El PP de Ayuso: “Sánchez perjudica a Madrid”. El PSOE: “La presidenta madrileña actúa como Trump”

El plan de ahorro energético aprobado el lunes en el Consejo de Ministros ha abierto una guerra entre el PSOE y el PP, acaparando el debate político, y ambos partidos tratan de pertrecharse para defender sus respectivas tesis. Los llamados argumentarios, los textos que reciben los dirigentes cada mañana para saber qué deben decir en público, son su arsenal de palabras. EL PAÍS ha tenido acceso a ambos documentos y analizado las dife...

El plan de ahorro energético aprobado el lunes en el Consejo de Ministros ha abierto una guerra entre el PSOE y el PP, acaparando el debate político, y ambos partidos tratan de pertrecharse para defender sus respectivas tesis. Los llamados argumentarios, los textos que reciben los dirigentes cada mañana para saber qué deben decir en público, son su arsenal de palabras. EL PAÍS ha tenido acceso a ambos documentos y analizado las diferencias, no solo entre el partido de Gobierno y el principal en la oposición, sino entre el PP nacional y el madrileño, el que inició la batalla.

“Una vez más, Sánchez contra Madrid”

El plan de ahorro energético del Gobierno obedece a un compromiso europeo. Decía Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro del PP europeo, hace unos días: “Rusia está usando el gas como arma. Tenemos que abordar nuestra seguridad energética a nivel europeo”. Bruselas pactó el pasado julio —con la posibilidad de excepciones según el grado de dependencia del suministro ruso— un recorte del 15% del consumo de gas entre los Estados miembros en un momento de máxima incertidumbre por la guerra de Ucrania y lo que pueda hacer Vladímir Putin. El argumentario del PP madrileño dice estar “alineado con las directrices de la UE”, pero plantea el plan de ahorro como “una medida de Sánchez para perjudicar a Madrid”, que dicen, tiene “especiales circunstancias”. Siguiendo la doctrina Ayuso de que la comunidad que preside “es España”, el texto asegura: “No se trata de que Madrid sea insolidaria, sino de sentido común. Si se daña la actividad del motor económico de España, se daña la economía de todo el país”.

El argumentario del PP nacional no recoge que el plan sea una medida contra una comunidad autónoma concreta, aunque sí critica “la falta de consenso”.

Ayuso y Trump

El argumentario del PSOE, por su parte, asegura que, “una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid se coloca a la cola de la solidaridad en España y en Europa”. Mientras en otros países se toman medidas “para no ceder al chantaje de Putin”, añaden, “Ayuso vuelve a escoger la estrategia de Donald Trump y prefiere luces decorativas al bienestar de los madrileños”. De la presentación, esta semana, del alumbrado navideño en Vigo, donde gobierna el socialista Abel Caballero, el partido no dice nada en su guía de respuestas. El regidor se ha defendido de las críticas asegurando que, aunque los 11 millones de luces LED se colocarán en unas 400 calles, más que en 2021, este año estarán encendidas una hora menos para “reducir un 14% el consumo energético”. El decreto ley del Gobierno no contempla los alumbrados navideños.

Referencias a la pandemia: “Madrid resistió y volverá a resistir”

A diferencia del argumentario del PP nacional, el del PP madrileño incluye referencias a la crisis del coronavirus. “¿Cuántas familias soportaron el parón de la actividad económica durante la pandemia?” se preguntan, obviando que las restricciones se aplicaron en numerosos países de todo el mundo. Los populares madrileños presumen de su rebelión: “Ya lo demostramos durante la pandemia, manteniendo abierta la hostelería. El cierre total era la medida fácil de aplicar, pero también la más perjudicial. Ahora Sánchez pretende aplicar también medidas que perjudican directamente al tejido empresarial. Madrid resistió y volverá a resistir”, aseguran. Von der Leyen puso precisamente el coronavirus como ejemplo de todo lo contrario: “Aprendimos durante la pandemia que si actuamos unidos, podremos abordar cualquier crisis. Así que actuemos juntos para reducir el consumo de gas y proveer de una red de seguridad a todos los países de la Unión”.

Cumplir o no cumplir: El PP intenta recular

El tuit de Isabel Díaz Ayuso el lunes amenazando con incumplir el decreto ley —“Madrid no se apaga”— arrastró al PP nacional que, por no desautorizarla, alentó la insumisión pese a que días antes, Feijóo había propuesto medidas similares e incluso había ido más lejos que el Gobierno, al proponer un ahorro del alumbrado nocturno, con más incidencia en la seguridad. Dijo Elías Bendodo, coordinador general del partido, el martes: “Son las comunidades autónomas y Ayuntamientos los que tienen que decidir si lo aplican o no”. Y dijo Cuca Gamarra, secretaria general, este jueves: “Cuando a la gente se le imponen las cosas en vez de dialogar, se rebela”. Pero tanto el PP nacional como el madrileño tratan de rebajar poco a poco sus amenazas de incumplimiento, conscientes de su gravedad y de su incompatibilidad con la imagen de “partido de Estado” que reivindican cada día. Del “Madrid no se apaga” el PP madrileño ha pasado a: “Todo aquello que sea obligatorio, lo cumpliremos, pero allí donde el decreto no nos obligue por estar en el ámbito de nuestras competencias y perjudicar a los madrileños, no lo aplicaremos”. Y de la “libertad” para decidir si se cumple o no que decía Bendodo, el PP nacional ha pasado a un “comprendemos el enfado de comunidades autónomas y ayuntamientos”, cada autonomía puede “defender sus intereses” y todavía no está claro cómo se va aplicar. Ni mu sobre posibles recursos contra la norma en la última guía de Génova.

Gamarra se apoyó este jueves en los nacionalistas vascos, al recordar que el Gobierno de Euskadi también se opone al plan de ahorro energético, aunque anunció que sí va a cumplirlo. “¿También es egoísta el PNV?”, preguntó. La secretaria general rechazó que el Ejecutivo les dé “lecciones sobre cumplimiento de la ley” cuando “habla de desjudicializar la política para que quienes han huido de la justicia no rindan cuentas ante ella” y “no insta al cumplimiento de la ley en Cataluña a quienes vulneran la educación en castellano”. En el primer caso, se refería al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia tras el procés, con un procedimiento judicial que sigue su curso y sin que ninguna institución estatal haya tomado decisión alguna que impida que sea juzgado en España si se produce su entrega. En cuanto a la posible reforma del delito de sedición, que reduciría su condena, el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente para su aprobación. Sí es cierto que el Ejecutivo ha blindado la norma catalana sobre los idiomas en las aulas con la que se frenó la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fijaba un 25% de clases en castellano, al no recurrirla al Tribunal Constitucional.

Ambos argumentarios, tanto el del PP nacional como el del madrileño, sostienen que hay expertos que ponen en cuestión las medidas de ahorro aprobadas por el Gobierno. El vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, declaró este jueves que han encontrado “fallos, algunos de ellos garrafales” en el decreto y que según catedráticos, el régimen sancionador “se ha articulado mal” y “probablemente” sea inconstitucional. El del PSOE señala directamente a Feijóo, “escondido, como cada vez que Ayuso habla”: “¿Está de acuerdo con la decisión de Ayuso de no colaborar con Europa para no ceder ante Putin y seguir apoyando a Ucrania? O se está con Europa o se está con Putin”, subrayan.

A vueltas con el Falcon

Otro de los asuntos en los que coinciden los argumentarios del PP nacional y el de Ayuso es en ligar el ahorro que se pide a los ciudadanos con el despilfarro que, a su juicio, hace el Ejecutivo. “El Gobierno más caro y con más ministerios no se baja del Falcon y sigue aumentando sus asesores”, se lee en el texto madrileño. “Es pura incoherencia y un egoísmo con todas las letras”, declaró Gamarra, “que Sánchez quiera un ahorro energético quitándose la corbata y luego se monte en Falcon y helicóptero”. Los presidentes del Gobierno se desplazan en los aviones de los que el Estado dispone para garantizar su seguridad.