Daimiel se rebela contras las macrogranjas

Julián García de la Galana (72 años) pasea por su finca, en el municipio manchego de Daimiel (Ciudad Real), y a su alrededor todo es silencio. Apenas se oye el ruido de un tractor trabajando en el viñedo de enfrente, y varios campos de cebada y trigo presiden el resto del paisaje. “Me gusta venir todos los días desde el pueblo a plantar mis hortalizas”, comenta con satisfacción este vecino jubilado, que solía regentar un pub en el centro de la localidad. A menos de un kilómetro, saltan a la vista las instalaciones de la granja avícola que estuvo a punto de convertirse ...

Julián García de la Galana (72 años) pasea por su finca, en el municipio manchego de Daimiel (Ciudad Real), y a su alrededor todo es silencio. Apenas se oye el ruido de un tractor trabajando en el viñedo de enfrente, y varios campos de cebada y trigo presiden el resto del paisaje. “Me gusta venir todos los días desde el pueblo a plantar mis hortalizas”, comenta con satisfacción este vecino jubilado, que solía regentar un pub en el centro de la localidad. A menos de un kilómetro, saltan a la vista las instalaciones de la granja avícola que estuvo a punto de convertirse en una macrogranja de cerdos. “Si se hubiera aprobado, todos los que teníamos casas alrededor las tendríamos que haber abandonado”, valora García de la Galana ahora. La más cercana del centenar de viviendas que la rodean está a unos 200 metros, y las naves apenas distan dos kilómetros del casco urbano. El promotor de la granja, de la empresa murciana Bibiano y Cia, presentó en julio de 2018 una solicitud para transformar la explotación avícola en una porcina intensiva, pero el intento fue paralizado gracias al Ayuntamiento y a la movilización popular.

“Vino un vecino, Álvaro, a preguntarme si quería colaborar en las protestas, y dije que por supuesto. Además de los malos olores que produce, para el suelo y para el acuífero es criminal”, sostiene contundente Julián García de la Galana. Se refiere al denominado acuífero Sistema 23, asentado sobre más de una veintena de municipios de la región, y al Parque Nacional Tablas de Daimiel, un referente turístico y medioambiental en la comarca. Ya en 2014, la Confederación Hidrográfica del Guadiana calificó las aguas subterráneas de Daimiel y del acuífero “zona de riesgo de no alcanzar el buen estado”, y clasificó la calidad general de las aguas como “inadmisible”. Ante la posibilidad de que la situación empeorase con el macroproyecto, Álvaro, Julián y varios vecinos más de la zona comenzaron a movilizarse y acabaron constituyendo, en 2020, la organización Stop Macrogranjas de Daimiel. “La pandemia hizo que las movilizaciones fueran sobre todo simbólicas”, expone María Antonieta Martín, portavoz de la agrupación. Sin embargo, la campaña tuvo una gran acogida popular y se consiguió reunir más de 5.000 firmas en un municipio de 18.000 residentes.

La pelea contra su instalación, sin embargo, no vino solo de la organización, también se encontró con la oposición de los tres grupos políticos del Ayuntamiento, PP, PSOE e IU, que gobierna el primero con mayoría absoluta. “La solicitud era para instalar 1.980 cabezas de cerdo, y eso nos puso en alerta porque en las naves cabían más de 4.000″, argumenta Javier Fisac, concejal popular de medioambiente. La barrera de las 2.000 es clave, porque el procedimiento por encima de ese umbral requiere más documentación y mayores garantías. Con el Plan de Ordenamiento Municipal (POM) vigente entonces, de 2009, las instalaciones eran compatibles con el uso del suelo rústico, continúa Fisac: “En 2009 no se reguló porque no existían este tipo de granjas”. En consecuencia, el Ayuntamiento presentó ante la Junta un informe favorable, pero introdujo alegaciones para que el procedimiento seguido fuera el más garantista, ante el riesgo de que se planeara ampliar la explotación más adelante. Tras agotar, sin respuesta, el plazo de dos meses que se dio al promotor para presentar la documentación necesaria de impacto ambiental, el Ayuntamiento solicitó el archivo del expediente. Esa fue la primera victoria.

La segunda llegaría un año después, en diciembre de 2021, con la aprobación por parte del Consistorio, y de forma unánime, de la modificación del POM, con la que se buscaba evitar que en el futuro otra granja tuviera más éxito. Se introdujeron dos cambios. El primero consistió en incluir una nueva definición de “subuso ganadero intensivo de porcino” en el artículo 18. Se usó la propia definición que aportaba el Plan Estratégico para la Ganadería Extensiva en Castilla-La Mancha de 2017: “Aquella en la que el ganado es criado en un entorno físico controlado y/o modificado por la acción humana y con una gestión zootécnica con mayores insumos y de mayor complejidad”. El segundo consistió en modificar la compatibilidad urbanística para que ese subuso no pudiera aplicarse en el suelo rústico del término municipal. Tras el visto bueno de la Junta, la nueva normativa entró en vigor el pasado 23 de diciembre. Daimiel se convirtió así en el primer municipio en prohibir este tipo de instalaciones.

La unanimidad que se consiguió sobre ello, y que choca con el enfrentamiento encarnizado que genera a nivel estatal, no se extiende a posiciones más generales sobre este modelo de ganadería. A pesar del voto positivo de su grupo para la modificación, Fisac sostiene que “no hay que temer ese tipo de instalaciones”, cuyas críticas recientes considera fruto del “oportunismo político”, siempre que se cumplan los controles. Argumenta, además, que la carne en ellas no tiene por qué ser de peor calidad y que generan más empleo que las extensivas. “No se puede prohibir por prohibir”, valora. Si ha recurrido a la prohibición en este caso, se justifica, es por las circunstancias medioambientales de su municipio y por la falta de alternativas, aunque reconoce que habría preferido que se implementaran más controles en lugar de prohibirse de raíz.

El portavoz del PSOE, Ramón Galiana, se muestra en general satisfecho con el resultado. “Nosotros hemos abierto el camino y nos gustaría que el resto de municipios se unieran a esta fórmula”, sostiene sobre las demás localidades que rodean el acuífero. Evita valorar si esta prohibición debe extenderse a otro tipo de territorios, pero tiene clara su postura sobre Daimiel: “Este no es el territorio adecuado”. En la misma línea pero más crítico con sus compañeros del Consistorio, Galo Sánchez-Bermejo, el único procurador de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, celebra lo logrado, aunque cree que el PP “se ha visto arrastrado” a ello por la presión. Aun así, pone en valor el acuerdo final: “Creo que es un éxito no haber intentado capitalizarlo y dejar que la gente tomara conciencia”. No se muestra contrario al modelo intensivo per sé, pero sí cree que para potenciar el extensivo hay que reducir el número de las explotaciones de gran tamaño: “Es una relación inversamente proporcional: cuantas más macrogranjas, menos granjas familiares”.

Desde Stop Macrogranjas, en cambio, consideran que hay que ser más ambiciosos y prohibir todo tipo de explotaciones intensivas, también las de vacuno, por ejemplo, que no estarían amparadas en la prohibición recién aprobada. “Daimiel puede servir de referente para otros pueblos que se estén oponiendo, pero no conozcan los medios para llevarlo a cabo”, valora esperanzada María Antonieta Martín: “Esto demuestra que puede hacerse”. A su lado pasa un vecino que, sin detener el paso, le grita alegre: “¡Enhorabuena!”. No dice nada más, pero tampoco hace falta más para saber que habla de su última conquista, que es ya la de todo el pueblo. El aumento de contagios imposibilitó que lo celebraran entonces como les habría gustado, pero Julián García de la Galana no renuncia: “Nunca es tarde”.