La Fiscalía y el Defensor del Pueblo reclaman a Interior más vídeos de la tragedia de Melilla

138 días después de la tragedia de Melilla, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo siguen reclamando la totalidad de las imágenes e información sobre los hechos al Ministerio del Interior. Tras la muerte de al menos 23 hombres, la mayoría refugiados sudaneses, el pasado 24 de junio, el ministerio fiscal y el Defensor abrieron sendas investigaciones. Las dos siguen cursos distintos, pero ambas están sin concluir, entre otras cosas porque conti...

138 días después de la tragedia de Melilla, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo siguen reclamando la totalidad de las imágenes e información sobre los hechos al Ministerio del Interior. Tras la muerte de al menos 23 hombres, la mayoría refugiados sudaneses, el pasado 24 de junio, el ministerio fiscal y el Defensor abrieron sendas investigaciones. Las dos siguen cursos distintos, pero ambas están sin concluir, entre otras cosas porque continúa faltando material audiovisual, según han confirmado fuentes conocedoras de los dos procedimientos. Interior afirma que desde septiembre tanto el ministerio público como el Defensor tienen todo el material. “El material del que no disponen es porque no existe”, afirman fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El 28 de junio, la Fiscalía anunció que investigaría las circunstancias en las que se produjeron las muertes. Era una investigación complicada y limitada desde el principio porque parte de los hechos ocurrieron en Marruecos y el ministerio público no puede perseguir la actuación de las fuerzas de seguridad de otro país. Los obstáculos se han hecho evidentes también a la hora de obtener documentación en Marruecos, vital para completar el puzle de la tragedia. Según fuentes de la investigación, ni siquiera se han obtenido las autopsias de los fallecidos.

La fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, que lidera la investigación, viajó a Melilla a principios de julio para entrevistarse con algunos supervivientes y guardias civiles que actuaron en la operación. También solicitó y recibió un informe de la Guardia Civil con los detalles de lo ocurrido. Las pesquisas, sin embargo, siguen sin concluirse. Fuentes conocedoras del procedimiento aseguran que se han pedido más diligencias y más imágenes que faltan de aquella jornada. En principio, el ministerio fiscal tiene hasta finales de año para concluir sus pesquisas y decidir si archiva porque no ve delito o si presenta una querella ante el juzgado.

Fuentes del Ministerio del Interior confirman que la Fiscalía cursó un requerimiento de ampliación de información a la comandancia de la Guardia Civil en Melilla y que este será respondido en breve. La contestación recogerá los planes de vuelo y las declaraciones de los operadores del dron y el helicóptero que, aseguran, explicarán los “pequeños lapsos temporales” que pueda haber en las grabaciones de ambos aparatos. El sistema que se estableció, afirman, garantizó que siempre hubiese una de las dos cámaras aéreas grabando. En el ministerio insisten en que las imágenes no tienen sonido, en referencia a una petición que habría hecho el Defensor del Pueblo para acceder al audio de las grabaciones.

Una de las cuestiones que debe investigar el ministerio público es si existió un incumplimiento del deber de socorro, una vez que los migrantes logran forzar las puertas de acceso al lado español del puesto fronterizo. En ese momento se produjo una avalancha en la que quedaron atrapadas decenas de personas. Los agentes españoles ya no se encontraban en ese lugar cuando se produjo la estampida mortal, pero la cámara de un helicóptero de la Guardia Civil sí llega a grabar ese instante en directo.

Para la Fiscalía encajar un delito de omisión del deber de socorro es “difícil”, según fuentes conocedoras de la investigación. Las mismas fuentes mencionan que los guardias civiles se encontraban “desbordados” y señalan algo que también destaca el Ministerio del Interior: que los agentes que estaban desplegados en la zona no pudieron ver la avalancha y su resultado.

Los fragmentos de los vídeos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, también muestran personas heridas y aparentemente inconscientes ya en Melilla. Los vídeos registran una secuencia en la que varias decenas de agentes de la Guardia Civil se esfuerzan en contener un enorme grupo de migrantes que lograron acceder a la ciudad autónoma tras la estampida. Aunque hay varias personas que se desploman y permanecen tiradas en el suelo, la única ambulancia que se activa se queda a 100 metros del lugar por el riesgo de ser alcanzada “por los objetos y piedras que lanzaban los inmigrantes”, según han explicado fuentes del Ministerio del Interior.

Dudas sobre la legalidad de las devoluciones en caliente

La Fiscalía también busca aclarar si fueron legales las devoluciones que se produjeron aquel día, con la colaboración de agentes marroquíes que entraron en territorio español. El Defensor del Pueblo ya mantuvo en sus primeras conclusiones que se produjeron 470 devoluciones sin que conste el cumplimiento de ningún procedimiento legal, pero no está claro en qué sentido se pronunciará el ministerio público.

Aunque sendas decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han servido para seguir ejecutándolas, sigue sin haber un reglamento que ponga negro sobre blanco del cómo y cuando pueden realizar los también llamados rechazos en frontera. Sin esa regulación, las devoluciones en caliente, que no pueden ser colectivas ni poner en riesgo la integridad física del expulsado, ni aplicarse a perfiles especialmente vulnerables, continúan generando dudas sobre su legalidad.

Por su parte, el Defensor del Pueblo está en el mismo punto que el pasado 14 de octubre, cuando hizo públicas sus primeras conclusiones sobre la tragedia. No ha avanzado nada porque sigue esperando más imágenes que ha solicitado a Interior.

La principal cuestión en la que reparó Ángel Gabilondo es en las devoluciones en caliente, que elevó a 470, contrariando la versión oficial que apenas reconocía un centenar. Según el defensor, no consta que para ejecutarlas “se tuvieran en cuenta garantías legales nacionales e internacionales”. Interior aseguró que cumplió la legalidad y negó la cifra del defensor, a pesar de que fue este mismo departamento el que informó oficialmente a la institución de las devoluciones realizadas.

También es parte de la investigación la asistencia sanitaria que se prestó aquel día a los heridos, aunque aún no ha trascendido toda la información requerida. El Defensor sí informó a una de las ONG que interpuso una queja sobre la atención médica que recibieron los migrantes que lograron llegar al Centro de Estancia Temporal de Melilla (CETI) por su propio pie, tras sobrepasar el cordón policial. Se atendió a 57 personas, de las cuales nueve tuvieron que ser trasladadas al hospital. Solo una quedó ingresada por una fractura mandibular que no revestía gravedad. Dos de los heridos presentaban fisuras en la rodilla.

El tercer asunto en el que incide el Defensor es en recomendar al Ministerio de Exteriores que garantice que personas como los integrantes del grupo que decidió entrar a la fuerza en España aquel día puedan pedir asilo en consulados o embajadas españoles, como recoge la ley de asilo española. Con la legislación en la mano, España ha defendido ante el Tribunal de Derechos Humanos cuando se juzgaron las devoluciones en caliente, hace ya más de dos años, que cualquier persona que necesite protección puede pedir asilo en una delegación consular española. Por ello, según España, no se justificaría que intente entrar en el país irregularmente. Pero en la práctica, la única vía que encuentran miles de refugiados (especialmente africanos) es subirse a una patera o saltar una valla.

En el caso del grupo que aquel día llegó al puesto fronterizo, la mayoría de las personas que lo conformaban eran de Sudán, un país que arrastra un largo y sangriento conflicto étnico con casi cuatro millones de desplazados internos, según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). Decenas de supervivientes de la tragedia de Melilla han relatado estos meses a EL PAÍS y otros medios que habían pedido asilo en Marruecos y que viajaban con su papel de Acnur que lo certificaba en el bolsillo, pero que ese documento no les evitó ser víctimas de malos tratos, redadas y desplazamientos forzosos a ciudades del sur o a Argelia.