El Poder Judicial deja en suspenso los nombramientos del Constitucional a la espera de que el PSOE y el PP renueven el Consejo

Los vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no volverán a sentarse a debatir los nombramientos de dos magistrados del Tribual Constitucional mientras el PSOE y el PP sigan negociando la renovación del Consejo. El pleno del órgano de gobierno de los jueces acordó el pasado jueves que la comisión que negociaba esos nombramientos continuara sus trabajos. “No hay fechas fijadas para nuevos encuentros, pero los negociadores fijarán de inmediato un calendario”, ...

Los vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no volverán a sentarse a debatir los nombramientos de dos magistrados del Tribual Constitucional mientras el PSOE y el PP sigan negociando la renovación del Consejo. El pleno del órgano de gobierno de los jueces acordó el pasado jueves que la comisión que negociaba esos nombramientos continuara sus trabajos. “No hay fechas fijadas para nuevos encuentros, pero los negociadores fijarán de inmediato un calendario”, informó ese día el órgano. Sin embargo, los vocales que forman parte de esa negociación no se han reunido ni, de momento, tienen la intención de hacerlo, según miembros consultados, que señalan que, ante la inminencia de una posible renovación del CGPJ, lo lógico es esperar para que sea el nuevo Consejo el que designe los dos puestos pendientes.

No es la primera vez que el Consejo aplaza nombramientos discrecionales ante la posibilidad de que los partidos cierren un pacto para renovar el órgano, cuyo mandato venció en diciembre de 2018. Ya se ha hecho así otras veces desde que el CGPJ se quedó en funciones y cuando todavía mantenía las competencias para designar todos los cargos discrecionales. Es lo que ocurrió en enero y julio de 2020, y en febrero de 2021, cuando el pleno acordó frenar nombramientos que ya tenían sobre la mesa tras conocer que socialistas y populares negociaban para desbloquear el órgano. Ninguno de esos procesos terminó en acuerdo y, después de constatar que los dos partidos daban por rotas las conversaciones, el Consejo retomó las designaciones. Ahora, tras casi cuatro años de mandato prorrogado, los vocales han optado por aparcar los nombramientos del Constitucional, que tenían que haber estado hechos antes del 13 de septiembre.

Los progresistas del CGPJ, que llevaban más de un mes intentando avanzar en la negociación, decidieron hace dos semanas abandonar las conversaciones con la mayoría conservadora por las maniobras de este grupo para dilatar los nombramientos. La intención de los vocales propuestos por el PSOE, IU y el PNV era intentar un pacto de mínimos con el entonces presidente del órgano, Carlos Lesmes, que confiaba en lograr el apoyo de tres miembros conservadores para sumar los 12 votos necesarios para sacar adelante las designaciones. Pero Lesmes dimitió el 11 de octubre sin haber logrado ese acuerdo, lo que abocaba a los progresistas a volver a la negociación con el núcleo duro del otro bloque si querían renovar el Constitucional. A ello se comprometieron la semana pasada, pero miembros de este grupo admiten que no se debe retomar el proceso si hay indicios de que la renovación del CGPJ puede cerrarse en unos días. “El escenario ahora es no nombrar salvo que no haya renovación del Consejo”, advierte un vocal progresista.

Los miembros del CGPJ intentan volver a la normalidad tras el terremoto originado por la dimisión de Lesmes y la posterior designación de Rafael Mozo como presidente “suplente” en contra del criterio del gabinete técnico. La presidencia interina de Mozo ha salvado su primer examen después de que el Supremo descartara esta semana revocarla por la vía urgente como habían pedido el vocal Wenceslao Olea y el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito, que han impugnado el acuerdo por el que se designó al suplente de Lesmes en el Consejo, pero los recursos presentados por ambos han vuelto a elevar la tensión dentro del órgano, admiten varios vocales, que lamentan que ambas impugnaciones se presentaran apenas 48 horas después de la designación de Mozo a pesar de que tenían dos meses de plazo para recurrir. “Podían haber esperado a ver si había acuerdo político para renovar el Consejo”, señala un vocal.

La excepcionalidad que se vive en el CGPJ ha sido advertida incluso por el Boletín Oficial del estado (BOE), que, según fuentes del órgano, ha rechazado publicar un acuerdo firmado por Mozo porque no tenía constancia oficial de que era el presidente suplente. Vocales consultados señalan al secretario general como el responsable de hacer esa comunicación, que no se hizo la semana pasada y se va a hacer ahora tras el aviso del BOE.