El Constitucional confía en su pronta renovación para salir de la parálisis
El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, quiere evitar dar una imagen de un tribunal al servicio del PP
El Constitucional quiere renovarse lo antes posible. Es el mensaje que los sectores conservador y progresista están enviando a los respectivos circuitos políticos afines. En el tribunal impera una tregua interna que supone un riesgo de doble filo. Si el órgano de garantías se mantiene sin llevar al pleno los casos con mayor carga política, seguirá acumulando retrasos en la resolución ...
El Constitucional quiere renovarse lo antes posible. Es el mensaje que los sectores conservador y progresista están enviando a los respectivos circuitos políticos afines. En el tribunal impera una tregua interna que supone un riesgo de doble filo. Si el órgano de garantías se mantiene sin llevar al pleno los casos con mayor carga política, seguirá acumulando retrasos en la resolución de los recursos más importantes. Pero si pone fin al vigente pacto para evitar choques frontales y se impone la actual mayoría conservadora teniendo el mandato caducado, corren peligro las principales leyes de esta legislatura, como la de eutanasia y el aborto.
El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha querido evitar este final de su trayectoria, que dejaría una imagen de un tribunal al servicio del PP. Pero el hecho es que la mayoría conservadora del órgano de garantías no podría asumir fácilmente ni la ley del aborto vigente, ni mucho menos la que se anuncia con su nueva reforma, y tampoco la ley de Eutanasia, que entró en vigor en junio de 2021. De ahí que el Constitucional haya decidido, con el apoyo del sector conservador, dejar ambos recursos en un cajón, con el fin de evitar luchas intestinas parecidas a las que hubo cuando el tribunal declaró inconstitucionales los decretos sobre el estado de alarma frente a la pandemia.
En el tribunal existe plena conciencia de que esta selectiva dejación de funciones es insostenible. Todos comparten que urge renovar el Constitucional, si puede ser con la incorporación de los cuatro nuevos magistrados que deben acceder al tribunal en este turno. Si el Consejo General del Poder Judicial puede lograr un acuerdo en breve para realizar los dos nombramientos que le corresponden, habrá una sensación general de alivio en el órgano de garantías.
El nombre del magistrado del Supremo Julián Sánchez Melgar circula entre los conservadores del Consejo y del Constitucional. El problema para esta u otra designación del Poder Judicial es que hay dos recursos pendientes de una sentencia sobre cómo se ha resuelto la sucesión de Carlos Lesmes, quien dimitió el pasado 10 de octubre como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, que podría anular los nombramientos que ahora se hagan.
En todo caso, si el sector conservador del Consejo sigue resistiéndose a los nombramientos, los magistrados del bloque progresista del Constitucional apoyarán al Gobierno si, a su vez, decide nombrar a los otros dos que le corresponden. Los dos magistrados que tendrían que abandonar el tribunal en este último supuesto son González-Trevijano y Antonio Narváez, ambos del sector conservador. Con los dos que se incorporaran tras ser nombrados por el Gobierno, ya cambiaría la mayoría del tribunal, que pasaría a ser de carácter progresista. Se invertiría la actual correlación de fuerzas, cambiando el actual 6 a 5 a favor del grupo conservador, por un esquema de 7 a 4 a favor de los progresistas.
Para lograr ese cambio sería preciso que en un pleno convocado ad hoc por el presidente del tribunal prosperase la aceptación de los magistrados nombrados por el Gobierno. En el sector conservador ha imperado hasta ahora el criterio de que habría que rechazar esta opción, ya que la Constitución prevé que el tribunal se renueve cada tres años por tercios, es decir, que cambien cuatro magistrados, y no dos. Pero los progresistas están dispuestos a ejercer una fuerte presión para modificar este criterio, empezando por cuestionar que Trevijano pueda oponerse a su propio relevo.
Con los dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno, la presidencia de un Constitucional en el que no hubieran entrado los otros dos correspondientes al Poder Judicial, quedaría transitoriamente en manos del vicepresidente, Juan Antonio Xiol, del sector progresista, hasta que la renovación pudiera completarse. La vicepresidencia, a su vez, sería asumida por Santiago Martínez Vares, del bloque conservador. Perdería así objeto la presunta preocupación del PP sobre la posibilidad de que Cándido Conde-Pumpido fuera el nuevo presidente. Pero, en paralelo, el PP ha desaprovechado con la ruptura de las negociaciones, la posibilidad proponer a un jurista conservador que sustituya al dimitido Alfredo Montoya.