Guerra contra frutas y verduras que se exportan como españolas

Las pruebas del delito son decenas de cajas de cartón abandonadas con etiquetas en las que se lee Marruecos, Egipto o Turquía. Su contenido ha sido trasvasado con el máximo secretismo, a puerta cerrada, y muchas veces de noche, para luego reaparecer en los supermercados como producido en España. Son tomates, naranjas o pimientos cultivados fuera de la Unión Europea, a precio mucho más bajo, con menos garantías sanitarias, y sin que las autoridades conozcan su origen. Un fraude millonario que acaba de llegar al Congreso: ...

Las pruebas del delito son decenas de cajas de cartón abandonadas con etiquetas en las que se lee Marruecos, Egipto o Turquía. Su contenido ha sido trasvasado con el máximo secretismo, a puerta cerrada, y muchas veces de noche, para luego reaparecer en los supermercados como producido en España. Son tomates, naranjas o pimientos cultivados fuera de la Unión Europea, a precio mucho más bajo, con menos garantías sanitarias, y sin que las autoridades conozcan su origen. Un fraude millonario que acaba de llegar al Congreso: el PSOE ha registrado una iniciativa instando al gobierno a activar con las Comunidades más medidas para detener una práctica que pone en peligro el futuro de los productores locales, y en jaque el prestigio de la marca España. Solo en Andalucía, núcleo clave de la trama, se hicieron 838 inspecciones y se impusieron 448.000 euros en sanciones entre 2019 y 2021, según datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia.

“Se trata de un negocio oculto, y de un fraude masivo a los consumidores”, denuncia David Sánchez, abogado de la asociación Agricultura Viva en Acción y presidente también de la Asociación nacional del sector primario (ANSEPRIM). “Se pone en peligro económico a los productores, y se pone en peligro también la salud de los consumidores, porque se detectan, cuando se controlan, sustancias prohibidas en alimentos que acaban en los lineales de nuestros supermercados”, añade. “La ventaja económica es inmensa. Producir un kilo de tomates en Marruecos cuesta seis u ocho céntimos, debido entre otras cosas a los costes salariales, o a la ausencia de normas en seguridad ambiental, trazabilidad… mientras que en España puede costar 30 o 35 céntimos, como mínimo”, detalla. Y remata: “No podemos competir. Hace diez años, el reetiquetado se hacía con nocturnidad y alevosía, de manera furtiva. Ahora se hace de forma masiva, y sin ningún tipo de control”.

Este es el mapa del fraude. Hay una vía de entrada principal para los productos: el puerto de Algeciras. Otra en auge: el de Motril. Y una tercera que se abre a conveniencia, según haya más o menos controles: la terrestre desde los puertos de Portugal.

En esos puntos, los agentes especializados se enfrentan a un problema de volumen y de recursos humanos: son millones de camiones, uno tras otro, todos los días, como un río que no cesa. ¿Cuáles parar? ¿Cuáles no? ¿Y sirve de algo?

Porque son pocos ya los empresarios que se la juegan a cambiar la etiqueta en la costa de África, arriesgándose a ser detectados por un examen aleatorio en la frontera, donde parece difícil explicar que un producto que entra en España haya sido producido en el país. Así, según los afectados, el grueso del fraude se produce ya en territorio nacional. Tras abandonar las principales carreteras. En polígonos como los de El Ejido (Almería), llenos de naves en las que se procesa fruta y verdura, se recicla el cartón que prueba la estafa, y se mezclan millones de piezas, hasta que es imposible distinguir de dónde viene cada una.

“Nos damos cuenta porque la etiqueta en los supermercados está mal puesta y porque los trabajadores de las propias empresas nos lo dicen”, lamenta Andrés Góngora, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Almería. “Pero las autoridades no quieren ir más allá. Ha habido casos muy flagrantes”, lamenta. “Hace muchos años, directamente te ponían una etiqueta encima de la otra. No se ocupaban ni siquiera de desmontar las cajas que venían de Marruecos, y lo tapaban con una pegatina que ponía Origen España. Eran muy chapuceros”, ejemplifica. “Ahora vemos miles de envases vacíos de origen Marruecos en plantas de compostaje, y de residuos, o en contenedores. Si viene en una caja, ¿por qué desmontas el palé y tiras el envase?”, añade. Y denuncia: “Si en ese producto que está mal etiquetado hay un problema de residuos, una contaminación, se envenena alguien, o hay una crisis alimentaria, o una alerta sanitaria... ¿Cómo se rastrea ese producto?”.

Es el miedo con el que especulan todos los afectados: los plaguicidas prohibidos en Europa y que se usan en terceros países para rociar frutas y verduras y garantizar la cosecha. A eso se añaden las condiciones laborales de los productores. Y la trazabilidad de unos productos que están en el menú diario de todas las casas. Porque el fraude afecta a todo tipo de piezas, según denuncian los afectados. Hay naranjas que se venden como españolas y que vienen de Egipto o Marruecos. Y pimientos turcos y tomates marroquíes que con un cambio de etiqueta se transforman en españoles, comenzando una segunda vida por toda Europa: acaban en supermercados nacionales, pero también en los grandes polos distribuidores de Múnich (Alemania) o Perpiñán (Francia), según COAG.

Andalucía concentra la mayor parte de las quejas por reetiquetado de los productores nacionales por un problema que también afecta a Cataluña o la Comunidad Valenciana. Y dentro de esta región, Almería se lleva la palma. Lo reflejan las estadísticas: allí se concentran la mayoría de inspecciones y sanciones en los últimos años.

Así, el problema ya tiene carácter político. Vox lo ha metido de lleno en su agenda, exigiendo la creación de una oficina antifraude, y por eso tendrá un peso específico en la próxima campaña electoral andaluza. En paralelo, el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a colaborar con las Comunidades para reforzar la vigilancia sobre la importación de frutas y hortalizas.

“Nos hace muchísimo daño. Es una minoría (de empresarios nacionales) que tira piedras contra nuestro propio tejado y hace daño porque altera el mercado”, resume Luis Marín, director de Asociafruit. “Entran aquí como producto de países terceros, a granel o en cajas. Llega como cualquier producción legal en contenedores y camiones. Entra por las aduanas, donde se pagan los impuestos correspondientes y luego va a un almacén de la empresa donde se reetiquetan como procedencia española. El problema es que, si te pillan, compensa hacerlo, porque el beneficio es mucho mayor”.