Una disputa entre Interior y Justicia bloquea el pago de 500.000 euros a un testigo protegido

Los ministerios de Interior y de Justicia se pasan la pelota y declaran “no competentes” para abonar 500.000 euros que la Administración adeuda desde 2009 a un testigo protegido que, arriesgando su vida, logró la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El colaborador policial permaneció durante tres años infiltrado en una banda de narcotraficantes y futbolistas, simuló un elevado tren de vida y gracias a su testimonio fueron condenados sus cabecillas e ...

Los ministerios de Interior y de Justicia se pasan la pelota y declaran “no competentes” para abonar 500.000 euros que la Administración adeuda desde 2009 a un testigo protegido que, arriesgando su vida, logró la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El colaborador policial permaneció durante tres años infiltrado en una banda de narcotraficantes y futbolistas, simuló un elevado tren de vida y gracias a su testimonio fueron condenados sus cabecillas e incautados 1.200 kilos de cocaína.

Los jueces le prometieron por escrito una nueva identidad, medios económicos por su cambio de residencia, un sueldo y protección policial. Salvo la primera, un nuevo nombre y apellidos ocultos en una caja fuerte de la Audiencia Nacional, el resto de las promesas acordadas el 5 de febrero de 2009 no se han cumplido. Fue en esa fecha cuando Baltasar Garzón, el juez que instruyó la causa, lo nombró testigo protegido, una condición ratificada más tarde por el entonces magistrado Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior.

Al colaborador de las Unidades Contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) que rastreaba las huellas de los narcotraficantes en varios países le dijeron que debería esperar a que la sentencia fuera firme para cobrar todos los gastos que le supuso a él y a su familia volver a iniciar su vida en otra ciudad y con otro nombre. Un renacido sin ningún medio económico ni trabajo, su mujer tuvo que renunciar al suyo, una nueva persona que desde entonces estaba obligada a mirar de reojo en todas las esquinas. Varios de los condenados juraron pasarle factura.

Un agente de la FIFA

La sentencia condenatoria contra Zoran Matijevic, un serbio con pasaporte francés y agente de la FIFA, el hombre que financiaba el envío de la droga en contenedores desde Argentina a Valencia, no se dictó hasta 2014. La firmó Fernando Grande-Marlaska, el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y condenaba a Matijevic y a otros seis de los cabecillas de la organización a penas de 11 a 4 años de prisión. Entre los penados figuraban los exfutbolistas del Athletic Club de Bilbao y el Hércules, Jesús Emilio Díez de Mier, Txutxi, y Pedrag Stankovic. El fallo acreditó que un contenedor con 600 kilos de cocaína había unido las vidas de los narcotraficantes y de los deportistas.

Al testigo protegido le comunicaron que no cobraría hasta que la sentencia fuera firme, pero más tarde se encontró con una sorpresa: la negativa de Interior. El ministerio le respondió en 2018 que ya aplicaba las medidas de protección policial y de cambio de identidad. Y apostilló que los “gastos corresponden a Justicia”. El colaborador policial pidió entonces ver al ministro, ya que Marlaska conocía su caso, pero no hubo respuesta.

Dos meses después de esta negativa los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, Ángel Hurtado y Ramón Sáez dictaron una providencia en la que reconocieron “la delicada” situación económica del testigo y oficiaron a Interior y a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para que “con carácter urgente” se satisfaga al testigo la ayuda que solicita. El colaborador reclamaba y documentaba, entonces, gastos por 450.658,20 euros (estancias en hoteles, comidas y desplazamientos de los tres años de infiltración, coches de lujo, alquileres, mobiliario, pérdida del trabajo de su cónyuge y salario).

Situación “paupérrima”

La Fiscalía apoyó la petición de los jueces, pero tampoco sirvió de nada. Un mes más tarde y ante la situación “paupérrima” del testigo, la magistrada Espejel, hoy en el Tribunal Constitucional, pidió en un nuevo escrito que, al menos, se le adelantara con urgencia el 20 por ciento de la deuda. La respuesta de Interior fue la misma: “El ministerio no es competente”. En 2019, las reclamaciones al Ministerio de Justicia, el señalado por Interior, tuvieron idéntico resultado. Los dos organismos se devolvieron uno al otro el expediente.

La defensa del testigo inició entonces una farragosa batalla judicial que no ha logrado que la Administración pague su deuda. Primero, una ejecución forzosa contra Interior en la Audiencia Nacional a la que los jueces por motivos de competencia respondieron que “se veían obligados a desestimar”. Después una demanda por la vía contencioso-administrativa por dejación de funciones de los funcionarios y cargos públicos, retraso desleal y no ejecución de resoluciones firmes, que tampoco prosperó. Más tarde acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y finalmente al Tribunal Supremo donde han inadmitido el recurso y condenado al testigo a pagar 1.000 euros en costas. Ninguno de estos organismos se ha pronunciado sobre quién debe pagar.

Funcionamiento anormal

En este largo rosario de 14 años de escritos, autos, providencias y recursos aparece entre el voluminoso expediente un correo de Recursos Económicos de la Administración de Justicia, fechado el 29 de enero de 2018, y dirigido a un alto funcionario de la Audiencia Nacional con el siguiente texto: “Hechas las oportunas comprobaciones, pasamos su correo a la Caja Pagadora de la Gerencia de Órganos Centrales quien se encargará de efectuar el pago solicitado”. Pero finalmente la Caja Pagadora del Ministerio de Justicia declinó pagar. Este organismo afirma ahora que con carácter general los pagos a testigos protegidos “los abona el Ministerio del Interior a través de los fondos reservados”, una partida de la que carece Justicia. Un portavoz de Interior responde a este diario que “no es competente” para el pago.

En 2021, una de las partes apuntó, al menos, qué camino seguir para desenredar la enmarañada madeja judicial en la que se encuentra atrapado el testigo protegido. La abogada del Estado María Andrés respondió así en uno de los procedimientos: “Debe conducirse la reclamación a un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”.

El último y desesperado intento de la persona a la que convencieron unos policías y jueces para que abandonara todo, se introdujera en el corazón de una banda internacional de traficantes de droga y la descabezara va dirigido a la Presidencia del Gobierno. El pasado día 1 el testigo sin nombre acaba de pedir que se abra procedimiento de conflicto de atribución de competencia entre el Ministerio de Interior y el de Justicia. La deuda asciende ya a 499.840,98 euros más intereses y el testigo sigue viviendo, en un lugar ignoto, de la ayuda de sus familiares.