Un hombre estafa más de un millón de euros en ayudas sociales en Bizkaia con 62 identidades falsas
La operación de la Policía Nacional se salda con la detención de 23 personas que participaban en la red
La Policía Nacional ha destapado una red de falsificación documental dedicada al cobro fraudulento de ayudas sociales del Gobierno vasco dirigida por un ciudadano senegalés, al que se acusa de haber estafado más de un millón de euros en total. La operación se ha saldado con la detención de 23 personas que operaban en Bizkaia, todas acusadas de organización c...
La Policía Nacional ha destapado una red de falsificación documental dedicada al cobro fraudulento de ayudas sociales del Gobierno vasco dirigida por un ciudadano senegalés, al que se acusa de haber estafado más de un millón de euros en total. La operación se ha saldado con la detención de 23 personas que operaban en Bizkaia, todas acusadas de organización criminal, estafa y falsedad documental.
La investigación se inició cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao tuvieron conocimiento de que un hombre se estaba sirviendo de otras personas para cobrar ilegalmente ayudas del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), para lo que se ayudaron también de certificados médicos de Osakidetza (el servicio de salud) y empadronamientos en distintos Ayuntamientos vascos, igualmente falsos.
Los investigadores concluyeron que el cerebro de la red había creado 62 identidades falsas sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas, concretamente la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), destinadas a personas y familias sin recursos suficientes. Estas ayudas son gestionadas por el Departamento de Trabajo y Empleo del Ejecutivo vasco que dirige la consejera socialista Idoia Mendia.
Con la finalidad de cobrar las prestaciones de forma fraudulenta, los responsables de esta trama acreditaban que por cada persona dada de alta ingresaban una media de 875 euros mensuales (625 euros por la RGI y 250 por la PCV), lo que ha supuesto un desfalco de 1.091.416 euros en total.
El acusado de ser el urdidor de esta trama se valía de la ayuda de otro de los detenidos. Ambos asumían el cometido de presentarse físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes falsificados para dar de alta a la persona ficticia, haciéndose pasar por ella, a fin de realizar los trámites necesarios ante este organismo, mientras otros miembros de la red se dedicaban a alquilar viviendas y empadronar a esas personas inventadas en esos domicilios, según ha informado este martes el Ministerio del Interior.
El modus operandi de la red consistía en falsificar pasaportes y certificados de empadronamiento, de forma que podía acreditar que una persona llevaba empadronada en Euskadi tres años, requisito necesario para poder percibir estas ayudas y así cobrar desde el primer momento en que creaban la falsa identidad.
Para evitar que desde Lanbide detectaran alguna irregularidad, el cabecilla aleccionaba a los integrantes del entramado criminal para que presentaran las solicitudes de ayuda en diferentes municipios de Bizkaia, como Durango, Santurzi, Berriz, Iurreta, Basauri, Getxo...
Además, habían ideado un mecanismo para eludir cualquier control público por la percepción de las ayudas, y habían ingeniado un plan para falsificar informes médicos y certificados de realización de cursos de formación.
La primera fase de la operación de la Policía Nacional se practicó a primeros de año con el arresto de un ciudadano camerunés. Posteriormente, a finales de marzo fueron detenidas otras nueve personas, entre las que se encontraba el principal investigado. Se practicaron dos registros en domicilios, donde los agentes intervinieron 22 pasaportes falsificados, 16 libretas bancarias a nombre de identidades falsas, 17 tarjetas de crédito, nueve teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide. Finalmente, el pasado 2 de junio, la policía remató la operación con 13 nuevas detenciones, todos ellos originarios de países de Latinoamérica y del Sahel y el Magreb de África.
Los detenidos, tras prestar declaración en la Jefatura Superior dela Policía Nacional de Bilbao, han quedado en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.