Todo el Congreso se une contra Vox por pedir que se abra la mano con el uso de armas

PSOE y Unidas Podemos se dividen por una propuesta para hacer del ‘banco malo’ un promotor de vivienda pública

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, durante su intervención este martes en el Congreso.Ricardo Rubio (Europa Press)

Ya es raro escuchar al único diputado de Compromís, Joan Baldoví, elogiar una intervención del portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, crítico feroz de las posiciones de grupos nacionalistas como el valenciano. Pero la escena resume lo ocurrido este martes en el Congreso ante una propuesta de Vox para reformar el Código Penal y no castigar a quienes disparen contra personas que asalten sus viviendas o sus negocios. La iniciativa suscitó el rechazo unánime de todos los demás y no pr...

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Ya es raro escuchar al único diputado de Compromís, Joan Baldoví, elogiar una intervención del portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, crítico feroz de las posiciones de grupos nacionalistas como el valenciano. Pero la escena resume lo ocurrido este martes en el Congreso ante una propuesta de Vox para reformar el Código Penal y no castigar a quienes disparen contra personas que asalten sus viviendas o sus negocios. La iniciativa suscitó el rechazo unánime de todos los demás y no precisamente en términos amables. Bal fue muy duro, también el diputado del PP Miguel Ángel Jerez, aunque no tanto como el representante del BNG, Néstor Rego, que llamó “pistolero Smith” al defensor de la propuesta, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.

La proposición de ley de Vox pretendía reformar el Código Penal para establecer que quedarían libres de responsabilidad penal quienes utilicen “cualquier medio de defensa” y “con independencia de su resultado” frente a asaltantes a su domicilio o a locales comerciales y centros de trabajo. Ortega Smith se extendió relatando casos de personas que han sido condenadas por disparar, en ocasiones con resultado de muerte, a desconocidos que habían irrumpido por la fuerza en sus viviendas. Describió esos comportamientos como heroicos y prometió: “Si nosotros gobernamos, esas personas no solo no pasarán por el banquillo, sino que les impondremos una medalla por ayudarnos a combatir la delincuencia”.

La intervención del secretario general de Vox levantó un clamor del que participaron casi todos. Unos hablaron de “ley del talión”, otros de “ley de la jungla” y Bal de la “ley de Lynch”: “Ustedes pretenden que cualquiera esté por encima de la ley y pueda disponer de la vida de los demás”. El portavoz de Ciudadanos reveló que, en uno de los ejemplos a los que había recurrido Ortega Smith, el acusado acabó siendo absuelto. Bal, como luego el resto de portavoces, defendió que la legítima defensa ya está contemplada en la ley, pero que esta tiene que ser proporcionada a la agresión sufrida.

Varios diputados de la izquierda recordaron que Ortega Smith difundió hace tiempo un vídeo en las redes sociales en el que se le veía disparando un fusil en instalaciones militares. Fue ahí donde el diputado del “Bloque Separatista Gallego”, como le llamó el dirigente de Vox, bautizó a este como “pistolero Smith”, entre protestas del aludido que no fueron atendidas por la presidencia. El PP no descendió a las descalificaciones personales, pero el rechazo de su diputado Miguel Ángel Jerez también sonó contundente: “España es un país demasiado seguro para que los ciudadanos tengan que guardar pistolas en la mesita de noche”.

“El camarote de los hermanos Marx”

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La apertura del pleno del Congreso de esta semana deparó otro episodio de desencuentros entre los socios del Gobierno. Unidas Podemos presentó una propuesta para reclamar que la Sareb, el llamado banco malo que se hizo con los activos tóxicos inmobiliarios de las antiguas cajas de ahorro, ponga las viviendas y el suelo del que dispone al servicio de alquileres baratos y de promoción pública. El PSOE rechaza la idea y presentó una enmienda a la iniciativa, que ambas partes negociarán hasta el jueves, cuando se vote. También en este caso los reproches a los socios del Ejecutivo por sus discrepancias le cayeron de todas partes, incluidos sus habituales aliados parlamentarios. “Esto es el camarote de los hermanos Marx”, les espetó el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel.

Más tarde volvieron a saltar chispas entre PSOE y UP a cuenta de una moción de ERC sobre las críticas que diversos organismos internacionales han dirigido a la respuesta judicial frente al proceso independentista catalán. El presidente del grupo de UP, Jaume Asens, protagonizó una intervención muy subida de tono, en la que denunció el “ruido de togas” y sostuvo que “son los jueces quienes en realidad mandan en España”. Asens personalizó sus ataques en el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y prosiguió su escalada verbal hasta alcanzar a la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que lo escuchaba en ese momento en su sitial justo detrás de la tribuna de oradores. El diputado catalán denunció la “infamia sin precedentes” que, según él, supuso privar del escaño a su compañero Alberto Rodríguez, después de que se le impusiese una condena leve por agredir hace años a un policía, y acusó a Batet de “abdicar de sus funciones”. La presidenta aguantó impertérrita, aunque no así su grupo. El diputado socialista Arnau Ramírez replicó con acidez a Asens: “Deberían preguntarse por qué ustedes tienen solo 3 de los 135 escaños del Parlament de Cataluña”.

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