Un juez ordena el retorno a España de 14 menores marroquíes expulsados de Ceuta
El magistrado considera que se vulneraron derechos, que no se cumplió el procedimiento y que la Delegación de Gobierno debe adoptar medidas para que vuelvan
Un juez de instrucción de Ceuta ha dictado dos sentencias en las que ordena que un grupo de 14 menores que fueron expulsados de Ceuta en agosto sean retornados a España. Los chicos eran parte de los cerca de 2.000 niños y adolescentes que se colaron en la ciudad autónoma a mediados de mayo y que fueron repentinamente...
Un juez de instrucción de Ceuta ha dictado dos sentencias en las que ordena que un grupo de 14 menores que fueron expulsados de Ceuta en agosto sean retornados a España. Los chicos eran parte de los cerca de 2.000 niños y adolescentes que se colaron en la ciudad autónoma a mediados de mayo y que fueron repentinamente expulsados a Marruecos en una operación liderada por la Delegación de Gobierno, pero auspiciada por el Ministerio del Interior, y que contó con la colaboración del Gobierno de la ciudad. El magistrado considera que la actuación no cumplió el procedimiento legal, que se vulneró el derecho fundamental a la integridad física y moral de los menores y exige que se adopten “las medidas necesarias” para su retorno.
Las dos sentencias, adelantadas en exclusiva por eldiario.es, rechazan de plano la argumentación principal de la Delegación de Gobierno, del Gobierno de Ceuta y de la Abogacía del Estado para justificar que las repatriaciones que se pusieron en marcha de forma exprés a mediados de agosto cumplían con la legalidad. Según el argumento de estas autoridades, la actuación estaba amparada por el acuerdo entre España y Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados de 2007, un tratado breve que apenas marca las líneas generales de colaboración para la reagrupación de menores. “No se comparte dicha opinión”, mantiene el magistrado Ignacio de la Prieta. El juez recuerda que el propio acuerdo expresamente obliga a “la observancia estricta de la legislación española” para el retorno a su país de origen de un menor no acompañado. “No puede caber la más mínima duda de la obligatoriedad de tener que cumplir los trámites establecidos”, añade.
Aquel dispositivo, que se puso en marcha una vez que Interior acordó con las autoridades marroquíes la aceptación y acogida de los menores, consistió en sacar durante cuatro días a los adolescentes de los centros improvisados donde estaban alojados para meterlos en una furgoneta y llevarlos al otro lado de la frontera. No hubo entrevistas, ni informes, ni audiencias, ni los propios interesados que deben tener voz en este proceso sabían bien qué estaba ocurriendo. De esa forma, el Gobierno logró devolver a 55 menores, hasta que el mismo juzgado paralizó de forma cautelar la repatriación de ocho chavales y el Gobierno decidió frenar su plan.
El juez, como ya hizo la Fiscalía General del Estado, apunta la ausencia total de procedimiento. “No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos”, escribe. Y pasa a enumerar todas las fases de un proceso complejo y garantista que se ignoraron. “Ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación”.
Los casos de estos menores llegaron a la justicia tras la denuncia de dos ONG (Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios). Las organizaciones celebran el resultado y confían en que, aun siendo un proceso lento y complicado, pueda hacerse efectiva el retorno de algunos de ellos. Fundación Raíces ha creado jurisprudencia con varios de los casos que ha defendido y en 2009 consiguió que Bilal El Meghraui, un chaval que había sido repatriado tres años antes con 17 años, volviese a España de forma regular. Su caso supuso un antes y un después para las repatriaciones. Actualmente El Meghraui se gana la vida como chef en Barcelona. Fuentes del Gobierno creen, por su parte, que la medida ordenada por el juez es “de muy difícil cumplimiento” por la dificultad de localizar a los menores.
Tras la entrada masiva en Ceuta de unas 10.000 personas, la ciudad se enfrentó a una crisis monumental ante la acogida de dos millares de menores de edad que permanecieron durante meses en instalaciones inadecuadas o en las calles. Ceuta recibió al menos 10 millones de euros de fondos de emergencia europeos, el compromiso de Pedro Sánchez de resolver la situación y cierta solidaridad de las comunidades autónomas que acogieron a unos 200 niños y adolescentes que ya estaban tutelados en la ciudad antes de la crisis de mayo. El panorama, nueve meses después, ha cambiado y en Ceuta ahora no hay más de 400 menores acogidos. Ni las autoridades locales ni nacionales han dado ninguna explicación sobre el paradero de tantos niños, pero las fuentes consultadas coinciden en que, más allá de los que pudieron reagruparse con sus familias que ya vivían en España, una buena parte de los chicos logró llegar a la Península arriesgando su vida en los ferris que cruzan el Estrecho. Otros, como ya denunciaron Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios fueron expulsados, una vez más, sin seguir el procedimiento legal.
Después de la polémica provocada por la expulsión exprés de los menores el pasado mes de agosto, el Gobierno puso en marcha en septiembre un grupo de trabajo para dotar de los recursos necesarios para continuar repatriando a los chicos, esta vez sí, respondiendo al procedimiento legal. Se previeron refuerzos de medios técnicos, de funcionarios para instruir expedientes y de jueces y fiscales, pero el nuevo plan encalló antes de empezar. Para que el proceso siga su curso, Marruecos debe remitir informes sociales y familiares de los menores en cuestión y hasta la fecha no ha enviado ninguno.