La Audiencia rechaza imputar al primo del alcalde de Madrid en el caso de los comisionistas Medina y Luceño

Vuelve a naufragar otro intento de cercar a la cúpula política del Ayuntamiento de Madrid en el caso Medina y Luceño, la investigación judicial abierta contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por embolsarse casi seis millones de euros por la venta de material sanitario defectuoso al Consistorio de la capital en la fase más crítica de la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid ...

Vuelve a naufragar otro intento de cercar a la cúpula política del Ayuntamiento de Madrid en el caso Medina y Luceño, la investigación judicial abierta contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por embolsarse casi seis millones de euros por la venta de material sanitario defectuoso al Consistorio de la capital en la fase más crítica de la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado imputar a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, y afirma que no existen “indicios sólidos” contra el familiar del regidor que apunten a un delito de tráfico de influencias. El tribunal se pronuncia así al desestimar un recurso del PSOE y da la razón al magistrado instructor Adolfo Carretero, que ya descartó llamar como investigado al primo.

Carlos Martínez-Almeida declaró como testigo en mayo, cuando aseguró que él se limitó a facilitar a Medina, hermano del duque de Feria, un correo electrónico genérico con el que contactar con la Administración local. Ese email previamente se lo había dado Matilde García Duarte, coordinadora general de la alcaldía, al primo. El comisionista había contactado con el familiar del regidor a través de una de sus antiguas profesoras universitarias porque, según afirmó Martínez-Almeida, entendió que quería ayudar al Ayuntamiento en su lucha contra el covid y hacerle llegar una propuesta para suministrarle material sanitario.

Según la Audiencia de Madrid, no existen indicios en la causa para sostener que el primo del alcalde fue más allá y maniobró para que el Ayuntamiento pagara 11 millones por mascarillas, guantes y pruebas para detectar el coronavirus —seis de los cuales acabaron en los bolsillos de Medina y Luceño—. “No se encuentra en la causa, ni tampoco se ha aportado en el recurso, la realidad de indicios sólidos que permitan mantener la imputación de tráfico de influencias que se sostiene”, afirman los jueces. La Fiscalía Anticorrupción, que impulsó la causa, también ha descartado esa posibilidad.

“La sola circunstancia, efectivamente constatada, de haber proporcionado Carlos Martínez-Almeida al investigado Luis Medina el teléfono o el correo electrónico de la Coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado Martínez, no conlleva necesariamente la realización de ulteriores presiones o intentos de manipulación torticera en su esfera de poder apoyándose en la circunstancia de su parentesco con el alcalde del Ayuntamiento de Madrid”, inciden los magistrados de la Audiencia. “No se descubre una actuación positiva e intencionada dirigida a provocar un proceso de decisión viciado para obtener decisiones injustas”, remachan.

En su resolución, el tribunal también pone sobre la mesa que la declaración de una persona como investigada “le somete a un estigma de carácter inequívocamente peyorativo ante terceros” y, por tanto, “debe evitarse si no es por razón del concurso de indicios relevantes y aptos para sustentar tal condición”. El juez instructor ya ha rechazado imputar a tres altos cargos del Consistorio y al primo del alcalde, como habían pedido arios partidos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, personados como acusación popular en la investigación.