La Audiencia de Salamanca confirma la imputación del PP por presunta financiación irregular en las primarias que ganó Mañueco en 2017
El juez desestima los recursos del partido como persona jurídica, de su presidente y de su gerente
La Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la imputación del PP de Salamanca como persona jurídica, la de su presidente, Javier Iglesias, y la de su gerente, Isabel Sánchez, por la presunta financiación irregular del partido durante las primarias de 2017. Un proceso de elección interno que ganó el entonces alcalde charro y ahora presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañue...
La Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la imputación del PP de Salamanca como persona jurídica, la de su presidente, Javier Iglesias, y la de su gerente, Isabel Sánchez, por la presunta financiación irregular del partido durante las primarias de 2017. Un proceso de elección interno que ganó el entonces alcalde charro y ahora presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El magistrado ha ratificado así la decisión del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, que el pasado noviembre citó a las partes a declarar como investigados. En el procedimiento se estudia la procedencia de unos 62.000 euros —de los cuales 24.140 están “sin justificar”—, y calificados por el juez como “indicios racionales” de un supuesto delito de financiación irregular de la formación política.
El caso se retrotrae al periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2016 y el 17 de marzo de 2017, cuando la gerente amortizó una deuda de 61.937,65 euros mediante distintos ingresos bancarios. Dicha recaudación, recibida a través de cuotas pendientes de 4.900 afiliados de la provincia de Salamanca, permitió que estas personas recuperasen su derecho a voto en unas primarias en las que Mañueco derrotó al regidor de León y ahora senador, Antonio Silván, al recabar dos tercios de los apoyos en Castilla y León. El salmantino logró 4.087 sufragios contra los 1.905 de su competidor en unas primarias en las que solo participó el 13% de la militancia autonómica. El juez detallaba el pasado noviembre que una suma de 41.490 euros se abonó mediante la contribución de “cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente” para subsanar las cuentas pendientes de “afiliados morosos”. Dentro de esa cantidad se hallan los 24.140 euros no justificados y que supondrían esa donación ilegal. Las aportaciones anónimas a formaciones electorales están prohibidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.
La resolución judicial dicta que ante las diligencias efectuadas y los fallos judiciales de la Audiencia “no se dan las condiciones necesarias por lo expuesto para acordar el sobreseimiento del procedimiento la llamada del Partido Popular como investigado es lógica”. El magistrado explica que el recurso de Iglesias por su citación como investigado obedece a que “desde el momento en que resulte sospechoso de haber participado en el hecho punible”, el imputado debe decir por ley la verdad o acogerse, como ha ocurrido, a su derecho a no hablar. “La declaración en calidad de investigado del recurrente no supone vulneración de su derecho de defensa”, zanja el magistrado ante el caso de Iglesias. El pronunciamiento del juez se apoya en la posición de la Fiscalía, que se opuso a la apelación del alto cargo porque “no están determinadas claramente el origen de todas las donaciones”, pues no creen que los “meros recibos bancarios” presentados por el PP acrediten que “los reintegros fueran los destinados a las aportaciones realizadas, ello sin valorar además los recibos que temporalmente no se corresponden con la época de las votaciones”. Además, expone que varios testigos, como algunos corroborados por EL PAÍS, aluden al protagonismo de Iglesias “en la iniciativa de las donaciones”, de modo que su declaración “no se considera superflua”.
Fuentes del PP de Salamanca admitieron ante el juez que instruye el caso y confirmaron a EL PAÍS que se vieron obligadas a pagar 500 euros de su bolsillo para cubrir esas deudas y que pudiesen votar. Estos informadores recuerdan que el presidente del PP en la provincia y también jefe de la Diputación, Francisco Javier Iglesias, reunió a varios miembros del grupo conservador para decirles que “Alfonso [Fernández Mañueco] tiene que ser presidente y hay que apoyarle”, por lo que todos ellos aportaron esos 500 euros. El propio dirigente abonó 1.000 euros “en metálico” y de su “patrimonio personal”, algo que corroboran dos recibos bancarios que tiene en su poder este periódico, para liquidar esas deudas de los militantes. El mandatario, que en 2019 pactó con Ciudadanos para gobernar antes de disolver las Cortes en diciembre de 2021 y acabar aliándose con Vox, presentó un escrito ante el juez 10 días antes de la disolución del Parlamento y convocar las elecciones del 13 de febrero, en las que acabó uniéndose a la extrema derecha.
Las fechas de las citaciones ante el juez coincidieron con periodo electoral y el PP trató de difuminar el caso para que no afectara a los comicios. Isabel Sánchez se acogió a su derecho a no declarar, mientras que Iglesias alegó dolores de la vacuna del coronavirus para no acudir al juzgado y ahorrarle a su partido la imagen de un cargo entrando en un tribunal como imputado. Él también renunció a hablar. El PP de Salamanca trató de eludir responsabilidades con un comunicado en el que expresaba que el pago de deudas a terceros “está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca”.
La Fiscalía había mostrado dudas en este proceso sobre cómo el dinero se proporcionó de forma “altruista” para pagar los debes de cientos de afiliados. La denuncia llegó a instancias judiciales presentada por un supuesto Andrés Sánchez Santa Mónica y exponía que se había formado una trama en Salamanca para facilitar que Mañueco obtuviera en su provincia el máximo posible de votos. Según el escrito “las supuestas donaciones” se conocían en el PP como “impuesto revolucionario” y se hacían “en metálico y sin mediar documento, factura o acuse de recibo por escrito”. La causa se archivó, en primer término, en plenas negociaciones de PP y Ciudadanos para formar gobierno en Castilla y León en 2019, pero la reabrió la Audiencia Provincial en junio de 2020. La acusación particular en este caso la encarnan Los Verdes.