El Poder Judicial vegeta tras cuatro años de bloqueo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que estar enfilando el último año de un mandato de cinco. Según el primer acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP en noviembre de 2018, el presidente sería el magistrado Manuel Marchena y habría 11 vocales progresistas y 9 conservadores. En la carrera judicial se estaría ya hablando de quiénes se postulan para ser vocales del próximo Consejo y los aspirantes estarían empezando a recabar apoyos entre sus compañeros para tenerlos listos a la vu...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que estar enfilando el último año de un mandato de cinco. Según el primer acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP en noviembre de 2018, el presidente sería el magistrado Manuel Marchena y habría 11 vocales progresistas y 9 conservadores. En la carrera judicial se estaría ya hablando de quiénes se postulan para ser vocales del próximo Consejo y los aspirantes estarían empezando a recabar apoyos entre sus compañeros para tenerlos listos a la vuelta del verano, cuando el Consejo tendría que enviar la lista de candidatos al Congreso y el Senado. Pero la realidad del órgano de gobierno de los jueces en España es muy distinta a la que ordena la Constitución y ese Consejo que ahora tendría que estar apurando su mandato nunca existió. En su lugar, los vocales elegidos en 2013 cumplen este domingo nueve años en el cargo, cuatro más de los que marca la ley.

Tras el último portazo del PP al pacto para renovar el CGPJ, cuando socialistas y populares lo daban ya por cerrado, el acuerdo entre los partidos se ve más lejano que nunca a las puertas de un año con elecciones municipales, autonómicas y generales. Los consejeros, que llevan cuatro años con los despachos a medio recoger, asumen como muy probable que van a permanecer en el puesto hasta 2024, cuando hayan pasado los comicios generales.

“Hemos perdido toda esperanza. La sensación es de decepción y frustración”, afirma un vocal progresista, para quien el responsable único es el Partido Popular. “Nunca pensé que un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno tenga esa ligereza a la hora de no renovar un órgano constitucional. El mayor desprestigio para España no es ni el modelo de consejo ni el de elección, sino la no renovación en sí misma”, advierte en referencia a la exigencia de los populares de cambiar el modo de designación de los miembros del CGPJ, la razón más recurrente que han alegado los populares en estos cuatro años para negarse a renovar el órgano.

Los conservadores insisten en repartir culpas entre el PP y el Gobierno, al que acusan de “boicotear” el pacto anunciando la reforma de la sedición. “La situación es vergonzosa, pero nuestra obligación es seguir”, afirma un vocal de este sector que, como la mayoría de miembros del órgano, no se plantea dimitir. Todos defienden su gestión en el día a día del órgano de gobierno que, aseguran, permite que la justicia siga funcionando con cierta normalidad pese a lo excepcional de la situación.

Pero, aunque los vocales sigan al frente, la prórroga del mandato está afectando de manera muy directa al Poder Judicial. La consecuencia más visible y que más preocupa dentro y fuera del Consejo son las 69 vacantes que se acumulan ya en la cúpula de los principales órganos, empezando por el Tribunal Supremo, por el veto legal a que el CGPJ apruebe nombramientos discrecionales mientras esté en funciones. Al margen de las plazas sin cubrir, la situación perjudica a la carrera de forma generalizada, asegura desde las asociaciones judiciales. “Estar caducado hace cuatro años hace que pierdas fuerza respecto al resto de instituciones a las que tienes que estar reivindicando medios”, lamenta María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y la mayoritaria de la carrera. De Barco pone un ejemplo reciente: en la última revisión de medidas de refuerzo para juzgados saturados o con necesidades especiales realizada por el Ministerio de Justicia, en septiembre pasado, cayeron muchas de las que estaban presupuestadas. “El Consejo ha perdido autoridad moral y así es muy difícil negociar nada”, se queja la presidenta de la APM.

Desde el lado progresista de la carrera las cosas no se ven mejor. “Casi todo funciona, pero mal”, asegura Edmundo Rodrígue, miembro del escretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD). “Como no hay impulso, no hay nuevas iniciativas, no hay un objetivo que perseguir, es un órgano que vegeta”, añade Rodríguez, que incide en la falta de respuesta del órgano a los problemas de saturación de muchos juzgados o la desidia en poner en marcha programas presenciales de formación.

Los aniversarios de mandato prorrogado del CGPJ empiezan a ser ya una (mala) costumbre, pero los vocales admiten que del anterior a este han pasado muchas cosas que han agravado la situación. La primera, la dimisión en octubre pasado del presidente, Carlos Lesmes, que ha dejado un órgano descabezado en el que la interinidad es visible hasta en las convocatorias públicas, donde junto al nombre del sustituto de Lesmes, el vocal Rafael Mozo, figuran siempre las siglas “p. s.” (presidente suplente) y que en los actos organizados en el Supremo ha dado lugar a escenas llamativas al no tener sitio reservado en la presidencia (al frente de la cual se ha situado el jefe de la Sala Primera del tribunal, Francisco Marín Castán).

La elección de Mozo, acordada por 16 de los 18 miembros del pleno y que está recurrida ante el CGPJ, fue pactada como una decisión a corto plazo dando por hecho que las conversaciones que iniciaron el PSOE y el PP el día de la dimisión de Lesmes darían sus frutos. Pero ahora la mayoría de los vocales prevén que Mozo se jubilará en el cargo el próximo mes de julio, cuando cumple 72 años, y habrá que elegir a un nuevo sustituto del sustituto. Manteniendo la tesis de nombrar al vocal de mayor edad que guió la designación de Mozo, el encargo recaería sobre Vicente Guilarte, del sector conservador.

Lesmes se fue sin cumplir su último compromiso: dejar nombrados a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir al Gobierno. Dos meses después, el sector progresista y el conservador siguen sin ponerse de acuerdo y la negociación se ha convertido, en palabras de un consejero progresista, en un “vodevil” que ahonda en la maltrecha imagen del órgano. “Hasta ahora, el desprestigio no era culpa nuestra. Nosotros estábamos cumpliendo nuestro trabajo, eran los partidos los que hacían el daño no renovando el Consejo. Pero el espectáculo de no nombrar a los magistrados del Constitucional es nuestra responsabilidad, no nos lo podemos permitir”, admite este vocal, que responsabiliza a los conservadores de ir solapando excusas desde el inicio de la negociación.

Hasta ahora, pese a sus diferencias ideológicas, el órgano se ha mantenido relativamente unido frente a las críticas y las dudas sobre su interinidad, y ha cerrado filas en las situaciones más delicadas, como tras la dimisión de Lesmes, cuando las discrepancias iniciales sobre su sucesión se zanjaron con un acuerdo amplio entre los dos grupos. Pero la posibilidad de que el CGPJ deje los nombramientos sin hacer por falta de acuerdo abriría una brecha entre los dos bloques que, admiten los vocales, puede tener consecuencias imprevisibles.