlo.
El 15 de septiembre entró en vigor en Hungría una nueva norma que obliga a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo a aportar un informe médico que acredite que han sido confrontadas, “de manera clara e identificable, con las constantes vitales” del feto. Es decir, que han escuchado los latidos de su corazón. Además, deben recibir asesoramiento en materia de adopciones y ayuda a la maternidad antes de practicarse el aborto.
Todas estas medidas las ha justificado el Gobierno húngaro como parte del “consentimiento informado” requerido a las mujeres que deciden abortar. Es el mismo argumento que ofreció el jueves el vicepresidente castellanoleonés y máximo cargo institucional de Vox, Juan García-Gallardo, cuando anunció estas medidas: que las embarazadas tomen su decisión “de manera más consciente”. Hay, sin embargo, una diferencia notable entre la ley húngara y el protocolo castellanoleonés: mientras en el primer caso es un requisito indispensable, sin el que no es posible acceder a la interrupción del embarazo, en el segundo se trata de una mera recomendación que las mujeres no están obligadas a seguir.
La diferencia no responde a que Orbán sea más antiabortista que Vox sino a que una comunidad autónoma no puede vulnerar una ley estatal y su margen de maniobra es menor. El partido ultra no oculta, sin embargo, que su propósito es derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y también la de eutanasia, en cuanto pueda. La Agenda España, el programa político de Vox, proclama como uno de sus objetivos “salvaguardar jurídicamente el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, comenzando con la derogación de la ley de Eutanasia y de la ley de aborto libre”. Mientras tanto, se propone “garantizar la información, apoyo y alternativas necesarias para todas aquellas madres [sic] con un embarazo problemático e inesperado”.
Los movimientos provida o no choice (no elección), como los denomina el Parlamento Europeo, han cambiado de táctica y, en vez de buscar objetivos maximalistas, como la supresión del derecho al aborto, han optado por dificultar cada vez más su ejercicio. Orbán, consciente de que dos tercios de los húngaros apoyan el derecho al aborto, reconocido en su país desde 1953, no se ha atrevido a derogarlo, sino que lo ha convertido en una carrera de obstáculos, obligando a escuchar el latido fetal, como en algunos Estados de EE UU donde gobierna el ala más ultra del Partido Republicano. En Polonia, el partido Ley y Justicia, aliado de Vox, ya ha prohibido el aborto en el 90% de los casos.
Madrid albergó el 17 de diciembre, el II Foro Europeo por la Vida, organizado por el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), en el que se sientan los eurodiputados de Vox junto a los ultracatólicos polacos o los italianos de Georgia Meloni. En dicho foro, la diputada autonómica madrileña Gádor Joya aseguró que, “cuando Vox gobierne, hay que derogar esas leyes nefastas, sin duda, pero mientras tanto se puede hacer muchísimo más. Podemos llevar a cabo políticas que, mientras [esas leyes] estén vigentes, puedan paliar sus efectos”, alegó. “Tienen que ser iniciativas técnicas, prácticas y difíciles de rechazar, que les pongan contra las cuerdas”, apostilló esta doctora que saltó a la fama por plantarse ante las clínicas donde se practican abortos con un ecógrafo e invitar a las gestantes a escuchar el latido del feto. Entre los participantes en el foro estaba Eniko Gyori, eurodiputada de Fidesz, el partido de Orbán, a quien se presentó como representante de un país modélico que obliga a los médicos a comunicar a las mujeres su embarazo con estas palabras: “¡Enhorabuena! Está usted embarazada”.
Para Vox, el derecho al aborto no puede ser aceptado ni siquiera si democráticamente así se decide. En el mismo foro, Lourdes Méndez Monasterio, exdiputada del PP y ahora del partido ultra, aseguró que en este asunto “no puede haber consenso. El valor de la vida no se puede poner al albur de lo que vote la mayoría, como sucede ahora en España”.