La tercera Cámara

El fondo de la disputa entre el Tribunal Constitucional (TC) y el poder legislativo ha quedado dramáticamente en evidencia, por muchos esfuerzos que haga el PP para vincular la resolución con la propuesta de modificación del Código Penal. Lo ha puesto de manifiesto el hecho que el Senado haya decidido continuar con la votación de los acuerdos del Congreso, entre los que figura la modificación de la sedición y de ...

El fondo de la disputa entre el Tribunal Constitucional (TC) y el poder legislativo ha quedado dramáticamente en evidencia, por muchos esfuerzos que haga el PP para vincular la resolución con la propuesta de modificación del Código Penal. Lo ha puesto de manifiesto el hecho que el Senado haya decidido continuar con la votación de los acuerdos del Congreso, entre los que figura la modificación de la sedición y de la malversación, y lo ha rematado la torpeza, que ya empieza a ser habitual, de Alberto Núñez Feijóo al proponer al Gobierno negociar la renovación de los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Constitucional, si el Ejecutivo accedía a paralizar la reforma del Código Penal. Así que iba de esto, de evitar a todas costa que se pudiese desbloquear el nombramiento de aquellos miembros que vinieran a substituir a los que tienen su mandato caducado, tanto en el órgano de gobierno de la judicatura como en el alto tribunal.

Los esfuerzos del Gobierno y de los medios no afines al PP, recordando a los populares su deber constitucional de no entorpecer el natural funcionamiento de los órganos constitucionales va a caer en saco roto otra vez. Es más, vamos a seguir oyendo como Feijóo y los suyos se atribuyen un papel de vigilancia de los preceptos constitucionales frente a un Gobierno al que siempre se le va a presentar como sospechoso de deslealtad a la Constitución. La desesperación de académicos y de simples demócratas aumenta en paralelo al cinismo de los portavoces del primer partido de la oposición, erigidos en adalides del texto de 1978 que ellos mismos incumplen de forma reiterada.

Hará bien el Gobierno de guardarse de promover nuevos intentos para atraer al PP al respeto constitucional, puesto que el objetivo de los populares ya ha quedado del todo al descubierto: su intención es la de preservar a toda costa el equilibrio favorable en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial. En este sentido, hay que admitir que la derecha es coherente con su voluntad de tener en el entramado institucional un órgano que le sea permanentemente fiel, y desde el cual poder dominar el proceso político, aun no disponiendo del respaldo electoral para hacerlo.

Ya en la discusión constitucional, los grupos de la derecha abogaron por el mantenimiento de una Cámara alta, que hiciera de contrapeso al Congreso de los Diputados, como muchas de las segundas cámaras de los regímenes parlamentarios del siglo XIX, que actuaban como amortiguadores de las veleidades de las cámaras de representación popular. La fórmula que se definió para la elección del actual Senado, mayoritaria en circunscripciones provinciales, con un número igual de senadores (cuatro) por cada circunscripción, con la excusa de la representación territorial, tenía como objetivo final la perpetuación de una mayoría conservadora, incluso en el hipotético caso de que hubiese una mayoría de izquierdas en el Congreso. Los representantes de la izquierda en la ponencia constitucional aceptaron ese Senado a cambio de convertirlo en una cámara hueca, sin atribuciones.

Sin una segunda cámara que actuara como reserva vigilante y agente limitador, los conservadores hace tiempo que encontraron en el Tribunal Constitucional un órgano que podía actuar como una tercera Cámara. Para ello se ha dotado al TC de instrumentos propios de un órgano legislativo y, con la excusa del conflicto territorial, ha ido tomando cada vez más un papel de actor político que va mucho más allá del de un mero intérprete de la Constitución. Esta deriva ha ido acompañada de un permanente menoscabo de los mandatos constitucionales en lo referente a su renovación, con el objetivo nada disimulado de servir a la estrategia política del PP cuando este se encuentra en la oposición en las dos cámaras legislativas. Sólo hace falta recordar que el Estatuto de Cataluña fue discutido y sentenciado por un Constitucional que guarda muchas similitudes con su configuración actual: tres miembros con el mandato caducado, un difunto no renovado y un recusado ad hoc para preservar la ventaja del sector conservador. De esos polvos…