El PP y Vox ya muestran sus diferencias en Castilla y León
Las futuras leyes sobre violencia de género o la Memoria Histórica revelan las discrepancias en la coalición antes de gobernar
El apretón de manos entre Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) ha empezado a aflojarse en Castilla y León. Los primeros pasos de la primera coalición con la ultraderecha en una comunidad autónoma ya evidencian diferencias de criterio sobre futuras reformas legales que los socios sacan a la luz en cada comparecencia.
Mañueco sostiene que el decreto autonómico de memoria histórica “no se va a tocar”, mientras que su próximo vicepresidente aseguró esta semana que se sustituirá por un...
El apretón de manos entre Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) ha empezado a aflojarse en Castilla y León. Los primeros pasos de la primera coalición con la ultraderecha en una comunidad autónoma ya evidencian diferencias de criterio sobre futuras reformas legales que los socios sacan a la luz en cada comparecencia.
Mañueco sostiene que el decreto autonómico de memoria histórica “no se va a tocar”, mientras que su próximo vicepresidente aseguró esta semana que se sustituirá por uno de “concordia”. El presidente en funciones, que será investido hoy, también prometió que la ley contra la violencia de género prevalecería más allá de esa normativa de “violencia intrafamiliar” acordada con Vox, mientras que la formación de Santiago Abascal sigue rechazando el concepto de violencia de género. Estos discursos en paralelo se pronuncian bajo un programa de gobierno impreciso, con muchas ideas y pocas certezas, y sin presupuesto. Con las cuentas públicas prorrogadas desde 2018 aún no se sabe cómo reflejará el reparto económico el peso de estas políticas en la nueva Junta.
Las semanas de tensas negociaciones para formar Gobierno, tras la victoria del PP el pasado 13 de febrero, aún no se han concretado en un plan de acción y las discrepancias se aprecian en cada rueda de prensa. El pacto que se vende como vía sólida de “estabilidad” muestra grietas cuando se les pregunta.
Este jueves, en las Cortes de Valladolid, García-Gallardo proclamó su intención de aprobar una norma que acabe con la supuesta discriminación de las víctimas de la violencia del bando republicano durante la Guerra Civil. El decreto vigente “se va a sustituir por un decreto de concordia”, aseguró. “Vamos a dejar de usar la historia para dividir a los españoles, no puede haber un decreto de concordia que trate a todos por igual y un decreto de memoria histórica que habla solo de una de las partes”, añadió. Su declaración llegaba dos días después de que PP y Vox anunciaran que antes del 30 de junio se iniciaría la tramitación de “una normativa en materia de concordia”, sin mencionar la supresión de la norma anterior.
Ya en el acuerdo de legislatura, con 11 ejes y 32 acciones, ambos partidos firmaban “reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”. Las críticas de la extrema derecha a la memoria histórica y esta línea del pacto provocaron muchas preguntas para Mañueco, repelidas con un “no se va a tocar” que ha perdido fuerza tras las declaraciones del líder de Vox.
Demostración de poder
Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes, despejó el debate: “En los próximos meses verán cómo se desarrolla, pero no va a limitar derechos a nadie respecto a los contenidos del decreto de memoria”. No desmintió que pudiese derogarse la norma previa.
El PP también sostiene que se respetará la ley de violencia de género, aunque la coalición informó de que espera tener tramitada antes del 31 de julio la nueva ley de violencia intrafamiliar.
La consultora política y profesora en la Universidad de Valladolid Alicia Gil-Torres cree que estos episodios plasman lo que será la tónica del futuro mandato conjunto: “Vox va a marcar la agenda y el PP intentará edulcorar y maquillar estas medidas”, dice. Para Gil-Torres, el momento de Vox pasa por “demostrar su poder sobre Mañueco”, que depende de la ultraderecha para ser investido hoy y continuar en la Presidencia.
Los grupos parlamentarios de PP y Vox no han querido pronunciarse sobre los anuncios legales de sus aliados. Una fuente de los populares cree que la posición ambivalente del PP pretende evitar el discurso “a contracorriente” de Vox e intenta mostrar una imagen más neutral y “discreta”. Matiza, sin embargo, que los ultras “están colando medidas ideológicas” contra la memoria histórica o la violencia de género.
La misma fuente considera que Mañueco queda en posición de inferioridad porque se ha plegado ante los ultras y “ni ha conseguido gobernar en solitario, ni que su partido presidiera las Cortes, ni ser investido antes de que Alberto Núñez Feijóo fuese proclamado líder del PP”. Estas cesiones ante Vox hacen que “nadie se tome en serio a Mañueco”. Para esta fuente, Santiago Abascal, líder de Vox y comandante de las negociaciones entre ambas formaciones, asusta con sus amenazas de romper amarras “si el PP incumple flagrantemente los acuerdos”.
Las rencillas, explica el politólogo Eduardo Bayón, se deben al clima de “competición electoral”, con ambos pugnando por el electorado de la derecha e incurriendo en aparentes contradicciones en su búsqueda de votantes. “El PP a veces intentará distanciarse y otras ir más a la derecha para rivalizar con Vox”, ilustra Bayón. Los ultras deberán conjugar su entrada en las instituciones, “para legitimarse como gestores y mostrar gobernabilidad”, con su “discurso de rebeldía y antipolítica”. Lo ocurrido en Castilla y León, cree el experto, se prolongará mientras se mantenga la pugna entre ambos partidos, cuyo próximo asalto son las elecciones autonómicas de Andalucía.