El Tribunal de Cuentas debate el aval de la Generalitat para 34 ex altos cargos del ‘procés’

El Tribunal de Cuentas afronta este lunes su última batalla en la ya larga guerra por los avales con que la Generalitat ha querido defender a sus 34 ex altos cargos y funcionarios acusados de desviar fondos públicos para la promoción exterior del procés. La Sección de Enjuiciamiento va a debatir si admite o rechaza los recursos de los expedientados, que piden que se dé validez a la garantía que ofrece e...

El Tribunal de Cuentas afronta este lunes su última batalla en la ya larga guerra por los avales con que la Generalitat ha querido defender a sus 34 ex altos cargos y funcionarios acusados de desviar fondos públicos para la promoción exterior del procés. La Sección de Enjuiciamiento va a debatir si admite o rechaza los recursos de los expedientados, que piden que se dé validez a la garantía que ofrece el Institut Català de Finances (ICF). Esta iniciativa fue rechazada por el tribunal en septiembre, antes de ser renovado, mientras que ahora existen muchas posibilidades de que este sistema de pago de las fianzas sea aceptado.

Con el paso del tiempo, el expediente ha ido perdiendo carga acusatoria, en parte por la actitud de la propia Abogacía del Estado, que primero lo impulsó y luego se ha retirado del asunto. La Abogacía ni siquiera quiso contestar a la consulta que el tribunal le dirigió para conocer su opinión sobre la admisibilidad de los avales. Y ahora, cuando podía haber actuado para presentar la correspondiente demanda, ha optado por dejar de intervenir en el proceso, con el argumento de que la administración que le corresponde defender es la del Estado, que no se vio perjudicada por los gastos invertidos en promover el procés en el extranjero.

Ese perjuicio lo habría sufrido la Generalitat, que a su vez siempre ha sostenido que nada tiene que reclamar a los expedientados, una lista encabezada por los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exmiembros del Ejecutivo catalán, entre ellos el exconsejero de Economia Andreu Mas-Colell. En ausencia de la Abogacía, por un lado, y de la Generalitat, por otro, el papel acusador recae en la Fiscalía y en Sociedad Civil Catalana, entidad que ha sido la primera en presentar demanda. En ella, solo acusa a 11 de los 34 investigados, es decir, al grupo de dirigentes que identifica como el núcleo duro del procés, del que ha excluido a Mas-Colell.

En fuentes del propio Tribunal de Cuentas se da por descontado que la propuesta de resolución que este lunes va a debatir la Sección de Enjuiciamiento es contraria a admitir los avales propuestos por la Generalitat. La ponencia le corresponde a la consejera Rebeca Laliga, integrante del sector conservador, hoy minoritario en el tribunal. En este grupo sigue arraigado el criterio de que las fianzas que pretende utilizar la Generalitat son inadmisibles, porque entrañan el empleo de dinero público para defender los intereses y el patrimonio de quienes ya se valieron del desvío de fondos también públicos para fines ilícitos.

El sector progresista, en cambio, tiene ahora mayoría en el Tribunal de Cuentas, tras su renovación de finales del año pasado. Y pertenecen a este sector los otros dos consejeros que componen la Sección de Enjuiciamiento en este caso. Se trata de Diego Íñiguez y Rosario García, ambos propuestos por el PSOE. En las mismas fuentes se estima que ese equilibrio de fuerzas se traducirá en un cambio de ponente para resolver sobre los avales en el caso de que la primera propuesta sea no admitirlos como sistema de pago de las fianzas.

El criterio dominante en el propio tribunal consiste en que lo más probable es que el sistema propuesto por la Generalitat para respaldar económicamente a sus ex altos cargos y funcionarios acabe admitiéndose por dos votos a uno. La tesis del sector progresista sería que los avales no implican gasto público alguno, ya que se trata de una mera garantía de pago. La Generalitat también se ha apoyado en este extremo para defender su texto legal, que la semana pasada fue aprobado en forma de ley por el Parlamento catalán, por 110 votos a favor y 16 en contra.

Para los expedientados, la aceptación de la validez de los avales tendría efectos muy beneficiosos. Todos ellos han conseguido en este mes que se levante el embargo de los bienes inmobiliarios que habían quedado trabados por orden del Tribunal de Cuentas, para asegurarse que cobrará si se dicta sentencia condenatoria. Lo reclamado hasta ahora suma 9,5 millones de euros, de los cuales 4,1 lo son por los gastos para organizar el referéndum ilegal del 1-O, y 5,4 por los fondos desviados para la promoción exterior del procés.

ERC aportó más de 2 millones de euros para cubrir la presunta responsabilidad de sus militantes, y el resto se había ido cubriendo con aportaciones de dinero, inmuebles y fincas. La aceptación de los avales de la Generalitat significaría liberar a todos los investigados de la carga de tener que seguir garantizando con sus cuentas y ahorros que harán frente a la responsabilidad contable que se les atribuya si más adelante se dicta contra ellos una sentencia condenatoria.