Las grabaciones y agendas de Villarejo lo acorralan en el juicio
El comisario intenta desligarse del contenido incriminatorio de las mismas con versiones contradictorias sobre por qué estaban en su poder cuando fue detenido
La estrategia de defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el primer gran juicio contra él hace aguas. En su intento por explicar el hallazgo en su domicilio de las grabaciones y las agendas cuyo contenido le incriminan, el policía ha dado al tribunal en los tres días que lleva declarando versiones poco verosímiles, e incluso contradictorias, sobre su origen. Villarejo se ha escudado reiteradamente...
La estrategia de defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el primer gran juicio contra él hace aguas. En su intento por explicar el hallazgo en su domicilio de las grabaciones y las agendas cuyo contenido le incriminan, el policía ha dado al tribunal en los tres días que lleva declarando versiones poco verosímiles, e incluso contradictorias, sobre su origen. Villarejo se ha escudado reiteradamente en su convencimiento de que los documentos que se han incorporado al sumario son una supuesta manipulación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, responsable de las pesquisas. En la sesión de este miércoles y a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Villarejo intentó poner en duda que fuera suya la letra que figura en los cuadernos en los que anotaba con minuciosidad con quién hablaba y de qué: “Mi letra es parecida, pero no sabe los grandes falsificadores, los grandes alteradores que hay en el CNI”. El comisario, que se sienta en el banquillo junto a otras 26 personas, se enfrenta a una petición de pena de 110 años de cárcel por las tres piezas de la macrocausa que se enjuician.
Desde el inicio de su declaración, el pasado lunes, Villarejo ha cargado contra el CNI y su exdirector, el general Félix Sanz Roldán, con el que se encuentra enfrentado desde hace años y con el que ha cruzado denuncias en los juzgados. El primer día acusó a los servicios secretos y a Sanz Roldán de haber participado en la supuesta falsificación de “un arsenal de pruebas” contra él. El martes subió un escalón más y, sin pruebas, los relacionó con los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils en los que fueron asesinadas 16 personas. Este miércoles, vinculó al CNI con otras actividades delictivas. En concreto, con el presunto acceso ilegal a correos electrónicos y servidores informáticos durante la llamada Operación Cataluña, puesta en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a los líderes del independentismo catalán. “No saben lo que hoy en día permite la tecnología”, insinuó el comisario.
Villarejo, que insiste en presentarse como “un servidor del Estado”, ha intentado durante su declaración desvincularse del contenido incriminatorio de las cientos de horas de grabaciones que recogen sus conversaciones con sus clientes y que fueron encontrados en sus equipos informáticos. Para ello, ha adjudicado su autoría al CNI, con el argumento de que le tenían “monitorizado” las 24 horas del día. Ante la evidente contradicción que supone que, pese a no ser el autor, él tuviera esos audios, el comisario se ha escudado en que era el propio servicio secreto quien se los entregaba. “Ellos [los agentes del CNI] venían periódicamente a casa con un pendrive [con los audios]”, afirmó este miércoles, para añadir que “prácticamente nunca” escuchó esas conversaciones que considera manipuladas. Cuando una acusación particular le insistió para que aclarara el porqué le entregaban ese material, Villarejo se limitó a decir: “Desconozco las razones”.
El martes, cuando la Fiscalía incidió en lo absurdo de que el servicio secreto le entregara estas grabaciones por el abierto enfrentamiento que mantenían, Villarejo esgrimió que él había seguido trabajando para el CNI prácticamente hasta su detención, en noviembre de 2017, cuando ya llevaba casi año y medio jubilado de la Policía. “Una cosa es el director [en referencia a Sanz Roldán] y otras son los miembros del CNI que se han jugado la vida”, aseguró para mostrar que supuestamente aún mantenía buenas relaciones con miembros del servicio secreto y que estos se las daban en agradecimiento.
Sobre las agendas (una parte le fueron intervenidas cuando fue detenido en noviembre de 2017 y otra, en octubre de 2020, cuando aún estaba en prisión preventiva), el comisario ha insistido en las tres sesiones del juicio en que se le facilite copia íntegra de estas. A pesar de que en varias ocasiones se ha referido a su contenido como su “memoria vital”, se ha desmarcado del mismo cuando el mismo ha sido esgrimido por la Fiscalía como prueba de sus presuntas actividades ilícitas. Así, al mostrarle este miércoles Anticorrupción varios fragmentos de la misma recogidos en un informe policial que constataban sus gestiones en algunos de los espionajes ilegales por los que es juzgado, Villarejo rechazó responder y cargó contra los agentes de Asuntos Internos: “No me puedo creer prácticamente nada de esos informes. Desde 2013 vienen persiguiéndome en varias causas judiciales con pruebas falsas”, aseguró.
En su declaración de este miércoles, Villarejo ha seguido lanzando acusaciones sin pruebas contra el CNI, para lo cual no ha dudado en acomodar a los hechos que se enjuiciaban (tres de las más de 30 piezas con las que cuenta el macrosumario del caso Tándem) afirmaciones que había hecho con anterioridad ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa, en otras piezas. Así, ha asegurado que el servicio secreto tenía en marcha una operación bautizada como “Tenedor” para colocar en un restaurante de lujo de Madrid micrófonos ocultos para poder escuchar ilegalmente las conversaciones de los comensales relevantes. Este era un relato idéntico al que ya había hecho en julio de 2020, aunque entonces, cuando declaraba en otra pieza de la causa aún en investigación, señaló que estas supuestas actividades eran realizadas en otro local de la capital, distinto al que ahora ha mencionado.
Un informe policial desmonta una de las coartadas del acusado
La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía ha remitido al tribunal que juzga a José Manuel Villarejo un informe que desmonta en parte una de las coartadas que el policía retirado esgrime en su defensa: que nunca recabó, de la Policía o sus bases de datos, información confidencial de las víctimas de sus espionajes. El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla sin embargo que desde un número de teléfono asociado a una mercantil de la trama societaria de Villarejo domiciliada en la Torre Picasso, de Madrid, se enviaron y recibieron entre el 4 y el 28 de noviembre de 2013 seis faxes con destino u origen en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que dirigía otro de los acusados, el comisario Enrique García Castaño.
Las fechas de envío y recepción de los faxes coinciden con el desarrollo del denominado Proyecto Land, uno de los tres trabajos de espionaje por los que Villarejo se sienta en el banquillo. En concreto, su intervención en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, promotor de la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Por este trabajo, el comisario se embolsó 362.000 euros.
Durante el interrogatorio, la Fiscalía Anticorrupción mostró a Villarejo dos documentos incorporados al sumario supuestamente enviados por fax el 8 de noviembre de 2013 por él o alguien de su entorno a algún policía no identificado en el que se solicitaba el tráfico de llamadas de varias víctimas del espionaje. Villarejo sostuvo que ambos documentos están manipulados para incriminarle e insistió en que nunca accedió a datos reservados para sus negocios privados.
El informe policial —elaborado tras una solicitud del comisario García Castaño, que defiende que él nunca facilitó información confidencial a Villarejo y señala a uno de sus subordinados en la UCAO— recoge, sin embargo, la imposibilidad de recuperar el tráfico de correos electrónicos entre 2013 y 2014 de un agente de esta unidad porque el protocolo de seguridad de la Policía contempla eliminarlos a los tres meses y, en este caso, han pasado ocho años.