Sánchez ignora la exigencia del PP de que renuncie a rebajar las penas por sedición: “Basta ya, cumplan la Constitución”

Cuca Gamarra se apoya en unas declaraciones de Puigdemont sobre una supuesta oferta del Gobierno al ‘expresident’ prófugo y pregunta: “¿Quién permite que las leyes de España se redacten en la sede de ERC?”

Pedro Sánchez, en una sesión de control en el Congreso en octubre. En vídeo, señal en directo de la Cámara baja.
Madrid -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ignorado esta mañana en el Congreso la petición de Cuca Gamarra, portavoz del PP en la Cámara, de que el Ejecutivo “renuncie” a rebajar las penas del delito de sedición si quiere seguir negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha exigido a los populares que dejen de repartir “carnés de constitucionalismo”. “Basta ya y cumplan la Constitución”, ha ...

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ignorado esta mañana en el Congreso la petición de Cuca Gamarra, portavoz del PP en la Cámara, de que el Ejecutivo “renuncie” a rebajar las penas del delito de sedición si quiere seguir negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha exigido a los populares que dejen de repartir “carnés de constitucionalismo”. “Basta ya y cumplan la Constitución”, ha respondido Sánchez ante la insistencia del partido de Alberto Núñez Feijóo de hacer depender la renovación del órgano de gobierno de los jueces (que lleva en funciones cuatro años) de que se abandone la anunciada reforma del delito de sedición, el último de los motivos esgrimidos por el PP para romper las negociaciones. Quien más preguntas ha respondido, no obstante, ha sido la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien ha reprochado a Vox y al PP sus descalificaciones. “Parece que les fastidie que haya buenos datos”, ha dicho la también titular de Economía, antes de responder a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la extrema derecha: “Yo trabajo para los españoles y eso es defender a la patria”.

La sesión de hoy ha servido para calibrar el tono de la relación del Ejecutivo con el principal partido de la oposición, que había sido muy medido en las últimas semanas para intentar no romper las negociaciones para designar a los nuevos representantes del CGPJ, un objetivo que finalmente parece haberse ido al traste. El tono de esta mañana ha recuperado cierto punto de dureza, más por parte de los populares que del Gobierno. También ha sido un termómetro de la actitud de los socios habituales del Ejecutivo ante la negociación de los Presupuestos.

En el orden del día no había ninguna pregunta que hiciera referencia explícita a la ruptura de esas negociaciones sobre el Poder Judicial —que el Gobierno había encargado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el PP, al eurodiputado Esteban González Pons— pero ha sobrevolado en las intervenciones de la oposición, especialmente de los populares. Cuca Gamarra ha preguntado a Sánchez sobre las oportunidades para los españoles. La pregunta ha estado sazonada por Gamarra con referencias a unas recientes declaraciones de Carles Puigdemont, el expresidente catalán huido en Waterloo (Bélgica), en las que aseguraba que “gente del PSOE” le ofreció una rebaja de pena o el indulto si regresaba a España y se presentaba en el Tribunal Supremo. “¿Quién es ese nuevo señor X del PSOE que fue a ver a Puigdemont?”, ha llegado a preguntar la portavoz del PP.

MADRID, 02/11/2022. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, se dirige al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. Foto: EFE/Fernando Villar

Estas declaraciones, a las que el PP ha dado crédito, han sido ignoradas por el Gobierno, que ha guardado silencio sobre ellas desde el domingo. “¿Quién ha ido a ver a Puigdemont, quién permite que las leyes de España se redacten en la sede de ERC?”, ha insistido Gamarra, mientras tanto Sánchez como Calviño negaban con la cabeza desde la bancada azul. La pregunta ha sido ignorada, pese a que el PP ha seguido apoyándose en esta declaración del Puigdemont durante el resto de la sesión de control. “Ahora tiene la oportunidad de renunciar a rebajar las penas por el delito de sedición, pero eso es imposible porque a usted todo le vale, porque usted no tiene ni principios jurídicos ni conciencia”, ha espetado la portavoz del PP. La respuesta de Sánchez ha sido: “Ustedes no tienen argumento y solo están descalificando. ¡Basta ya y cumplan la Constitución”.

El representante del PNV, Aitor Esteban, ha preguntado por la ejecución de los fondos europeos; y Mertxe Aizpurua (Bildu), sobre la intención de cumplir las promesas pendientes en materia de derechos. La respuesta a ambos, apoyos habituales del Gobierno en la Cámara, ha sido de guante blanco, con detalle sobre las previsiones económicas. Muy distinta de la que ha dado Calviño tanto a Vox como al PP, a los que ha unido al entender que carecen de argumentos para oponerse al Gobierno. “Parece que les fastidie que haya buenos datos. Avanzamos pese a su oposición negacionista”, ha dicho la vicepresidenta.

Los populares han esgrimido como principal razón para romper las conversaciones la intención del Ejecutivo de reformar el delito de sedición y han llegado a exigir al presidente del Gobierno que ponga por escrito que no lo reformará. La última excusa del PP es una reforma legislativa reclamada por ERC y que el presidente anunció casi al inicio de su mandato, en 2020, aunque ha aparcado varias veces. En los últimos días, el Gobierno ha subido el tono con el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró este lunes que Feijóo “obedece a los más ultras” de la derecha y que ha demostrado que “no tiene legitimidad para reclamar el cumplimiento de la Constitución cuando él mismo la incumple y se declara en rebeldía constitucional”.

Tras el viraje en la negociación, el PP prepara ahora una ofensiva contra Pedro Sánchez por la reforma del delito de sedición para tratar de desgastar al PSOE en comunidades y ayuntamientos, según fuentes de su equipo. El PP quiere poner todo el foco en esta reforma ―que el Gobierno no ha presentado formalmente en el Parlamento ni ha concretado cuándo lo hará― con la intención de provocar división interna entre los socialistas.

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