Los silencios, ambigüedades y contradicciones del PP ante el plan de ahorro energético
El principal partido de la oposición ha arremetido duramente contra el decreto del Gobierno, pero se resiste a aclarar si respalda o no las medidas que contiene
El plan de ahorro energético del Gobierno ―que debe ser convalidado este jueves por el Congreso, aunque lleva en vigor desde el 2 de agosto― ha suscitado las críticas de todos los grupos parlamentarios por la ausencia de una negociación previa. El PP ha sido especialmente beligerante con lo que considera una “imposición”: su presidente, Alberto Núñez Feijoo, lo ha tildado de acto de “autoritarismo”, y la madrileña Is...
El plan de ahorro energético del Gobierno ―que debe ser convalidado este jueves por el Congreso, aunque lleva en vigor desde el 2 de agosto― ha suscitado las críticas de todos los grupos parlamentarios por la ausencia de una negociación previa. El PP ha sido especialmente beligerante con lo que considera una “imposición”: su presidente, Alberto Núñez Feijoo, lo ha tildado de acto de “autoritarismo”, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso ha llegado a hablar de “censura energética”.
Las cuestiones formales por esa falta de diálogo con la oposición han centrado la critica de los populares, que también reprochan al Ejecutivo la heterogeneidad de los asuntos incluidos en el decreto-ley, donde, junto a las medidas de ahorro energético, se recogen ayudas al transporte y becas de estudio, entre otras. Sin embargo, la opinión del PP sobre el fondo de la cuestión ―las medidas concretas― no está tan clara: su discurso de las últimas semanas ha estado marcado por las contradicciones, las ambigüedades y los silencios.
¿Apoya el PP que se limite la calefacción y el aire acondicionado? El coordinador general del PP, Elías Bendodo, apremió al Gobierno a eliminar “todas las frivolidades” contenidas en el decreto ley. Entre ellas incluyó la medida que obliga a limitar la temperatura en locales comerciales y restaurantes, edificios administrativos y centros de ocio o culturales, fijando un mínimo de entre 25ºC y 27ºC en el aire acondicionado y un máximo de 19ºC en la calefacción. Sin embargo, el 21 de julio, antes de que el Gobierno aprobase su decreto, Núñez Feijóo había afirmado que le parecían “bien” los planes de ahorro “que señalan límites para activar los aires acondicionados y límites para activar en invierno la calefacción”. “Debemos reducir el consumo innecesario”, dijo entonces. Ante la contradicción entre ambas versiones, el PP no ha aclarado si está o no de acuerdo con la medida, que cuenta con el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El Gobierno calcula que, gracias a ella, el consumo eléctrico se redujo un 9,5% entre la primera y la segunda semana de agosto, aunque algunos analistas cuestionan la validez de esa estimación por no disponer de un periodo de tiempo suficiente para analizar otros factores de referencia.
¿Qué piensa de apagar los escaparates a partir de las diez de la noche? Es otra de las medidas que Bendodo calificó de frivolidad, aunque luego matizó que se refería en general al “espíritu del decreto”. En su entrevista en EL PAÍS del 14 de agosto, Núñez Feijóo eludió responder a esta pregunta directa: ¿No está a favor de la medida de los escaparates? “Tres semanas antes de su aprobación hablé de un plan de ahorro para evitar restricciones”, se limitó a contestar. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí ha afirmado que la medida “atenta contra la libertad de horarios comerciales”, algo de lo que Feijóo se ha hecho eco después. “¿Es compatible cerrar escaparates a las diez de la noche con libertad de horarios?”, ha planteado. Del decreto, sin embargo, se deduce que el apagado del escaparate se debe producir cuando la tienda haya cerrado ya, no mientras esté en horario comercial.
¿Está de acuerdo con que se apaguen los edificios públicos cuando no haya empleados dentro? El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, criticó la inclusión de esta medida en el decreto, pero no por estar en contra sino por considerarla de sentido común: “Parece sorprendente que en el documento se tenga que decir que se apaguen las luces en la Administración cuando no están los empleados públicos. Debería ir de suyo, no debería ser incorporado”, afirmó.
¿Qué va a votar en el Congreso este jueves? “De entrada, nuestra postura es no”, anunció Bendodo a principios de semana. Un hipotético apoyo del PP ―o, con más probabilidad, un cambio del no a la abstención― está supeditado a que el Ejecutivo retire las “medidas frívolas” y a que incluya ayudas a la industria o más fondos específicos para el transporte por carretera.
¿Qué propuestas alternativas plantea el PP? La posición de los populares tiene tres pilares. En primer lugar y con carácter general, abogan por que el peso de las medidas recaiga en el sector público y esté consensuado con las comunidades autónomas. “Hagamos todo el esfuerzo desde las administraciones para reducir el consumo. Pidamos, recomendemos, como han hecho otros países, actuaciones para el sector privado, pero en ningún caso impongamos”, resumió Bravo este martes. Semanas antes, Feijóo defendió la necesidad de “pactar con los ayuntamientos un ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno” para prepararse ante “eventualidades, cortes o disminuciones de energía”. A pesar de esta propuesta, el PP denunció poco después que el apagado de escaparates previsto en el decreto podría comprometer “la seguridad de las mujeres en la calles”.
En segundo y tercer lugar, las principales medidas que el PP ha expuesto son alargar la vida útil de las centrales nucleares e incorporar ayudas al transporte y a la industria. Ninguna de estas dos medidas permitiría reducir el consumo energético acordado con la UE (un 7%) en el corto plazo. Repreguntado durante una rueda de prensa por cómo alcanzarían esa reducción, Bendodo dijo: “Nuestro plan energético está por escrito, es claro”. En el documento presentado en abril, no obstante, no se resuelve esta cuestión.
¿Qué hará si el decreto sale adelante? A pesar de las críticas, el PP nacional ha renunciado a llevar el decreto a los tribunales, aunque sí ha dado libertad a sus presidentes autonómicos para acudir al Constitucional si consideran que vulnera sus competencias. Díaz Ayuso ―que al principio amagó con no aplicar las medidas, aunque reculó rápidamente― ya ha anunciado que recurrirá. El andaluz Juan Manuel Moreno se ha desmarcado y ha afirmado que no es “partidario de una batalla judicial”. El resto de presidentes regionales del PP se han sumado a los reproches al decreto, pero no se han pronunciado sobre un posible recurso.